En Uruguay, el país más seguro de Latinoamérica, la inseguridad pública está en la mira de su población que el domingo -en las elecciones nacionales- se pronunciará sobre un plebiscito que busca bajar la edad de imputabilidad penal a 16 años en caso de delitos graves.

Piedra en el zapato del gobierno del izquierdista José Mujica, el clamor por más seguridad ciudadana llevó a una campaña -cuyo principal impulsor fue el candidato a la presidencia del Partido Colorado, Pedro Bordaberry- para llamar a una consulta popular y que superó por más de 100.000 firmas las 250.000 requeridas para realizar el plebiscito.

“La reforma que se vota con el ‘Sí’ dispone, en primer lugar, que la ley penal proteja a las víctimas del delito y a los ciudadanos honestos”, señaló Bordaberry durante un acto en la recta final de una campaña que lo tiene en el tercer lugar de las preferencias, con 15% de las intenciones de votos, según sondeos.

El expresidente Tabaré Vázquez (2005-2010), primer mandatario de izquierda en la historia del país, lidera las encuestas con 42% en intención de votos, seguido por el centroderechista del Partido Nacional (PN) Luis Lacalle Pou, que tiene 33%.

Pese a apoyar la baja de la edad de imputabilidad, Lacalle Pou dio poco respaldo durante su campaña al proyecto, que es firmemente rechazado por su compañero de fórmula Jorge Larrañaga, indicando que la ciudadanía laudará ese tema.

Bordaberry quedó así prácticamente solo para confrontar con la izquierda y decenas de organizaciones sociales y organismos internacionales, como Unicef, que se agruparon detrás de la campaña que defiende a ultranza el ‘no a la baja’.

Fabiana Goyeneche, vocera de la Comisión Nacional No a la Baja, remarcó que estudios nacionales e internacionales “muestran que no se baja el índice de delito bajando la edad de imputabilidad”. Por el contrario “puede ser peor para la seguridad, ya que los adolescentes con exceso de encarcelamiento salen más violentos”, agregó.

Estadísticas y percepción

La reforma busca bajar de 18 a 16 años la edad de imputabilidad penal en casos de homicidios, lesiones graves, robo, extorsión, secuestro y violación, entre otros delitos. Además, aspira a mantener vigentes los antecedentes policiales de los menores que hayan delinquido cuando cumplan 18 años.

Según el ‘Global Peace Index 2014’, que se elabora desde 2007 y clasifica a 162 países, Uruguay es el país más seguro de América Latina, ubicándose un puesto por delante de Chile y 28 lugares detrás del país más seguro del mundo, Islandia.

Sin embargo, para muchos uruguayos, el deterioro de la seguridad es uno de los temas sin resolver que arrastra la izquierda a casi 10 años de su llegada al poder, según sondeos de opinión de las consultoras locales.

En el primer semestre de 2014, este país sudamericano de 3,3 millones de habitantes registró 138 homicidios, nueve de ellos consumados por adolescentes. Fue la misma cifra que en el mismo período del año anterior, aunque en ese caso en 12 de ellos los menores fueron los victimarios.

En el caso de los robos en crecimiento sostenido desde hace décadas, hubo un aumento de 9,9% en el primer semestre de 2014, en relación a idéntico período del año anterior. “Si la ciudadanía se siente insegura, no importa mucho si objetivamente el número de delitos en Uruguay creció mucho o creció poco, más o menos que en otros países de América Latina. Si la ciudadanía tiene miedo, se siente insegura, ese es el dato relevante”, señaló el politólogo Adolfo Garcé.

Con la izquierda embanderada con el ‘no a la baja’ y la mayoría de la centroderecha apoyando la iniciativa, las encuestadoras coinciden en calificar de incierto el resultado del plebiscito, pese a que la última encuesta de Equipos Consultores mostró a un 54% a favor del ‘Sí’.

La iniciativa resultaría aprobada si cuenta con el 50% más uno del total de votos.

DATOS

Según la consultora Factum, un 44% votará seguro la reforma que promueve parte de la oposición mientras un 6% probablemente lo haga.

En tanto la firma considera que, el 38% de los uruguayos no votará la iniciativa de enmienda de la Constitución y un 5%  probablemente no la vote. Un 7%  no tiene una postura definida.

En junio de 2011 el respaldo a la enmienda constitucional era del 68%, posteriormente cayó a 64% en noviembre de 2012, a 58% en marzo de 2014 y a 50% en julio pasado.

En 2009, el problema de la delincuencia desplazó del primer lugar de preocupaciones de los uruguayos al desempleo, en junio de 2014 era del 6,8%. En 2013 la economía del país registró un crecimiento del 4,4%.