La tensión entre el gobierno de Mariano Rajoy y los soberanistas catalanes está llegando a una cota de agresividad desconocida.

Por primera vez desde que comenzaron las hostilidades a cuenta de las aspiraciones independentistas en Cataluña, el ejecutivo español ha admitido que no descarta suspender la autonomía si la administración regional mantiene la convocatoria de una consulta de autodeterminación para el próximo septiembre.

Pero esta amenazadora advertencia, insólita en los 39 años de democracia española, solo ha servido para que el presidente catalán Carles Puigdemont echara más leña al fuego al adelantar que el 1 de julio comenzará a funcionar el nuevo sistema de recaudación de impuestos al margen de España. Es paso previo para lograr la independencia real.

Toda una sucesión de desafíos cuyo corolario está siendo el juicio contra el expresidente Artur Mas y dos de sus más cercanas consejeras, Joana Ortega e Irene Rigau, por organizar la consulta sobre la independencia celebrada en 2014. Mas se expone a una inhabilitación política ejemplar si el tribunal lo considera culpable de los delitos de desobediencia grave y prevaricación que le imputan.

Al mismo tiempo, el portavoz del Partit Demòcrata Catalá (PDeCAT), Francesc Homs, conoció ayer que también será procesado por el Tribunal Supremo el próximo 27 de febrero por los mismos cargos que culpan a sus compañeros.

El enfrentamiento ha llegado a un grado de incandescencia que, de manera imprevista, se visualizó ayer durante la sesión ordinaria del Parlamento catalán.

Tras pedir la palabra y subir a la tribuna de oradores, Puigdemont lanzó una de las más duras diatribas que se recuerdan contra el sistema democrático español, al calificarlo de “enfermo”.

Según el máximo responsable autonómico, “una democracia que envía a juicio a responsables políticos de una jornada tan sana y edificante como la de la consulta de 2014 es una democracia que ha enfermado, y viene de la transición”, aseguró.

A continuación hizo un repaso de los escándalos ‘tolerados’ por el Estado como las escuchas ilegales ordenadas por el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz; la millonaria financiación otorgada a la Fundación Francisco Franco o la vida privada del rey emérito Juan Carlos I.

Este clima irrespirable capta la atención mediática al resto de la vida política española.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguró que el ejecutivo de Mariano Rajoy ha estudiado los mecanismos a su alcance para solucionar este tipo de conflictos territoriales y citó el excepcional artículo 155 de la Constitución española que prevé la suspensión de la autonomía vigente. Menos beligerante se mostró la negociadora oficial del gobierno en esta cuestión, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que pidió no incrementar el dramatismo existente y agradeció la ‘colaboración del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Ciudadanos’ en este complejo desafío independentista.

El portavoz de la gestora socialista, Mario Jiménez, advirtió a los soberanistas catalanes de que “nada se puede hacer en España al margen de la ley” pero culpa a Rajoy de “falta de un diálogo previo que hubiera evitado este pulso que ahora vivimos”.El líder de Ciudadanos, Albert Rivera se alineó con la estrategia del gobierno y reprochó a los independentistas “su épica barata de laboratorio”.

La nota discordante la puso el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, para quien “es gravísimo que se juzgue a Mas por poner urnas mientras queda impune la corrupción”, dijo.

Ni qué decir en cuanto a que el juicio contra el expresidente de Cataluña está actuando como la gasolina con la que se intenta apagar el fuego. Arropado por miles de seguidores en la calle, Artur Mas declaró ante el magistrado Jesús María Barrientos ser “el único responsable de todo lo que ha acontecido en los últimos años”.

Pero el matiz mediático de un proceso judicial que para unos es político y para otros propagandístico está provocando constantes fricciones entre el juez y el acusado en los escasos días que lleva celebrándose.

El más serio, sin duda, se produjo ayer cuando Mas trataba de explicar por qué no responderá a las preguntas que le formule el fiscal.

En ese instante fue interrumpido por el magistrado con un tajante “usted no está aquí para hacer preguntas”. Una frase que describe que las distancias que separan a Cataluña y España son hoy abismales. (I)

El juicio contra Mas

La fiscalía mantuvo ayer su petición de inhabilitar durante 10 años al expresidente catalán Artur Mas para el ejercicio de cargos públicos en la penúltima jornada del juicio por organizar el 9 de noviembre de 2014 una consulta sobre la independencia prohibida judicialmente.

La exvicepresidenta Joana Ortega y la exresponsable de Educación regional Irene Rigau también encausadas serían inhabilitadas por 9 años.

La consulta sobre la independencia, que no iba a tener efectos jurídicos, fue suspendida por el Tribunal Constitucional pero se celebró igualmente congregando a 2,3 millones de participantes, un 80% de ellos votando por la secesión de esta rica región nororiental.

Unos 40.000 manifestantes independentistas se congregaron el lunes pasado frente al tribunal para apoyar a sus exgobernantes. El juicio se extenderá hasta hoy. (I)