Con una deuda acumulada de $ 72.000 millones, Puerto Rico se enfrenta al peor momento financiero de su historia. Esto fue corroborado la noche del lunes por el gobernador Alejandro García Padilla, quien aseguró que los compromisos de la isla son “impagables”.

“...El tamaño de esa deuda nos impide salir del ciclo de recesión y contracción. No se trata de política, se trata de matemáticas”, declaró en un mensaje televisado a los más de 3 millones de residentes.

El problema de la isla es complejo, pues al ser un Estado asociado a EE.UU., no puede declararse en quiebra ya que esto la dejaría en un limbo financiero y legal que podría tardar años en solucionarse, indicó diario El País. La única opción es buscar una salida a la crisis.

Washington descartó el lunes un rescate para Puerto Rico, pero dejó abierta la posibilidad de  identificar posibles recursos federales que alivien la complicada situación fiscal. El anuncio estremeció a los mercados financieros. Las acciones de los bancos puertorriqueños se estrellaron en Wall Street, mientras los bonos del país conocidos como Obligaciones Generales cayeron el 10% en el mercado.

“Mi administración está haciendo todo lo posible para no caer en default”, aseguró García Padilla al New York Times. “Pero tenemos que hacer que la economía crezca, si no, entraremos en una espiral mortal”, advirtió.

De acuerdo con un informe realizado por execonomistas del Fondo Monetario Internacional (FMI), la isla caribeña padece de “problemas estructurales, shocks económicos y finanzas públicas débiles”, lo que la habría llevado a una década de estancamiento, emigración y deuda.

Los expertos subrayaron que si no se acomete un paquete de reformas, Puerto Rico no podrá seguir adelante, aunque García Padilla ha rechazado algunas de las propuestas, una de ellas eximirse de pagar el salario mínimo federal a los empleados.

De momento, el gobernador anunció conversaciones para lograr, “con transparencia y consenso”, la reestructuración de la deuda pública. Insistió en que el objetivo es lograr una “moratoria negociada para posponer los pagos de la deuda, de forma que el dinero se invierta en Puerto Rico para un “crecimiento agresivo”. (I)