El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, pronosticó “off the récord” lo que se venía si se aprobaba la polémica reforma laboral en su país: “Me costará una huelga”, le comentó al primer ministro finlandés, Jirky Katainen, en una conversación privada previo a una cumbre de la Unión Europea (UE) a finales de enero. 

Días después, los micrófonos volvieron a captar palabras indiscretas, pero esta vez del ministro de Economía, Luis de Guindos, cuando conversaba con el comisario de Asuntos Económicos europeo, Olih Rehn: “Mañana aprobamos la reforma laboral y será extremadamente agresiva, con mucha flexibilidad en la negociación colectiva, y reducimos la indemnización por despido”.

Al día siguiente (10 de febrero), la ley recibió luz verde del Consejo de Ministros, lo que puso en camino la  huelga  organizada para el 29 de marzo por los dos principales sindicatos del país: la Unión General de Trabajadores (UGT) y la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO). 

Sobre la marcha, la ministra de Empleo y Seguridad Social de España, Fátima Báñez, defendió la reforma y la calificó  de “histórica”, tras apelar a la responsabilidad de los españoles en un momento de “crisis grave”, ya que a corto plazo la ley frenará “la sangría de desempleo”.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), España supera los 5 millones de “parados” con una tasa población activa sin trabajo del 22,85% y, de acuerdo con previsiones del mismo Gobierno español, este porcentaje podría aumentar a un 24,3% este año. Además, el Ejecutivo prevé presentar el 30 de marzo un proyecto de presupuesto de austeridad para cumplir con su compromiso de reducir el déficit público del 8,51% del PIB, a finales de 2011, al 5,8% para finales de 2012. Con estas cifras a cuestas, los sindicatos, inmigrantes y ciudadanía en general rechazan la aprobación de la reforma laboral, una más a la serie de malas noticias que ya han recibido.

En una entrevista con El Telégrafo, el portavoz de la CCOO, Fernando Lezcano, expone que se encuentran ante una ley que vacía de contenidos el derecho laboral, porque rompe el equilibrio que éste establece entre empresarios y trabajadores, incrementando el poder discrecional de los primeros y restringiendo los derechos individuales y colectivos a los segundos.

La reforma -detalla Lezcano- desarticula la negociación colectiva a favor de la individualización de las relaciones laborales y debilita la intervención sindical y la tutela judicial. Además, con la eliminación de la autorización administrativa de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) facilita el despido colectivo “dando a las empresas instrumentos de los que jamás creyeron disponer” y también, por primera vez, abre las puertas al despido en las Administraciones Públicas.

La nueva norma establece que la indemnización para trabajadores fijos que sean despedidos de forma improcedente se reduce de 45 a 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades, mientras que en caso de despido  procedente, ésta será de 20 días, hasta un máximo de 12 mensualidades.

El economista Nacho Álvarez, investigador del Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI), manifiesta a El Telégrafo que son muchos los puntos controvertidos de la ley que suscitan el rechazo generalizado de la población española, pero  quizá el más conocido sea el abaratamiento de los costes de despido. El investigador  universitario español  explica que con la nueva reforma éstos se reducen considerablemente, porque cualquier empresa con disminución de sus ingresos o ventas durante los últimos tres trimestres podrá despedir pagando 20 días, con un tope de un año de indemnización.

Desaparecen, además, los salarios de tramitación (aquellos que se cobran desde que se despide hasta que hay sentencia favorable). La reforma -detalla el economista- abre la vía para que se pueda despedir a los trabajadores que falten al trabajo por enfermedad común: si en 2 meses faltan 9 días por enfermedades cortas, el despido será “objetivo”.

Tras el cuestionamiento de Fernando Lazcano, del sindicato CCOO, sobre la eliminación de la autorización administrativa de los ERE, Álvarez destaca que con esta medida ya no se precisa  la autorización de la Dirección General de Trabajo (ni para despedir ni para reducir la jornada), y está previsto que los desempleados que cobren subsidios realicen “servicios voluntarios” para la comunidad, en lugar de dedicarse a formarse o a buscar trabajo. “Todos estos puntos generan un importante rechazo social a la reforma”, añade el economista del ICEI.

