El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil anuló hoy un trámite previsto por bloques de oposición para iniciar un proceso judicial contra la presidenta Dilma Rousseff por mayoría simple de votos en el Congreso nacional.

El magistrado del STF Teori Zavaski aceptó de esta manera un pedido del legislador del Partido de los Trabajadores (PT) Wadih Damous, que obliga a contar con el sufragio de tres cuartos de la Cámara de Diputados y no de mayoría simple para un eventual juicio político a la jefa de Estado.

Con esta decisión Zavaski inmoviliza una interpretación del reglamento efectuada por el líder de la Cámara baja, Eduardo Cunha, quien planteaba que era indispensable sólo una mayoría simple para un trámite de este tipo.

El fallo del magistrado anula de manera temporal la estrategia de la oposición de presentar este martes un pedido de enjuiciamiento político contra Rousseff, pues se necesita del consenso del pleno del STF para invalidar totalmente ese procedimiento.

En su respuesta, el miembro del Supremo solicita asimismo al máximo representante de los Diputados una explicación sobre su parecer e interpretación de las normas de la casa para tratar un eventual proceso político contra la presidenta del país.

Voceros parlamentarios anunciaron que asesores recomendaron al líder de la Cámara baja postergar para el jueves próximo una presunta propuesta de demandar un enjuiciamiento de la mandataria, con miras a estudiar más las opciones y argumentos de la oposición.

La democracia brasileña no es un juego de fútbol

En este contexto, el presidente nacional del PT, Rui Falcao, instó a la militancia a mantener la alerta ante cualquier intento en esta jornada de la oposición de pedir el inicio de un trámite de juicio político, sin bases jurídicas, en contra de la mandataria.

En un llamado a los miembros del partido, Falcao señaló que ni el rechazo del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de las finanzas públicas del gobierno en 2014, ni la decisión del Tribunal Superior Electoral (TSE) de reexaminar la contabilidad de la campaña de Rousseff, ya aprobadas anteriormente por esa instancia, pueden propiciar un juicio político contra la jefa de Estado. (I)