El presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, constató ayer que el gobierno español de Mariano Rajoy no quedó satisfecho con su ambigua declaración de independencia del martes y tendrá que explicarla esta vez sin matices ni juegos de palabras en un breve espacio de tiempo aún sin concretar.  

“Debe confirmar si ha declarado o no la independencia porque necesitamos certezas”, advirtió el presidente del ejecutivo, Mariano Rajoy.

De no cumplir este mandato expreso, Cataluña deberá afrontar al diluvio de sanciones penales y recortes autónomos que contempla la Constitución para solventar situaciones de emergencia. Es decir, el fin de cualquier acuerdo y el inicio de una fase política oscura para todo el país.  

Concretamente Rajoy dio de plazo hasta el lunes para que el presidente catalán aclare formalmente si declaró la independencia, y, si lo hizo, tiene hasta el 19 de octubre para rectificar, precisó durante un discurso en el Congreso.

En caso de que Puigdemont incumpla los plazos, o su respuesta no sea satisfactoria para el Gobierno, este empezará a tomar medidas concretas bajo el Artículo 155 de la Constitución, que prevé la suspensión total o parcial de la autonomía de una región.

La respuesta de Rajoy no fue la catarsis que el ala más extremista del Estado esperaba. Al contrario. Casi todos coinciden en que fue medida para no romper los pocos puentes entre los dos bandos que puedan quedar en pie.

Pese a tratarse de un inequívoco ultimátum, el presidente del gobierno evitó percutir con toda la maquinaria a su alcance contra el Govern y abrió una pequeña rendija para una solución razonable al conflicto territorial que vive Cataluña. Todo indica que en las agónicas 12 horas que separan el discurso de Puigdemont y la comparecencia de Rajoy, se produjo la intermediación de alguna salvadora figura internacional para aproximar dos visiones diametralmente opuestas.
Frente soberanista

Según apuntaron ayer algunos medios, esa persona fue el presidente de la Comisión Europea, el polaco Donald Tusk, que remitió una carta a última hora de la tarde del martes a Carles Puigdemont para que echase el freno. Tras estos movimientos que dejan semidespedazado al frente soberanista, con la salida del Parlament de la izquierdista Candidatura de Unidad Popular (CUP), falta por conocer la contraoferta definitiva del presidente catalán. Pocos dudan que su respuesta será aceptable para un ejecutivo español que ya no admitirá medias tintas.

En su primera entrevista tras la angustiosa sesión del martes, Puigdemont aseguró a la CNN que Cataluña está preparada para entablar un diálogo sincero con el Gobierno español pero, eso sí, adelantó que lo hará “sin condiciones previas”.

El presidente adelanta que planteará que 2 representantes de cada ejecutivo establezcan una negociación cuyo primer punto debería ser, en su opinión, “nombrar un mediador”. Pese a todo, reclama que las conversaciones entre ambos ejecutivos arranquen “sin condiciones previas”, es decir, sin que el Estado establezca un veto a cuestiones que no parece muy dispuesto a asumir, como es la celebración de un referéndum vinculante sobre la independencia de Cataluña.

“Tenemos un problema político”

En la entrevista, Puigdemont revela que en la sesión crucial celebrada el miércoles en el Parlamento trató de enviar un “mensaje de calma” a todos los sectores sociales involucrados en el proceso soberanista, al tiempo que intentó reflejar con la “máxima objetividad posible” lo que hoy sucede en Cataluña.

“Tenemos un problema político que necesita ser abordado desde la política, y no enviando a la Policía”, señaló en clara alusión a las cargas policiales registradas durante el referéndum del 1 de octubre.

Aunque su versión es la constatación inequívoca de que responderá a Rajoy con un no sobre su declaración de independencia, Puigdemont no aclara si lo que el martes proclamó en el Parlamento fue el primer paso hacia la desconexión efectiva de España o una mera declaración de intenciones sin ningún valor práctico.

A juicio del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), debe aclararlo lo antes posible si no quiere ser destituido por decreto constitucional y abandonar a Cataluña en una travesía por el desierto del que nadie conoce su final. El líder socialista, Pedro Sánchez, reconoció que en esta batalla final está con Rajoy. “Puigdemont debe aclarar qué quiso decir y debe ponerlo, además, negro sobre blanco”.

Su declaración, la primera tras la sesión del Parlamento, fue una defensa cerrada de la Constitución pero también reveló avances en la cerrada postura del gobierno. “La mejor manera de defenderla es su reforma y su modernización”.

Sánchez anunció que, a cambio de su apoyo cerrado a cualquier decisión que tome el ejecutivo español sobre la crisis catalana, Rajoy se comprometió a abrir, de manera inmediata, la comisión de diálogo y estudio sobre el Estado autonómico que trabajará durante los próximos 6 meses para adecuar al siglo XXI un texto redactado en 1978. (I)

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FMI: "Sistema bancario catalán se mantiene fluido pese a crisis"

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aseguró que el sistema bancario de Cataluña se mantiene fluido aunque bancos y empresas consideran sus futuras opciones en esta región rebelde española.

“La situación se mantiene fluida, por lo que no vamos a especular. Esperamos que la situación se resuelva”, señaló Matthew Jones, director asistente del Departamento Monetario y Mercados de Capitales del FMI.

La idea de una Cataluña independiente ya ha provocado que dos de los mayores bancos catalanes -CaixaBank y Banc Sabadell- y decenas de empresas de los sectores editorial, sanitario, textil y de seguros hayan trasladado sus sedes a otras partes de España.

A pesar de la crisis política que atraviesa el país, el FMI apuntó que los bancos españoles son estables, según una evaluación reciente.

“De forma general hemos encontrado que el sistema bancario español es resistente y fuerte, y que ya ha afrontado la mayoría de sus problemas. La perspectiva de la economía española es fuerte”, subrayó Tobías Adrian, director del Departamento Monetario y Mercados de Capitales del FMI.

En tanto, ayer la Comisión Europea reiteró su llamado al “pleno respeto del orden constitucional español”, en su primera reacción después de que el presidente catalán dejara en suspenso la independencia. (I)