La sombra de la corrupción es tan alargada que amenaza con perseguir al Partido Popular (PP) como una pesadilla. Incluso sentando al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (foto), ante los tribunales. Y eso es lo que sucederá hoy.

Su declaración como testigo en el caso Gürtel, la mayor trama de corrupción política que se juzga en Europa se ha convertido en uno de los tragos más amargos desde que llegó al poder en 2011.

Ayer, el coordinador político del PP, Fernando Martínez Maíllo, cerró filas en torno a su líder con el argumento de que “poco o nada podrá aportar” en su declaración, aunque el temor a los daños políticos que pueda acarrear es enorme.

La declaración del presidente Rajoy la pidió la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) para que responda de lo que sabe de adjudicaciones a empresas de la trama Gürtel cuando era vicesecretario general del partido y “responsable de asuntos electorales” entre 1990 y 2003.

El coordinador del PP cargó contra la Adade porque, en su opinión, “sus preguntas estarán supervisadas por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ya que sus miembros son socialistas”.

Martínez Maíllo añadió que así como el sindicato Manos Limpias buscaba réditos económicos personándose en los juicios como acusación popular, Adade tiene también objetivos políticos “como es desprestigiar la gestión del presidente del Gobierno español”.

Según se conoció ayer, Mariano Rajoy repetirá ante el tribunal lo que siempre ha dicho en público desde que se abrió un caso de financiación ilícita y sobresueldos millonarios que salpica a su partido: que su relación con el jefe de la trama, Francisco Correa, fue inexistente y que apenas lo vio alguna vez en la sede nacional del PP en Madrid. (I)

Presidente catalán no aceptará una inhabilitación

El presidente regional de Cataluña, Carles Puigdemont, aseguró al diario francés Le Figaro que no aceptará una inhabilitación del Tribunal Constitucional, si este suspende la ley para el referéndum de independencia previsto en octubre.

El Parlamento catalán debe adoptar antes de septiembre una ley sobre el referéndum de independencia para el plebiscito previsto el 1 de octubre, y declarado ilegal por la justicia española. Solo el 44,3% de los catalanes está a favor de la secesión. (I)