La Guardia Civil española anunció este martes haber incautado en una empresa de mensajería en Cataluña más de 45.000 notificaciones que iban a ser enviadas a miembros de mesas del referéndum de independencia del 1 de octubre, prohibido por la justicia española.

Inspecciones en diferentes instalaciones de la empresa Unipost permitieron confiscar "más de 45.000 certificados de notificación cerrados, dispuestos por ciudades y poblaciones de (...) Cataluña, para su remisión a ciudadanos en el proceso de montaje del referéndum", explicó un comunicado de la Guardia Civil.

Estos registros forman parte de los esfuerzos de las instituciones españolas para impedir la consulta, que fue suspendida por el Tribunal Constitucional.

"El número de certificados de notificación incautados podría suponer el 80 por ciento de las comunicaciones necesarias para cubrir las mesas electorales", según la misma fuente.

Las instituciones españolas han aumentado en los últimos días las acciones contra el referéndum, convocado por el gobierno independentista catalán: allanamiento de imprentas y lugares que puedan suministrar material electoral y citaciones de la fiscalía a alcaldes dispuestos a permitir la celebración de la votación, entre otras medidas.

"En el contexto de las diferentes investigaciones que lleva a cabo la Guardia Civil dirigidas a la localización e intervención de material para publicitar o constituir el referéndum ilegal", se inspeccionaron sedes de Unipost en Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Manresa y Terrasa, indicó la Guardia Civil.

Fue en las dos últimas localidades donde se encontraron los certificados.

La mayor parte de ellos estaban en la sede de Terrasa, a 30 km de Barcelona, donde un juez había ordenado la tarde del martes la incautación de una "ingente cantidad de sobres con el logotipo de la Generalitat", el Ejecutivo catalán, según un auto distribuido por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Dentro del material podría haber tarjetas censales, que informan a los electores sobre su lugar de votación, "necesarias para celebrar el referéndum del 1 de octubre", indicó el auto.

Protesta prorreferéndum 

Al igual que en otros sucesos similares donde ha actuado la Guardia Civil en Cataluña, varias decenas de personas se concentraron frente a la empresa en Terrasa con pancartas a favor del referéndum.

Algunos de ellos se sentaron, bloqueando la puerta, para impedir que ingresara el secretario judicial a entregar la orden de incautación, y tuvieron que ser retirados cargados entre varios agentes de la policía catalana, constató un periodista de la AFP.

El responsable de la empresa de mensajería podría ser objeto de sanciones como "cooperador necesario de un delito de malversación de caudales públicos", agregó el auto.

Dentro de sus acciones, la Guardia Civil confiscó el domingo cerca de Barcelona 1,3 millones de octavillas, folletos y afiches para el referéndum.

El gobierno separatista de Cataluña se muestra decidido a organizar a cualquier precio el referéndum de autodeterminación el 1 de octubre, ignorando la prohibición del Tribunal Constitucional.

Los separatistas son mayoría en el parlamento catalán desde 2015, pero la sociedad catalana se muestra muy dividida ante la independencia de esta región de 7,5 millones de habitantes, según los sondeos.

En las elecciones regionales de 2015, los independentistas obtuvieron el 47,6% de los votos y los defensores de seguir en España el 51,28%. Pero 70% de los catalanes está a favor de zanjar la cuestión a través de un referéndum legal, según encuestas. (I)