Las elecciones al Parlamento catalán de este domingo han generado una expectación sin precedentes, también en el ámbito internacional. Cataluña es una región del noreste español, con una lengua y cultura diferenciada, siendo Barcelona su capital; se trata de una sociedad plural que ha creado su identidad a partir de la integración cultural. Los comicios en esta nación histórica se planteaban como un primer peldaño hacia la independencia. Junto a Irlanda del Norte, Escocia y el País Vasco, es una de las naciones sin Estado que podría estar dando pasos hacia un proceso secesionista. Preguntarán, ¿es una dinámica vinculada a la crisis económica? Los fenómenos sociales no pueden desvincularse entre sí, y la crisis puede haber actuado de acelerador, pero se trata de un proceso que responde a razones propias.

Una dinámica estructural. Una traslación plural, transversal y rápida de la sociedad catalana hacia posturas independentistas o, como mínimo, favorables al derecho a decidir. La última encuesta del “Centre d’Estudis d’Opinió” arroja el dato de que un 57% de la ciudadanía votaría a favor de la independencia si se celebrase un referéndum y solo un 20,5% lo haría en contra. Hablo de proceso de traslación porque no ha sido siempre así. Si bien la defensa de derechos nacionales y lingüísticos ha estado en la agenda de la mayoría de fuerzas políticas y organizaciones sociales desde la transición política en los 70’, la demanda independentista masiva es relativamente nueva. El encaje entre dos culturas políticas distintas como son la española y la catalana ha sido una cuestión largamente discutida a lo largo de los siglos XIX y XX, pero han predominado las opciones federales, confederales o autonomistas.

En la última década en el Estado español se ha producido un proceso de recentralización, peligroso en un estado plurinacional y con conflictos territoriales abiertos. Para el caso catalán, el punto de no retorno se materializó en la sentencia que negaba la constitucionalidad de gran parte del articulado del nuevo “Estatut d’Autonomia”. La ley fundamental que tenía que regir Cataluña fue aprobada por la casi totalidad del legislativo autonómico y refrendada en consulta popular. Con posterioridad, el PP (derecha española) planteó un recurso de inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional falló a favor de una parte importante de este. El hecho de que la voluntad de diez jueces españoles pudiera más que todo un pueblo y sus representantes legítimamente elegidos fue leído por amplios sectores -de derechas y de izquierdas- como el agotamiento del modelo autonómico post-transición.

Una dinámica coyuntural. Este cambio social y cultural de fondo ha sido utilizado por la fuerza gobernante con intereses partidistas. A CIU (derecha catalana) la crisis económica le ha servido como coartada para implementar una verdadera agenda de recorte de derechos sociales y políticos, presentándose como alumno aventajado en la aplicación de las recetas neoliberales que venían de Europa. La oposición en la calle -desde movilizaciones sindicales al movimiento de los indignados- no ha dejado de sentirse y radicalizarse desde su victoria electoral con mayoría simple en 2010. Para tener manos libres y hacer de Cataluña un verdadero laboratorio de pruebas neoliberal buscaron conseguir una mayoría absoluta, convocando a elecciones anticipadas. Enarbolando la bandera de la independencia quisieron superponer los intereses nacionales a los intereses de partido. Y sí, se puso la cuestión independentista en agenda electoral, pero no les salió bien la jugada: se quedaron con 12 diputados menos frente a una izquierda nacional que registró un importante aumento. Así pues, el pueblo catalán en las urnas demandó derecho a decidir pero, sobre todo, más izquierda.