Bogotá.-

La reforma agraria y la restitución de las tierras a los despojados surgió como la primera polémica entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), horas después de la instalación de la mesa de diálogos de paz en Oslo. Ante esto, distintos sectores plantearon a las partes que actúen con mesura y discreción.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó ayer que el proceso de restitución de tierras a campesinos desplazados por la violencia le está quitando banderas políticas a las FARC, en una réplica a las críticas que hizo el jefe guerrillero Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”, a su programa agrario, el jueves, durante la apertura de las negociaciones en Oslo. “Cuando estos señores de las FARC dicen que esta ley es mentira es porque les estamos quitando sus banderas”, expresó el mandatario.

El gobernante agregó que muchas de las tierras que están en proceso de restitución fueron  despojadas por las FARC, pues, según el Ministerio de Agricultura, cerca del 40% de reclamantes dice haber sido desalojado de sus predios por este grupo armado.

El gobierno de Santos impulsó el año pasado una ley de restitución de tierras que persigue devolver, antes del fin de su presidencia en 2014, unos dos millones de hectáreas a cerca de 400.000 familias que se calcula que fueron desplazadas por la fuerza en Colombia desde 1991.

“Iván Márquez”, jefe negociador de las FARC, señaló que esa política de devolución de tierras no era cierta y que solo buscaba favorecer, entre otros, a las grandes familias y empresarios del país, incluso al ex presidente Álvaro Uribe y su familia.

Estas declaraciones generaron polémica en varios sectores políticos de Colombia, por lo que el Centro de Pensamiento para la Paz y el Posconflicto, integrado por estamentos como las Comisiones de Paz del Congreso y coordinado por el ex jefe guerrillero Francisco Galán, invitó al Gobierno y a las FARC a que busquen acuerdos parciales.

“La construcción de un acuerdo para cesar el conflicto no es un camino fácil, sugerimos avanzar en acuerdos parciales en los temas de convergencia”, indicaron en un comunicado Galán y el presidente del Senado, Roy Barreras, donde también les piden mesura y discreción.

“Las FARC deben sentarse a la mesa con la voluntad sincera de negociar el final del conflicto armado y no como un mecanismo para hacer un alto para acumular fuerzas para la toma del poder”.

Consideran que esta guerrilla debe moderar sus expectativas y entender que hay un Estado y sociedad constituidos, y que han tendido la mano generosa para el abandono de la violencia. “Las FARC deben reconocer la disponibilidad del Gobierno a profundizar reformas que contribuyan a acortar las brechas sociales para que la nación continúe por la prosperidad”, declararon.

A su turno, la presidenta del Polo Democrático, Clara López, declaró que ante la sorpresa de muchos por el tono, “el discurso de las FARC es consistente con su posición política”, y resaltó que lo importante es que la negociación con los representantes del Gobierno se lleve a cabo a profundidad.

El desarrollo agrario integral es un punto central para las FARC, una guerrilla fundamentalmente campesina, y será el primero de los cinco temas de la agenda de paz que comenzará a discutirse el próximo 15 de noviembre en La Habana.

Según el acuerdo preliminar, firmado el pasado 26 de octubre, luego de seis meses de acercamientos entre ambas partes, también se analizará sobre la participación política, el fin del conflicto, el narcotráfico y las víctimas.