El cesado presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, desató ayer una tormenta política colosal en España tras conocerse su salida del país rumbo a Bruselas en medio del secretismo más absoluto. Junto a él se encuentran cinco de sus más destacados consejeros: el de interior, Joaquim Forn; la de gobernación, Meritxell Borràs; el de sanidad, Antoni Comín; la de Trabajo, Dolors Bassa; y la de agricultura, Meritxell Serret.

Algunos medios de comunicación especularon durante toda la jornada con la posibilidad de que el máximo dirigente del procés esté sopesando ahora la petición de asilo en Bélgica, el único país de la UE que acepta este tipo de peticiones a ciudadanos con pasaporte europeo. Este inesperado giro “kafkiano” en la mayor crisis de Estado vivida en España desde la restauración de la democracia se conoció horas antes de que el fiscal general, José Manuel Maza, presentara las querellas por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos contra todos los miembros del Govern y la mesa del Parlament, delitos que conllevan hasta 30 años de prisión. De la Maza, además, dejó abierta la puerta a pedir prisión provisional para todos ellos y reclama una fianza por valor de 6.207.450 euros por daños ocasionados.

Fuentes del Ministerio de Interior confirmaron la presencia del ex president y cinco de sus consejeros en la capital belga, aunque restaron importancia a este hecho “porque lo sustancial es que ya no ocupan cargos de responsabilidad en Cataluña”. Sin embargo, quien sí prestó atención a este movimiento de Puigdemont y de parte de su gabinete fueron algunos de sus aliados políticos.

En privado, un representante independentista consultado por El Telégrafo no ocultó su extrañeza por el inesperado viaje de Puigdemont a un país cuyo ministro de Migraciones y Asilo, Theo Francken, ya le ofreció el pasado fin de semana refugio político provocando una grave crisis en el gobierno belga. El presidente del Partido Socialista francófono (PS) belga y ex primer ministro, Elio di Rupo, ha pedido formalmente la “urgente” comparecencia del actual mandatario Charles Michel en el parlamento nacional “para que explique la visita de la delegación de Puigdemont a Bruselas, ya que Bélgica se juega su credibilidad internacional”, indicó en un comunicado.

Por su parte, el comisario general de Bélgica para los refugiados y los apátridas, Dirk Van den Bulcke, explicó ayer en una entrevista concedida a la cadena de televisión RTL que entre las condiciones que su país exige para conceder asilo a otro ciudadano europeo, como podría ser el caso de Carles Puigdemont y sus  cinco consejeros, se encuentra la existencia de “señales probadas de persecución” o de que “corra un riesgo real de daños físicos contra su persona” en el país de origen.

Rodeado de un halo de misterio sin parangón, fuentes del Govern aseguraron que el ex president tiene previsto explicar hoy las razones exactas de su extraña salida de España, el mismo día en el que se esperaba el calado de las acusaciones presentadas por la fiscalía ante los tribunales de justicia. Como ninguno de los seis imputados goza ya de la inmunidad que le otorgaban sus cargos al haber sido cesados, el proceso correrá a cargo de la Audiencia Nacional que habitualmente se encarga de los casos de terrorismo, corrupción y narcotráfico.

Sin embargo, los miembros de la mesa del Parlament, con la presidenta Carme Forcadell a la cabeza, continúan con inmunidad al seguir desempeñando sus funciones como miembros de la comisión permanente que se encargará de organizar las elecciones convocadas el 21 de diciembre. Sus casos están en manos del Tribunal Supremo.

A la espera de conocer las explicaciones de Puigdemont sobre su sorprendente salida hacia Bruselas, el bloque independentista mantiene un silencio sepulcral respecto a la posibilidad de presentarse unidos o boicotear los comicios autonómicos convocados por Mariano Rajoy. Si la aplicación del artículo 155 provocó serios quebraderos de cabeza al partido del ex president, el conservador PdeCat, la decisión de su líder les deja en una situación muy comprometida a escasos 50 días de la cita electoral. (I)