El Partido Popular (PP) no parece haber encajado bien su incapacidad para formar gobierno en España. Según trascendió ayer, el partido conservador presionó a todas las esferas de poder a su alcance para evitar, incluso, que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) al menos tuviera la posibilidad de intentarlo. La propuesta de bloqueo llegó hasta al jefe del Estado, el rey Felipe VI, para que a la vista de la situación no trasladara al socialista Pedro Sánchez la responsabilidad de configurar un nuevo ejecutivo, tal y cómo intenta hacerlo en estos momentos.

Las dificultades de Mariano Rajoy para recabar los apoyos que garanticen su candidatura, 52 votos adicionales a los 123 diputados que tiene el PP en el Congreso, forzó a los conservadores a contemplar fórmulas alternativas que permitieran convocar nuevas elecciones al Gobierno en funciones sin tener que someterse al trance del Parlamento. Incluso consultaron la posibilidad de que el Consejo de Estado elaborara un informe favorable a sus intenciones.

Según publicó ayer el diario El Mundo, la Casa Real, alertada de estas maniobras, ‘lo paró’.

La situación ha explotado en las manos de Rajoy en el peor momento posible, a escasas horas de la protocolaria reunión que mantendrá con el líder socialista y en medio del escándalo provocado por algunas decisiones destinadas a ocultar nuevos casos de corrupción.  

El asunto más lacerante, en opinión de los portavoces del resto de fuerzas políticas españolas, es el de la dirigente derechista de Valencia, Rita Barberá, que tras perder la alcaldía de la capital a favor de la coalición de partidos de izquierda, fue nombrada presidenta de la Comisión Constitucional del Senado. Barberá, una de sus principales dirigentes políticas hace más de 30 años, encabeza la lista de sospechosos del gigantesco desfalco perpetrado en la Comunidad Valenciana durante los 25 años ininterrumpidos de gobierno conservador. La situación económica del territorio es alarmante, casi de quiebra técnica, mientras la justicia comienza a imputar a todos los miembros del gabinete de Barberá por blanqueo de capitales y una malversación de dinero público que podría superar los $10.000 millones.

Sin embargo, el PP ha actuado con rapidez para evitar que pueda ser investigada por el juez que instruye la trama. De este modo, Barberá fue destituida el martes de su cargo en el Senado, tal y como exigieron todos los partidos con representación institucional; pero en lugar de hacerlo para eximirla de los derechos especiales que protegen a los senadores de la justicia ordinaria, fue para blindar su excepcionalidad, incluso si se convocan nuevas elecciones.  

La protesta es tan superlativa que deja sin margen de explicación a un PP donde comienza a aflorar un descontento interno próximo a la capitulación. La prueba palpable es la recuperación como vocero mediático de su ministro más derechista, el del Interior, Jorge Fernández Díaz, con declaraciones implacables sobre un posible acuerdo entre PSOE y Podemos: “La organización terrorista ETA espera que se firme ese acuerdo”. La realidad es que ETA renunció al uso de las armas hace 4 años y solo espera que facilitadores oficiales permitan la entrega de su arsenal para disolverse de forma definitiva.

Titiriteros recobran libertad

Otro dato que algunos analistas consideran como un termómetro de la mala hora que se vive en el PP es la activación del delito de ‘enaltecimiento del terrorismo’. En los últimos días fueron detenidos dos titiriteros que ayer fueron puestos en libertad aunque con cargos por apoyar a Al Qaeda y la banda vasca ETA. Según la Fiscalía del Estado, un cargo nombrado por el PP, estos jóvenes exhibieron un cartel incuestionable durante una función satírica con niños celebrada en los festejos del Carnaval de Madrid.

Los artistas decidieron introducir en la representación un cartel para ‘justificar el castigo’ que el villano de la obra infringía a la víctima. En el rótulo colgado del cuello del títere podía leerse ‘Gora Alka-eta’, un incomprensible juego de palabras que algunos interpretaron como una exaltación de Al Qaeda y de la organización terrorista ETA.

Organizaciones internacionales de juristas que trabajan como instituciones consultivas para la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas han pedido en varias ocasiones al Gobierno español un límite razonable en la aplicación del delito de ‘apología del terrorismo’, ya que, en su opinión, es utilizado con demasiada frecuencia para actos que solo muestran la libre opinión de ciudadanos. (I)