La Procuraduría de Colombia confirmó la destitución e inhabilitación por 15 años del alcalde de Bogotá, el izquierdista Gustavo Petro, decidida en diciembre, en un fallo publicado ayer y tras el cual el burgomaestre pidió a sus seguidores salir a las calles a protestar.

“La Sala Disciplinaria confirmó la sanción de destitución e inhabilidad por el término de quince años”, señaló el fallo en torno a la apelación que había intentado Petro, sancionado en un caso de dolo en la reconversión del sistema de recolección de basuras de esta ciudad de 7 millones de habitantes.

Petro, que ofrecía una rueda de prensa al momento de conocerse el fallo, llamó inmediatamente a sus seguidores a salir a la calle y mantener una movilización permanente en el centro de Bogotá.

“Esperamos a la ciudadanía en la Plaza de Bolívar para una movilización permanente”, dijo a los periodistas Petro, un economista y exguerrillero de 53 años, que fue elegido para gobernar Bogotá de 2012 a 2016.

Además, el alcalde calificó en su cuenta en Twitter la decisión como un “golpe de Estado”.

Un responsable de la Procuraduría, que en Colombia ejerce funciones de control sobre los funcionarios públicos, explicó que la sanción contra el alcalde quedó ya en firme y ahora solo hace falta comunicar el fallo al presidente Juan Manuel Santos para que lo ejecute.

El plazo que tiene Santos para pronunciarse una vez que reciba el texto no está estipulado, señaló el abogado constitucionalista Manuel Quinche a la AFP.

“Quien tomó la decisión es el Procurador, quien tiene que implementarla es el Presidente de la República, pero no hay plazo”, manifestó Quinche.

Ante la destitución, y en vista de que el pasado 1 de enero ya se cumplió la mitad de su período en la alcaldía de Bogotá, su sustituto para terminar la gestión deberá ser escogido por Santos de una terna presentada por el partido de Petro, Progresistas.

La decisión de la Procuraduría de destituir e inhabilitar a Petro fue conocida el pasado 9 de diciembre y produjo masivas manifestaciones en las calles de la capital colombiana.

Desde entonces, el alcalde de Bogotá introdujo un recurso contra la sanción en un tribunal administrativo, presentó la apelación ante la Procuraduría y llevó su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hasta ahora, solo la Procuraduría ha respondido.

El pasado viernes, en la reanudación de las protestas callejeras en contra de su destitución, Petro pidió precisamente a Santos esperar por la contestación de la CIDH antes de tomar cualquier decisión.

El Gobierno, sin embargo, ha dicho que no corresponde al presidente Santos tomar una decisión más allá de la de la Procuraduría.

Petro también solicitó el viernes que su caso se decida en las urnas, pues paralelamente cursa también una convocatoria a referéndum revocatorio de su mandato, prevista para el próximo 2 de marzo.

Pero esa consulta ya no tendría lugar, según el ente electoral, que había indicado que solo se realizaría si no quedaba en firme la destitución. La alcaldía de Bogotá es el segundo cargo de votación popular más importante en Colombia después de la Presidencia.