Inasequible al desaliento y también a los informes descorazonadores elaborados por los servicios jurídicos del Parlamento sobre las normas de una investidura. Carles Puigdemont volvió ayer a dar pruebas de fe que será proclamado presidente de Cataluña antes del 31 de enero.

“Soy perfectamente investible presidente y tengo todo el derecho del mundo, porque así lo ha querido la gente”, indicó el líder en una entrevista concedida ayer al canal público Catalunya Radio.

Puigdemont reconoció que lograrlo no será fácil, pero gracias al desarrollo de las “últimas tecnologías” considera posible dirigir un país por vía telemática.

El expresidente trató con su intervención de quitar hierro al diagnóstico de los equipos de letrados de la Cámara catalana, todos contrarios a una investidura virtual.

De llevarse a cabo sería la primera que ocurre en el mundo. Pero sigue teniendo entre ceja regresar a la dirección de la Generalitat, aunque sin poner un pie en España para no ser encarcelado.

El líder independentista, que se marchó a Bruselas con cuatro de sus exministros regionales poco antes de ser acusados por la justicia española de rebelión, insiste en restaurar lo que llama su “gobierno legítimo” destituido en octubre por el gobierno español de Mariano Rajoy.

Desde el pasado 27 de octubre pesa sobre él una orden de búsqueda y captura por incitar a la sedición y vulnerar los principios constitucionales.

“Y entre ser presidente y ser presidiario, escojo lo primero, porque creo que puedo servir mejor a Cataluña”, sentenció Puigdemont.

Aunque reconoció que un ejecutivo a distancia no reúne las condiciones normales para el buen gobierno, matizó que “no hay nada en el reglamento que prohíba las fórmulas de investidura que estamos ensayando”.

A menos de 10 días de la sesión de proclamación, Carles Puigdemont es el único candidato propuesto.

Es decir, comienza a barajarse la posibilidad de que su partido, Junts per Catalunya (JxCat), mantenga abierta una negociación con su socio de Esquerra Republicana (ERC) para seguir adelante con una fórmula de investidura que logre salvar los escollos penales existentes.

Al parecer, pretenden poner sobre la mesa la carta de la “inmunidad parlamentaria” que acompaña a un diputado electo como es Puigdemont y así esquivar su arresto. Pero no les resultará fácil.

Ante este nuevo pulso, el gobierno de Mariano Rajoy advirtió al nuevo presidente del Parlamento, Roger Torrent, que no juegue con fuego.

El Gobierno español también agregó que  opte por realizar una reflexión profunda para no “cometer los errores del pasado” en referencia en su antecesora en el cargo, Carme Forcadell, que terminó en prisión por participar en el proceso independentista.

El portavoz del ejecutivo español, Íñigo Méndez de Vigo, insistió ayer en que “no existe ninguna posibilidad” en el reglamento del Parlamento que permita que Puigdemont pueda ser presidente por vía telemática.

Por su parte, la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció el jueves que el acto de investidura es “personal, indelegable e intransferible” y que de alterarse este protocolo mantendrán la vigencia del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

“Es necesario que físicamente el nuevo presidente de la Generalitat asuma ese cargo aunque antes deba rendir cuentas con la justicia”, detalló Sáenz.

Carles Puigdemont lanzó ayer un dardo envenenado a los que insisten que rehúye sus responsabilidades al huir a España.

“Quienes me acusan son los mismos que dicen que la violencia del 1 de octubre (día que se celebró el referéndum ilegalizado) la perpetraron los manifestantes”, afirmó el catalán.

En su opinión, Puigdemont no huyó de la justicia española, sino que “vine aquí libremente y cuando se publicó la euroorden, me presenté ante la justicia y después el gobierno la retiró”, sentenció. (I)