El juicio político contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ganó nuevo impulso ayer debido a que el relator de la comisión especial de la Cámara de Diputados para tratar el caso se pronunció a favor de someter a la mandataria a un proceso de destitución.

El diputado Jovair Arantes, quien negó que el proceso político “sea llamado un golpe de Estado” se pronunció a favor de que el Senado juzgue a la presidenta Rousseff por “crimen de responsabilidad” por los decretos que repasaron créditos dentro del presupuesto para pagar los planes sociales de los cuales son beneficiarios más de 40 millones de personas.

El gobierno sostiene que el juicio político sin atentado a la Constitución es un “golpe de Estado y ruptura democrática”.

La postura de Arantes era esperada ya que la comisión está dominada por el presidente de Diputados, Eduardo Cunha, quien en diciembre dio luz verde al pedido de juicio político por cuestiones fiscales cuando Rousseff apoyó una investigación por corrupción contra el dirigente, del Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB). El político aparece también en los papeles de Panamá como dueño de una empresa fantasma, la cual niega.  

El informe del relator indica que el proceso “no puede ser considerado un juicio exclusivamente político inmune a criterios jurídicos, dada la legalidad de su trámite”. En un informe de más de 120 páginas, Arantes le dio la razón a los abogados del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), del candidato derrotado Aecio Neves, que presentaron la demanda. El gobierno considera que el proceso es “nulo” ya que no existe delito porque los mecanismos fiscales fueron usados por todos sus antecesores y por todos los gobernadores y alcaldes.

El grupo de Cunha, que controla el Congreso, puede imponer una derrota al gobierno el próximo lunes, cuando se vote en la comisión especial elevar el pedido de juicio político al plenario, el domingo 17. Eso se da por descontado. Pero después llegará la verdadera disputa sobre el apoyo del gobierno. El vicepresidente Michel Temer y la conducción del PMDB salieron del gobierno, pero otros manifiestan lealtad a la mandataria, como seis ministros y el jefe del bloque de diputados de esa fuerza.

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien espera de la corte autorización para asumir como jefe de gabinete de ministros, está tejiendo alianzas en Brasilia con otros partidos para evitar que la oposición llegue a los dos tercios de la cámara baja (342 votos)  para elevar al Senado.  

Al parecer la negociación dio sus frutos, ya que ayer, el Partido Progresista hizo un acuerdo de gobernabilidad para después del juicio político con el objetivo de respaldar a Rousseff. El gobierno dice que tiene 200 de los 531 votos, pero cada día esa matemática cambia, porque en la sesión clave habrá ausentes y tránsfugas de ambos lados. El ministro jefe de asesores de Rousseff, Jacques Wagner, declaró que hay signos de que el juicio político “ha perdido influencia como salida política” al citar las propuestas que aparecieron para convocar a elecciones anticipadas en octubre, junto con las municipales.

Rousseff se niega a aceptar esta salida y pretende juntar base parlamentaria para continuar su mandato. Temer, el vicepresidente que se pasó a la oposición y prepara con los industriales de Sao Paulo un plan de gobierno, también forma parte de las negociaciones de última hora. La candidata derrotada en 2014, Marina Silva, ambientalista y líder del partido Rede, se pronunció a favor de adelantar las elecciones.  

Ella marcha primera en las encuestas de marzo para ganar las elecciones en 2018. En el momento en el que se conoció parte del informe del relator a favor del juicio político, los movimientos opositores convocaron a una manifestación callejera el domingo 17, para presionar a los parlamentarios. Lo mismo pretenden hacer del otro lado, los movimientos que respaldan a la presidenta. (I)

Defensa: "El proceso está viciado, es ilegal"

El gobierno expuso el martes su posición frente al juicio político contra la presidenta al denunciarlo como un “golpe de Estado”.

La defensa de Dilma Rousseff, el abogado general del gobierno, José Eduardo Cardozo, pidió la anulación del juicio político porque -a su criterio- no existe delito a ser juzgado, ya que se trata de un “golpe de Estado” hecho mediante la ruptura institucional y el proceso fue instalado como una “venganza” por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha.

“Este proceso fue abierto como venganza. Brasil está a merced de un chantajista. El proceso está viciado y por eso es ilegal y nulo”, dijo Cardozo.

El abogado del gobierno dijo que las maniobras fiscales de 2015 aún no fueron sometidas al Tribunal de Cuentas de la Unión y que lo que hubo fueron operaciones de crédito dentro del presupuesto, respetando la meta fiscal, con resoluciones del Ministerio de Economía. “Entonces todos los gobernadores y alcaldes deberán ser sometidos a juicio político a partir de ahora”, ejemplificó. “Incluso el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995 -2002) no cumplió la meta fiscal. Este sí. Se crean tesis a partir de presupuestos políticos para fundamentar la acusación, lo que hiere a las instituciones”, denunció. (I)