Desde Cataluña, Josep Reniu, profesor titular de Ciencias Políticas y de la Administración de la Universidad de Barcelona, considera que la reforma da luz verde a tres elementos -como mínimo- controvertibles: por un lado coincide con Álvarez al destacar que flexibiliza los procesos de reestructuración empresarial de la fuerza laboral al modificar el trayecto de los ERE, lo que se puede utilizar con mayor facilidad para el despido masivo de trabajadores.

En segundo lugar, el profesor añade que, supuestamente, simplifica la tipología de contratos laborales, pero los expertos apuntan a que no es así, sino que supone una “reforma cosmética” en ese sentido. “Finalmente modifica de manera sustancial, al hilo de los nuevos contratos, el sistema de indemnizaciones que percibe un trabajador en caso de despido, lo que ha puesto en pie de guerra a los sindicatos por el potencial efecto incentivador para los despidos que ello supone”, dice.

Para Reniu, el problema de España tiene una raíz clara y contundente: la ausencia de un tejido productivo generalizado en el territorio que aporte valor añadido y que sea capaz de volver a crecer.

Ello supone que, tras la explosión de la burbuja inmobiliaria, en el país ibérico una parte muy importante de la tasa de desempleo tiene que ver con personal no cualificado, proveniente del sector de la construcción y que por ello tiene difícil su reconversión laboral. El gran reto -enfatiza- no es tanto actuar para reducir el desempleo, como mínimo a corto plazo, sino sentar las bases de la recuperación económica que permitirá solo así volver a crecer y a crear ocupación. “Es por ello que la ausencia de incentivo económico al desarrollo aparece como el lastre más importante de la economía española, y medidas legislativas como la reforma laboral no parece que vayan a revertirlo”, analiza el politólogo.

Joan Botella, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Barcelona, advierte que con esta reforma las negociaciones entre sindicatos y empresa pierden carácter vinculante, porque el empresario puede modificar unilateralmente, en cualquier momento, las condiciones de trabajo: salarios, horarios, duración de la jornada, etc.
En la misma línea que Álvarez, Botella considera como otro punto negativo que para los ajustes masivos de plantilla la empresa no requiere tener pérdidas, basta con una previsión de reducciones de ventas.  

El analista político afirma que con una tasa de desempleo próxima al 25% y un contexto general de, a la vez, crisis económica y gobiernos conservadores, el empresariado intenta obtener las máximas ventajas posibles. “Y nada dice que esas reformas sean transitorias, o correspondan a un período de crisis, sino que aspiran a quedar como elementos permanentes en un nuevo marco de relaciones industriales”, puntualiza Botella.

Carolina Bescansa, catedrática  de la facultad de Ciencias Políticas y de la Administración de la Universidad Complutense de Madrid, considera también que esta ley restringe de manera unilateral los derechos de los trabajadores y crea un escenario de mucha mayor flexibilidad a la hora de despedir y de llevar a cabo contratos con salarios más bajos.

Con esta base, Bescansa cuestiona las palabras de la ministra de Empleo y Seguridad Social de España, Fátima Báñez, quien asegura que la nueva ley laboral frenará la sangría del desempleo. “Es una afirmación bastante contradictoria y no entiendo lo que quiere decir, es a lo mejor que los empresarios se sentirán más libres de contratar, porque se les hará mas fácil despedir”.

Existe un elemento adicional, precisa la politóloga a este diario, cuyos efectos aún se desconocen, y son las posibilidades que esta reforma incorpora para despedir personal que trabaja en la administración pública, lo cual  sería una gran novedad en relación con los estatutos de los trabajadores públicos que llevan años en España.

La profesora precisa que no existe ninguna relación histórica ni concreta entre la aplicación de reformas laborales y el crecimiento del empleo, por consiguiente no se crean plazas de trabajo abaratando despidos. “Eso no es un elemento, digamos, de activación de la economía”. Se crea empleo -asegura- mejorando la inversión pública, las rentas y activando la demanda, pero todos los indicadores en España apuntan a un incremento del desempleo a lo largo de 2012 “y no hay nada en el horizonte que haga creer que esto vaya a ser de otra manera”.