En un esfuerzo por ganar un segundo periodo presidencial, Donald Trump trata de presentarse como un soporte para los más de un millón de exiliados cubanos y venezolanos que viven en el sur de  Florida.

El mandatario respalda un movimiento de oposición que tiene como fin sacar del poder al gobernante venezolano, Nicolás Maduro, e imponer fuertes sanciones económicas al Gobierno de Cuba. El mes pasado, el vicepresidente Mike Pence viajó a Miami para presentar la campaña Latinos por Trump, dirigida a recabar apoyo hispano para la reelección del republicano.

Pero en momentos en que la política de inmigración sube de tono, los esfuerzos de Trump por controlar la llegada masiva de indocumentados pueden afectar a los mismos electores a quienes trata de ganarse con tanto ahínco en la Florida, un estado clave para que Trump obtenga la reelección.

El Departamento de Seguridad Nacional implementó esta semana una nueva regla interina que puede bloquear la mayoría de las solicitudes de asilo en la frontera con México, y potencialmente impedir que miles de cubanos y venezolanos entren a Estados Unidos.

Dos senadores federales demócratas dieron a conocer una carta del director en funciones del Servicio de Ciudadanía e Inmigración que expresa que el Gobierno no tiene planes de otorgar el estatus de protección temporal a los venezolanos que han huido de su país debido a la fuerte crisis política y económica que afecta a su nación.

Cambio de reglas
El senador republicano por Carolina del Sur Lindsey Graham cumplió el jueves una amenaza y cambió las reglas del Comité Judicial del Senado para lograr la aprobación de más restricciones al asilo sin ningún voto demócrata.

Entre otros elementos, el proyecto de ley de Graham autoriza la detención prolongada de menores arrestados en la frontera sur -más allá de los 20 días que permite el “Acuerdo Flores” de 1997-, aprueba fondos para contratar a 500 jueces de Inmigración, y obliga a los migrantes a solicitar asilo en sus países de origen o en México, algo que contraviene el derecho internacional.

Graham, un férreo aliado de Trump, dijo que su iniciativa es necesaria para aliviar la crisis migratoria en la frontera sur y que, a su juicio, “se vuelve un desastre”.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) impugnará la nueva regulación en los tribunales. También la Acnur, la agencia de la ONU para los refugiados, mostró preocupación por lo que significa la regulación, en términos de que limitaría el acceso al asilo a los inmigrantes centroamericanos y caribeños.

La frontera sur de Estados Unidos vive una crisis por el elevado número de solicitantes de asilo provenientes de Centroamérica y el Caribe.

Por ello, el gobierno de Trump busca con Honduras y El Salvador acuerdos migratorios similares al que firmó recientemente con Guatemala, informó el secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, lo que ampliaría la zona intermedia para los migrantes, cuya meta es territorio estadounidense.

El funcionario hizo el anuncio en Guatemala, luego de que esa nación centroamericana aceptó convertirse en tercer país seguro para migrantes que solicitan asilo.

México se negó a adoptar ese estatus, pero bajo la presión de Trump aceptó acoger a migrantes centroamericanos mientras sus solicitudes de asilo son procesadas por los tribunales estadounidenses.

Ayer se conoció que Estados Unidos devolvió a 800 migrantes a México por Matamoros en las últimas dos semanas, cuando el programa del presidente Trump “Permanecer en México” se extendió a esta ciudad al noreste de Tamaulipas.

 Desde enero pasado, la nación norteamericana devolvió a más de 20.000 solicitantes de asilo a México para que esperen allí la resolución del proceso.

Empezando por Tijuana, extendió los puntos de devolución hacia el este, en lo que supone uno de los cambios más drásticos de la política migratoria de Washington en los últimos años. (I)