El presidente catalán, Carles Puigdemont, hará un anuncio solemne a las 13H30 (11H30 GMT) en plena disyuntiva sobre convocar elecciones o ir al parlamento para declarar la independencia, y bajo la amenaza de intervención directa desde Madrid, medida que se dispone a votar el Senado.
La crisis más prolongada de la democracia española, el desafío secesionista catalán, entró en su fase decisiva.

El Govern presidido por Carles Puigdemont mantuvo una nueva ronda negociadora junto a sus diputados en el parlamento este jueves, según confirmó una fuente del gobierno regional la AFP.

"Puigdemont está recibiendo muchas presiones de un sector del PdeCAT (partido de Puigdemont, líder de la mayoría independentista en el Parlamento catalán) para convocar elecciones", explicó esa fuente a la AFP, bajo anonimato.

"Confían en que así puedan abrir negociaciones con el Estado pero aplicarán el 155 igualmente. Los volverán a engañar", añadió esa fuente.
El artículo 155 de la Constitución española, solicitado por el presidente conservador Mariano Rajoy al Senado, permite suspender la autonomía de una región ante el riesgo de daño a la unidad del país.

Puigdemont y sus socios, incluidas poderosas asociaciones civiles, mantuvieron siete horas ininterrumpidas de reuniones, hasta la madrugada del jueves.

En las calles de Barcelona dio inicio una manifestación estudiantil, con centenares de jóvenes, comprobó la AFP.

Los aledaños del Parlamento catalán, en un parque de la ciudad, están vallados y fuertemente custodiados por la policía.

Es una incógnita si una eventual convocatoria de elecciones frenará el voto del artículo 155, que está previsto el viernes en el Senado.

El parlamento catalán debe reunirse a partir de las 17H00 (15H00 GMT) para analizar precisamente la amenaza del artículo 155 de la Constitución española.

Intervenir la autonomía catalana, que fue uno de los puntales de la transición democrática española, "contradice frontalmente" varios artículos de la Constitución, explicó en una carta Carles Puigdemont al Senado.

Rajoy aseguró que no quedaba otra vía que la intervención a través del artículo 155 de la Constitución, nunca utilizado plenamente en cuatro décadas de democracia en España.

Mediante éste, Rajoy pide destituir al gobierno catalán y limitar los poderes del parlamento regional, entre otras medidas, hasta convocar elecciones regionales antes de seis meses.

La medida supondría un terremoto político en Cataluña, que recuperó su autogobierno tras la dictadura de Francisco Franco, y Puigdemont ya advirtió que podría declarar la independencia en respuesta.

El referéndum inconstitucional del 1 de octubre fue ganado ampliamente por los separatistas pero con una participación del 43% y celebrado sin apenas garantías.

Anhelada históricamente por los nacionalistas, una república catalana (7,5 millones de habitantes) sería muy efímera ante la hostilidad de Madrid y la Unión Europea y la profunda división que despierta en los catalanes.

Tampoco se antoja fácil la intervención desde Madrid, ante el rechazo que levanta en amplios sectores de Cataluña. "A lo mejor hay resistencia", reconoció el ministro de Economía, Luis de Guindos, en la radio Cadena Ser, advirtiendo a los funcionarios que "hay que cumplir la ley".

Hasta este jueves, el principal interrogante era saber qué cámara apretaba antes el gatillo: si el Senado dando el visto bueno a la suspensión de la autonomía catalana o el parlamento en Barcelona declarando la independencia.

En su estrategia de mano dura, el gobierno de Rajoy cuenta con el apoyo del opositor Partido Socialista, de la formación liberal Ciudadanos, y en el plano internacional, de sus socios de la Unión Europea.

El gobierno catalán está aislado a pesar de sus denodados esfuerzos para recabar la atención internacional.

La represión policial el día del referéndum ilegal, el 1 de octubre, provocó inquietud en algunos países y organizaciones internacionales, pero Madrid subraya que los independentistas han negado los derechos de una gran parte de la sociedad catalana que no desea esta separación.

Cataluña, con un 19% del PIB español, ha visto como cerca de 1.500 empresas han desplazado su sede social fuera de la región a causa de la crisis independentista.

Puigdemont y su gobierno podrían ser condenados por rebelión, pasible con hasta 30 años de cárcel.

Pero no declararla puede indignar a sus partidarios.

La principal organización civil independentista, Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), había convocado una gran concentración ante el parlamento el viernes.

En las calles de Barcelona, Paula Sánchez, de 15 años, declaró a la AFP: "la violencia no es una solución, las cosas hay que hablarlas. Estamos en un país democrático, esto lo tenemos que resolverlo con democracia. Yo creo que somos un pueblo muy fuerte, podemos salir muy fuertes pero no nos lo están poniendo fácil.

Los antiindependentistas quieren por su parte manifestarse el domingo en las calles de Barcelona. (I)