En una decisión unánime, los cinco miembros de la Segunda Sala de la Corte Suprema aceptaron una denuncia formulada por el Ministerio Público, que acusa a Jucá de haber negociado financiación ilegal con la constructora para la campaña de 2014.

Según las acusaciones, el dinero ni siquiera era para la campaña del senador, sino para su hijo Rodrigo Jucá, quien era en su momento candidato a vicegobernador en el estado de Roraima (norte).

El Ministerio Público sostiene que el senador exigió y obtuvo de Odebrecht la suma de 150.000 reales (hoy unos 42.000 dólares), que le fueron entregados sin ningún tipo de comprobante ni declaración, y que además la firma obtuvo su apoyo en iniciativas parlamentarias que favorecerían sus negocios.

Parte de los indicios que llevaron a esas conclusiones surgieron de testimonios prestados por exejecutivos de Odebrecht en el marco de un acuerdo de cooperación judicial, en el que revelaron maniobras similares en favor de decenas de políticos de diversos partidos.

Jucá es miembro del entorno político más íntimo del presidente Temer, quien al igual que otros dirigentes del MDB, entre los que se incluyen varios ministros, es objeto de vastas investigaciones por sospechas de corrupción.

El año pasado, Temer fue acusado formalmente dos veces de haber incurrido en hechos de corrupción por la Fiscalía, pero en ambas ocasiones la Cámara de Diputados, de amplia mayoría oficialista, impidió su desafuero y por tanto que fuera juzgado.

La Corte Suprema todavía investiga al mandatario por supuestas maniobras que habrían favorecido a una empresa privada mediante un decreto referido al sector portuario.

Sobre ese caso, el magistrado Roberto Barroso, responsable por la investigación, ha llegado a autorizar el levantamiento del secreto que pesa sobre los datos bancarios y fiscales de Temer.

No obstante, y aún investigado, Temer sólo podría ser juzgado mientras esté en ejercicio del cargo con la autorización que la Cámara Baja ya negó dos veces el año pasado.

Sin el consentimiento de los diputados, cualquier juicio contra el gobernante solamente podría ser iniciado a partir del 1 de enero, cuando Temer le entregará el cargo al ganador de las elecciones presidenciales previstas para octubre. (I)