El gobierno boliviano y representantes de los policías amotinados desde el pasado jueves reanudaron ayer las conversaciones interrumpidas en la madrugada con la intención de encontrar una solución al conflicto.

La reanudación del diálogo, en el cual los agentes del orden público piden un aumento salarial, la jubilación con el ciento por ciento del sueldo, y la revisión de la Ley 101 de Régimen Disciplinario, pudiera llevar a un acuerdo, luego que los policías consultaron con sus bases las proposiciones gubernamentales.

En las negociaciones participan el ministro de Gobierno, Carlos Romero; el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez; y la ministra de Desarrollo productivo, Teresa Morales, así como Édgar Ramos, por la Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías.

Ramos recordó antes de entrar a las negociaciones el pedido de "abrogación de la Ley 101 y el trato de la escala salarial maestra, entre otros".

Hasta la víspera, la primera de las demandas de los amotinados era la nivelación salarial con las Fuerzas Armadas, pero los destrozos causados en varias instituciones y oficinas del cuerpo policial, cambiaron las prioridades y ahora piden que no se castigue a los involucrados en los hechos vandálicos.

En las negociaciones iniciadas la víspera, el Gobierno planteó una nivelación salarial de dos mil bolivianos (unos 287 dólares), para los de más baja graduación.

Diferentes sectores sociales aguardan por la solución del conflicto, que facilitaría el regreso a la normalidad en las principales ciudades del país.