Después de la considerada como la mayor huelga general de la historia, los sindicatos brasileños estudian convocar a otro paro nacional de 48 horas y lanzar una campaña “para ocupar Brasilia”, es decir, abarrotar la capital del país frente al Congreso cuando se debata la crucial reforma del sistema jubilatorio.

“Esto recién empieza”, dijo el presidente de la Central Única de Trabajadores (CUT), Vagner Freitas.

El gobierno de Michel Temer se enfrenta a una popularidad escasa (4% de aprobación según Ipsos, 9% según Datafolha), pero sus reformas jubilatoria y laboral, si bien tienen respaldo de la mayoría del Congreso, son repudiadas por el 71% de la población.

La reforma laboral fue defendida por Temer, en un mensaje por el Día del Trabajador, al considerar que “va a ayudar al mejor entendimiento entre empleado y empleador para crear empleo”. Lo más importante, según Temer, es que se terminan las negociaciones colectivas de trabajo, sin sindicatos mediando salario y condiciones laborales entre los empresarios y los trabajadores.

La huelga general del 28 de abril, la primera en 21 años, fue considerada la mayor de la historia por los sindicalistas. El país paró y hubo focos de violencia en Río de Janeiro, con 5 autobuses incendiados por los manifestantes black bloc, ajenos al movimiento sindical.

En ese marco, el presidente Temer radicalizó sus posiciones frente a la reforma laboral, que logró media sanción el miércoles de la semana pasada. Su base en el Congreso puede estar amenazada luego de haberlo colocado en el poder con la destitución de Dilma Rousseff, en un juicio político que duró de mayo a agosto de 2016.

Temer expulsó ayer de sus cargos a funcionarios vinculados a diputados aliados que ‘traicionaron’ al Gobierno, la semana pasada, al votar en contra de la reforma laboral, informó Diario Oficial de la Unión.

En el medio fueron publicadas tres expulsiones de 30. Temer echó del cargo de director de Finanzas y Administración de las Industrias Nucleares de Brasil (INB) a Marcelo Xavier Fonseca, quien había sido indicado por el diputado Deley, del Partido Laborista Brasileño (PTB). Un apadrinado por el diputado Ronaldo Fonseca, del partido PROS (Partido Republicano de Orden Social), fue echado del cargo de director general del Archivo Nacional del Ministerio de Justicia. Igual ocurrió con Luiz Fernando Martins, expulsado de la Delegación Federal de Desarrollo Agrario del estado de Rondonia y ahijado político del legislador Expedito Neto, del Partido Social Demócrata (PSD).

Los diputados Deley, Fonseca y Expedito Neto votaron contra la reforma laboral, cuya media sanción se logró por 296 votos a 177. En el Senado la batalla promete ser más dura: los legisladores que buscan la reelección el año próximo pagarán un alto costo político con su voto a la reforma.

Frente a la reforma jubilatoria, en cambio, Temer necesita al menos 308 votos porque se realiza mediante enmienda constitucional y no requiere apenas de mayoría simple.

Este gobierno, de mayoría conservadora, está controlado por el bloque ruralista, al que pertenece el ministro de Justicia, Osmar. (I)