El default de Puerto Rico al no honrar una deuda de una corporación pública le cierra las puertas al mercado de financiamiento en medio una dramática falta de liquidez.

El gobierno de Alejandro García Padilla desembolsó apenas $ 628.000  de la deuda de $ 58 millones que venció el 1 de agosto de la Corporación para el Financiamiento Público (PFC, siglas en inglés) alegando falta de liquidez en el estado libre asociado norteamericano de 3,5 millones de habitantes, que lleva ocho años seguidos en recesión.

El impago impacta a acreedores puertorriqueños, en particular a cooperativas de crédito y ahorro. Pero parte de esos bonos se vendieron en el mercado estadounidense, lo que desbarata la posibilidad de financiamiento futuro, estimaron analistas.

"Se cierra la puerta del financiamiento del gobierno y sus corporaciones en el mercado" de Estados Unidos, indicó a la AFP José Joaquín Villamil, analista de la consultora Estudios Técnicos en San Juan.

"Los acreedores no son solamente locales, eso es un error", dijo, ante la decisión de la isla, asfixiada por una deuda de $ 72.000 millones que el propio gobernador García Padilla califica de "impagable".

De todas maneras, las casas crediticias de Wall Street ya habían degradado los bonos de Puerto Rico a nivel "chatarra", lo que le dificultaba acceder al mercado de bonos.

El gobernador García Padilla negocia con los acreedores y un equipo prepara un plan de reestructuración para escapar del "círculo vicioso de contracción, emigración, austeridad e impuestos". Ese plan debe ser presentado a fines de mes.

El secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, explicó que la administración incumplió el pago de la deuda, ya que se prepara para pagar más de $ 100 millones a otros acreedores que compraron bonos del gobierno, conocidos como GOS.

La crisis golpea con dureza a la población, con un desempleo en 12,4%, más del doble del 5,3% en Estados Unidos continental, y una masiva migración que reduce la base impositiva.

La situación se abonó por años. Las finanzas de la isla se vieron severamente golpeadas al finalizar en 2006 un sistema de exoneración fiscal para las empresas y eso provocó una caída de la actividad económica. Los sucesivos gobiernos emitieron deuda para cubrir el creciente déficit.

Sin liquidez

El impago también debilitó a las cooperativas de ahorro y crédito de Puerto Rico, las principales poseedoras de los bonos, aunque no amenaza su supervivencia "porque no es parte tan importante de su portafolio de inversión", estimó Villamil.

A juicio del economista, la actual falta de liquidez se debe en parte a la negativa de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico de aprobar el año pasado un impuesto de $ 0,04 al litro de la gasolina.

Ese gravamen hubiera permitido a la estatal Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) pagar al Banco Gubernamental de Fomento (BGF, Central) una deuda de $ 2.200 millones, y así evitar la actual insuficiencia en sus recursos.

"El problema de liquidez es real, existe por muchas razones", acotó Villamil.

El legislativo sí aprobó un aumento a 11,5% del impuesto al consumo, que entró en vigencia el 1 de julio, con la intención de elevar la recaudación impositiva.

La presidenta del BGF, Melba Acosta, reiteró el martes que la decisión de no honrar la deuda obedece a una real falta de liquidez y la necesidad de que el gobierno mantenga los servicios esenciales a la población.

La Casa Blanca descartó un eventual rescate financiero, aunque apoya la posibilidad de que Puerto Rico pueda beneficiarse de la estadounidense ley de quiebras para reestructurar su deuda, como sí lo han hecho ciudades como Detroit. Sin embargo la decisión sobre ese amparo la tiene el Congreso federal.

La caída en impago fue criticada por partidos opositores, que lamentaron el impacto en la imagen de la isla caribeña, que tardará años en rehabilitar su nombre.

"Es vergonzoso, es una gran pena que uno debe sentir, (pues) el buen nombre de Puerto Rico, el crédito de Puerto Rico está empañado", afirmó el presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, también delegado electo de Puerto Rico ante el Congreso norteamericano. (I)