El Ejecutivo de Puerto Rico, una isla caribeña de cerca de 3,5 millones de habitantes definida como un Estado Libre Asociado a Estados Unidos, tiene que presentar esta semana unos planes fiscales base para los presupuestos anuales del Gobierno y de varias de sus corporaciones que la entidad federal exige sean restrictivos.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF), entidad de control al Ejecutivo de San Juan que establece la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés), aprobada por el Congreso en Washington para abordar la deuda impagable, exige fuertes recortes en gasto social a los que el Gobierno se niega.

El jefe del Ejecutivo de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, dijo que está dispuesto a "hacer lo que sea" antes que claudicar ante la entidad de control federal, que exige que el plan fiscal del Gobierno incluya recortes en las pensiones de los empleados públicos de cerca del 10 % y una reforma laboral que recorta derechos adquiridos por los trabajadores.

Rosselló ha repetido que lo que pretende la entidad de control es usurpar el papel del Gobierno en el establecimiento de la política pública de la isla, algo que no va a permitir.

La JSF entiende que esos recortes son indispensables para que Puerto Rico vuelva a la senda de presupuestos púbicos sin déficit, lo cual es a su vez crítico para poner fin a una deuda de cerca de 70.000 millones de dólares que en 2015 el Ejecutivo de San Juan reconoció no podía pagar.

Puerto Rico, actualmente bajo un proceso de quiebra de su deuda que solicitó la entidad federal que controla al Ejecutivo, no puede financiarse en los mercados, por lo que tiene en Washington su único recurso, pero su enfrentamiento con la JSF podría poner en peligro una ayuda fundamental para una economía en caída libre en especial tras el huracán María del pasado septiembre.

El Gobierno de Rosselló asegura que la Ley Promesa no permite a la JSF inmiscuirse en la política pública del Estado Libre Asociado, mientras que la entidad de control defiende que sí cuenta con respaldo legal para hacerlo.

Santos Negrón, economista y antiguo jefe de Análisis y Estudios Económicos del estatal Banco Gubernamental de Fomento (BGF), señaló a Efe que el Gobierno, con su postura, trata de proteger a los pensionistas porque cree que las medidas que exige la entidad de control son negativas para la economía.

Subrayó que la situación de incertidumbre no es buena para la economía y que muchas empresas están pendientes de los acontecimientos para decidir sobre sus inversiones futuras en la isla.

El economista indicó que tampoco se puede dejar de lado que la situación es clave para el Gobierno debido a que aceptar esos recortes para la población tendría un precio muy alto en las elecciones de 2020, a las que parece que Rosselló se presentará.

Martha Quiñones, antigua presidenta de la Asociación de Economistas de Puerto Rico, señaló a Efe que, en su opinión, el Gobierno de Rosselló trata de presentar ante la población a la JSF como el "malo de la película", pero que las exigencias de la entidad de control se terminarán implementando poco a poco vía legislación.

Aseguró que medidas como reducir las pensiones, empeorar las condiciones laborales o achicar el tamaño de las agencias públicas se traducirán, al final, en menos dinero que entra en la economía local.

La disputa cuenta además con la toma de postura por parte del presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de EE.UU., Rob Bishop, quien se ha puesto del lado de la JSF al señalar que la entidad de control sí cuenta, gracias a la Ley Promesa, con potestad para reducir beneficios laborales y pensiones sin el aval del Ejecutivo de San Juan.

Al final, si no hay acuerdo, puede tener que entrar en acción la jueza federal Laura Taylor, responsable del proceso de reestructuración de la deuda de Puerto Rico, quien decida sobre el litigio una vez que el Ejecutivo pueda negarse a reconocer la autoridad de la JSF.

El pasado mes de mayo, la entidad de control fiscal solicitó que Puerto Rico se acogiera al título III de Promesa, que no es más que un proceso de quiebra tutelado por la Justicia, actualmente en marcha.

El Gobierno defiende su postura al asegurar que la Ley Promesa establece en su Sección 205 que la Junta puede hacer recomendaciones de política pública, pero no establecerla. (I)