El gobierno brasileño pidió el martes a la Corte Suprema anular el procedimiento de 'impeachment' de Dilma Rousseff. 

A menos de 24 horas de que el Senado decida si abre un juicio político contra Rousseff, que la apartaría del poder por hasta 180 días, mientras la juzga, la mandataria aseguró que luchará con todas sus fuerzas para impedirlo.

"El último día de mi mandato es el 31 de diciembre de 2018", dijo Rousseff en una conferencia sobre políticas para las mujeres, frente a miles de fervientes simpatizantes.
"Voy a luchar [contra la destitución] con todas mis fuerzas, usando todos los medios disponibles, medios legales, medios de lucha", aseguró la exguerrillera de 68 años que en 2011 asumió como la primera presidenta mujer de Brasil.

La Abogacía General del Estado (AGU), que defiende a la mandataria, asegura que el proceso debe ser anulado porque el expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, suspendido la semana pasada, solo aceptó abrirle un juicio de destitución por "venganza" personal.

La AGU recuerda que Cunha -suspendido la semana pasada por obstruir investigaciones en su contra en el megafraude a Petrobras- dio luz verde a la solicitud luego de que el gobernante Partido de los Trabajadores decidiera apoyar una investigación que le inició la Cámara baja por faltas éticas.

A menos de tres meses de los Juegos Olímpicos que comienzan el 5 de agosto en Rio de Janeiro, Brasil está paralizado por la batalla del 'impeachment', una recesión económica que se anticipa como la peor en un siglo y una enorme investigación por corrupción en la estatal Petrobras, que tiene a decenas de políticos y empresarios en la mira.

Los 81 senadores tienen previsto reunirse el miércoles para decidir si abren un juicio de destitución a Rousseff, acusada de cometer un "crimen de responsabilidad" por ocultar déficits del presupuesto con préstamos de bancos estatales durante su campaña a la reelección y en los primeros meses de su segundo mandato.

El presidente del Senado, Renán Calheiros, dijo que la votación comenzará a las 09:00 (12:00 GMT) del miércoles y que quiere terminarla el mismo día, aunque en teoría podría durar más de 20 horas.

La mandataria insiste en que los gobernantes que la precedieron practicaban las mismas maniobras fiscales y asegura que es víctima de un "golpe parlamentario".

Son necesarios 41 votos de un total de 81 senadores para que Rousseff abandone el Palacio de Planalto, sede de la presidencia, y aguarde la sentencia final en la residencia oficial.

Si es suspendida, el vicepresidente Michel Temer, exaliado de Rousseff y hoy su mayor enemigo, asumiría el poder de forma interina. Y si Rousseff es finalmente destituida con los votos de dos tercios del Senado, Temer finalizaría su mandato en 2018.

"Estoy cansada de los desleales y los traidores", confesó la mandataria antes de identificar como autores de un "golpe moderno" a Temer y a Cunha.

Manifestaciones

Manifestantes ocuparon desde las primeras horas del martes varias de las principales avenidas de Sao Paulo y otras localidades, en una jornada nacional de protestas y movilizaciones en rechazo al impeachment.

Los frentes Brasil Popular y Pueblo Sin Miedo convocaron esta jornada de protestas, "ante la gravedad del escenario político y el avance de las fuerzas golpistas".

En un comunicado, ambas agrupaciones instaron a promover la paralización en distintas esferas del sector productivo, así como la realización de asambleas y debates respecto a las consecuencias sobre los derechos sociales y laborales de un posible gobierno del vicepresidente Michel Temer, al que acusan de "traidor".

Pidieron además paralizar las actividades en centros educacionales y realizar concentraciones al final del día en todo el país para, en actos políticos-culturales, reafirmar la denuncia del golpe en curso.

Más que una asonada contra el Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, electo por el voto popular, lo que está siendo duramente atacado son las conquistas del pueblo brasileño expresadas en la Constitución Federal de 1988, señala la convocatoria.

Subraya que" los golpistas hoy son los grandes empresarios de las federaciones patronales y todas sus confederaciones que evaden el pago de millonarios impuestos, junto a las empresas de comunicación controladas por un puñado de familias latifundistas que todavía no aceptan la abolición de la esclavitud y sectores judiciales".

Representantes del Frente Brasil Popular, de la Central de Movimientos Populares (CMP) y del Frente Pueblo Sin Miedo confirmaron ayer la realización de las manifestaciones, aún cuando saludaron la decisión del presidente interino de la Cámara de Diputados, Waldir Maranhao, de anular la votación del proceso de impeachment.

"Solamente con mucha movilización popular podremos asegurar esa decisión", manifestó entonces el coordinador general del CMP Raimundo Bonfim, quien consideró la resolución de Maranhao como una señal positiva y un elemento que reanima a la militancia para continuar denunciando el golpe en curso contra la Presidenta.

Mientras, el coordinador del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST) Guilherme Boulos, valoró en declaraciones al periódico Brasil de Fato que lo dispuesto por el titular interino de la Cámara baja reestablecía mínimamente la legalidad de la Constitución a la vez que reforzaba la ilegitimidad del golpe.

Sin embargo, en un comunicado difundido esta madrugada, Maranhao se retractó de su decisión de ayer, ante la amenaza de ser expulsado del Partido Progresista (PP), en el cual milita, y de perder el mandato. (I)