El presidente de Perú, Pedro Castillo, compareció ante la Fiscalía durante tres horas en un caso de supuesto tráfico de influencias y lavado de dinero, relacionado con la entrega de un contrato público valorado en 232,5 millones de soles (52 millones de euros).

El caso aborda la adjudicación de dicho contrato al Consorcio Tarata III para la construcción de un puente sobre el río Huallaga a su paso por el departamento de San Martín (norte), después de que una oficina del Ministerio de Transportes señalara que no cumplía con los criterios técnicos necesarios.

En concreto, la comparecencia del mandatario se ha llevado a cabo en la sede del Ministerio Público y ha estado a cargo del fiscal supremo adjunto, Samuel Rojas, coordinador del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, tal y como ha recogido el diario 'El Comercio'.

Castillo ha ingresado en el edificio caminando, con fuertes medidas de seguridad y miembros de la Policía peruana haciendo un cordón policial debido a las protestas que se han registrado en el exterior, con pancartas y megáfonos.

Según ha señalado el diario 'La República', es el primer jefe de estado en el cargo que responde ante la Fiscalía en calidad de investigado por presuntos actos de corrupción en el marco de una investigación preliminar abierta por el fiscal Pablo Sánchez.

Castillo aseguró este jueves que asistiría a la citación "para dar la cara", pese a que su defensa legal sustentó en vísperas del interrogatorio un requerimiento para dejar sin efecto la investigación fiscal, tal y como ha recogido la peruana RPP.

"Estoy sometido a una serie de algunas investigaciones y acusaciones también. Asistiré a todas, iré a todas, porque de eso se trata, dar la cara donde nos tienen que llamar", señaló.

El mandatario peruano fue incorporado a finales de mayo a las pesquisas que ordenó Sánchez en contra del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva y seis congresistas de Acción Popular conocidos como 'Los Niños' por la empresaria Karelim López, por presunto tráfico de influencias.

Según la Fiscalía, la presunta organización criminal contó con dos grupos con tareas definidas. El primero captaba y negociaba con empresarios y estuvo conformado por el exsecretario general de la Presidencia Bruno Pacheco, el empresario Zamir Villaverde y dos sobrinos del presidente: Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez.

La investigación gira en torno a las declaraciones de López, quien se habría reunido en el Palacio de Gobierno con Pacheco y los sobrinos de Castillo, quien aseguró que Villaverde presentó al empresario Luis Pasapera un listado de obras del Ministerio de Transportes, a las que podían presentarse sus empresas sin necesidad de concurso público.

El segundo grupo sería el responsable de la ejecución del delito favoreciendo a determinadas empresas en las contratas y estaría integrado por funcionarios de Provías Descentralizado, previamente designados por el exministro Silva. La Fiscalía sostiene que la organización tenía una estructura vertical, con integrantes en distintos niveles.

Zoraida Ávalos, la anterior fiscal de la Nación, abrió dos investigaciones contra el presidente Castillo, aunque las suspendió hasta el término de su mandato, previsto para julio de 2026. Una fue por las presuntas irregularidades en Petroperú y Provías Nacional, y la otra por los ascensos en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. 

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