La incertidumbre sobre el conflicto de Cataluña se disipó temprano. Tal y como se esperaba, el presidente Carles Puigdemont respondió por carta, pero sin aclarar la cuestión requerida por el gobierno de Mariano Rajoy, si el pasado 10 de octubre declaró o no la independencia.

En Madrid, la vicepresidenta del ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, trataba de disimular el profundo malestar creado por este intercambio epistolar poniendo fecha y hora al ultimátum definitivo: “será el jueves a las 10 horas”. Si cumplido ese plazo, el gobierno catalán no esclarece la pregunta, se entenderá que “está al margen de las normas constitucionales” y tendrá que hacer frente a las consecuencias, es decir, la suspensión de su autogobierno.

A pesar de que la mayoría de los expertos constitucionalistas, incluso los aliados soberanistas más proclives a romper sin miramientos volvieron ayer a insistir en que la independencia de Cataluña duró apenas ocho segundos, el intervalo entre la declaración solemne y la petición de su suspensión, la realidad incontestable es que el Gobierno español quiere verla por escrito.

Lo que Puigdemont también constató ayer es que Rajoy no tiene ninguna intención de abrir un diálogo sobre un hipotético referéndum pactado. Ni siquiera acepta mediaciones externas. Su posición es pétrea. “Primero tiene que rectificar y luego que acuda al Congreso a dialogar, porque es ahí donde descansa la soberanía de los ciudadanos españoles”, aseguró la vicepresidenta en referencia a la comisión de reforma constitucional acordada por los dos principales partidos políticos del país, PP y PSOE, como vía de solución a este largo e irresoluble conflicto. Fue el gesto más novedoso expresado por Sáenz de Santamaría.

La justicia cita a soberanistas

Casi a la misma hora, la justicia activó todos sus resortes citando a declarar por segunda vez en una semana a tres de los pilares que, al parecer, han sostenido el soberanismo en los últimos meses: el jefe de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero, y los presidentes de las sociedades civiles ANC y Ómnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

Sin pararse en lindezas políticas, la fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó el ingreso en prisión incondicional para Trapero tras un interrogatorio de dos horas, por un presunto delito de sedición al entender que existe riesgo de reiteración delictiva.

Sin embargo, tras deliberar durante tres horas, la jueza que instruye el caso, Carmen Lamela, decidió dejarlo en libertad aunque con la restricción de salir de España, de retirarle su pasaporte y con la obligación de presentarse cada 15 días en el juzgado.

En su auto, la magistrada observa elementos que vinculan al jefe de los Mossos con la estrategia independentista. El más feroz es un informe de los servicios de inteligencia de la Guardia Civil donde se indica que los Mossos diseñaron una “actividad de contravigilancia” para proteger a determinadas personas frente a posibles actuaciones de la Policía y la Guardia Civil.

Para la fiscalía, Trapero es el “brazo ejecutor” del proceso y si sigue al frente de la policía autonómica catalana existe el riesgo de que continúe dando órdenes a sus agentes contrarias a las peticiones judiciales de impedir la declaración de independencia de Cataluña.

Queda por ver la decisión que la jueza toma respecto al presidente de la ANC, Jordi Sánchez, y del Ómnium Cultural, Jordi Cuixart. Su interrogatorio se extendió hasta entrada la noche en España y no se descarta que la jueza Lamela ordene su ingreso en prisión. (I)

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Funcionarios protestan en Quito

Con pancartas, banderas y carteles, alrededor de 30 trabajadores llegaron a las afueras del Consulado de España, en Ecuador, para pedir la revisión de sus salarios.

La crisis española de 2010 habría producido que los sueldos de los funcionarios públicos del país se congelaran como aporte a la superación del problema.

Sin embargo, según Patricia Cisneros, secretaria general de la Unión General de Trabajadores, la crisis está superándose paulatinamente por lo que piden el 25% de aumento salarial después de que se ha mantenido en los últimos nueve años.

Esta protesta que se mantuvo durante 18 horas tenía como objetivo pactar una cita para iniciar las conversaciones sobre el incremento del sueldo.

Cisneros resaltó que de no encontrar una respuesta afirmativa, las 7.000 personas contratadas, en el mundo, en el servicio exterior paralizarían sus labores de manera indefinida.

“Pedimos al Gobierno español que tal como el servicio exterior fue solidario durante la crisis, en estos momentos, que ya van mejorando, tienen que pensar en su personal en el exterior”, añadió la secretaria general de la Unión General de Trabajadores.

En Ecuador, alrededor de 80 personas prestan estos servicios. La secretaria Cisneros enfatizó que varias mesas técnicas tratarán el tema, pero que no ha habido una solución palpable.

“Hay un compromiso por parte del gobierno, pero se ha dilatado”, indicó. (I)