La Policía brasileña allanó el martes la vivienda del expresidente y actual senador Fernando Collor de Melo (1990-92), en el marco de una gigantesca operación en varios estados para buscar pruebas en la causa de corrupción en la estatal Petrobras.

Los 53 procedimientos fueron autorizados por la Corte Suprema, responsable de juzgar los casos que involucran a políticos con cargos vigentes, en la trama delictiva que le costó más de $2.000 millones en pérdidas a la petrolera.

"Las medidas son necesarias para el esclarecimiento de los hechos investigados en el ámbito del Supremo Tribunal Federal, siendo que algunas son para garantizar la aprehensión de bienes adquiridos mediante una posible práctica delictiva y otras para resguardar pruebas relevantes que podrían ser destruidas en caso de no ser incautadas", dijo el procurador de la República, Rodrigo Janot, en un comunicado.

Collor, que renunció a la presidencia poco antes de que el Congreso votara su destitución por corrupción, calificó de "invasiva y arbitraria" la operación, que a su juicio busca "alimentar el clima de terror y persecución para intimidar a futuros testigos", según un comunicado de su defensa divulgado en su cuenta de Twitter.

"La medida invasiva explica los tiempos en que vivimos, en que un estado policial procura imponerse menoscabando las garantías individuales, sea un expresidente, un senador de la república o un simple ciudadano", añadió.

Los allanamientos se realizaron tanto en su residencia en Brasilia como en la de Alagoas (noreste), estado que representa en el Senado, y al igual que los restantes procedimientos, tuvieron como "objetivo principal evitar que pruebas importantes sean destruidas por los investigados", explicó la policía en un comunicado.

Durante la operación en la capital fueron incautados tres autos de lujo, un Ferrari, un Lamborghini y un Porsche, que según la prensa pertenecen al senador.

Secreto de sumario

La búsqueda de pruebas fue realizada por unos 250 policías y alcanzó también al senador Ciro Nogueira y al diputado Eduardo da Fonte, ambos del Partido Progresista (PP, aliado del gobierno), y al senador opositor Fernando Bezerra (PSB), quien divulgó una nota a la prensa donde dijo estar aguardando "el momento de su declaración" y "el pleno esclarecimiento de los hechos".

Ninguno de los organismos que trabajan en las pesquisas confirmó a la AFP los nombres de los funcionarios cuyas residencias, oficinas o asesorías legales están siendo allanadas en seis estados y la capital, Brasilia, ya que todos los procesos están bajo secreto de sumario.

Las investigaciones del llamado "Petrolao" pusieron en la mira de la Justicia a 13 senadores, 22 diputados y dos gobernadores en funciones de seis partidos políticos distintos. La mayoría de los delitos investigados son fraude, lavado de dinero, desvío de fondos al exterior y organización delictiva.

La gigantesca red de corrupción que se enquistó en Petrobras durante una década fue revelada en la llamada "Operación Lava Jato" (lavadero de autos), que echó luz sobre una confabulación de empresarios, directivos de la petrolera y políticos, que alcanzó de lleno al oficialista Partido de los Trabajadores (izquierda) y dejó en una situación delicada al gobierno de la presidenta Dilma Rousseff.

Por esta causa están detenidos cuatro exdirectivos de Petrobras, varios de los más encumbrados empresarios de la construcción del país, como los presidentes de Odebrecht y Andrade Gutierrez, y el ahora extesorero del gobernante PT, Joao Vaccari, quien es acusado de haber sido el articulador financiero del partido de Rousseff en la trama.

Las permanentes revelaciones del "Petrolao" se basan en confesiones de investigados que colaboran con la Justicia a cambio de una reducción en sus condenas, un sistema que genera polémica en Brasil, ya que no son probatorias pero tienen alto impacto en la opinión pública. 

En caso de que los testimonios sean corroborados como falsos, los castigos penales se multiplican.

En una reciente gira por Estados Unidos, Rousseff dijo no respetar a los delatores y negó haber recibido fondos ilegales de Petrobras para su campaña 2014, luego de que se filtrara a la prensa el supuesto testimonio del empresario Ricardo Pessoa, quien relató al semanario Veja "cómo financió campañas al margen de la ley". (I)