Saint-Soi Souverin se sentó en un banco para tomar un descanso y reflexionar sobre su situación, tras haber sido desalojado de la que era su vivienda hace años al otro lado de la frontera, en República Dominicana, lejos del refugio haitiano donde vive ahora.

Las autoridades dominicanas deportaron al agricultor de 35 años, junto a su esposa y sus 4 hijos, a principios de esta semana y ahora piensa en qué hará en Haití (un país con una pobreza extrema del que salió a los 17 años para buscar empleo en la relativamente más próspera República Dominicana).

Al igual que Souverin, miles de  haitianos indocumentados en República Dominicana están en riesgo de ser deportados tras finalizar un proceso que, según el gobierno de Danilo Medina, podría legalizar la residencia de 288.000 inmigrantes.

El Gobierno inició los trámites para conceder la documentación definitiva a 288.446 extranjeros -en su gran mayoría haitianos- que lograron registrarse hasta el miércoles, cuando cerró el plazo de inscripción. Sin embargo, hay miles que no lograrán realizar el trámite.

El Movimiento Justicia Migratoria, formado por organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes haitianos y sus descendientes, estima que el plan dejó fuera a 200.000 de los 458.000 que se calcula que residen en Dominicana.

La Dirección General de Migración (DGM) garantizó que “no habrá deportaciones masivas” y que cada caso será procesado individualmente, según un comunicado.

Autoridades y personalidades de la sociedad civil de Haití expresaron preocupación ante las inminentes deportaciones masivas de sus ciudadanos, las cuales reclaman se realicen sin incurrir en violaciones de los derechos humanos.

Haití -el país más pobre de América Latina- y República Dominicana comparten la isla caribeña La Española. Su problema de migración se vio agravado tras el terremoto del 12 de enero de 2010 que dejó unos 200.000 muertos y un millón de desplazados en Haití. (I)