Alejandro Toledo, expresidente del Perú, vive horas amargas. Su fotografía y nombre figuran en la lista de los delincuentes más buscados del país. Por un dato que lleve a su captura se ofrecen, desde ayer, 100.000 soles ($ 30.000), la cifra más alta con la que el gobierno recompensa a quien ayude a poner tras las rejas a los requeridos por la justicia.

Aunque parezca extraño, pues la celeridad no es una condición por la que se caracterice la justicia peruana, esta recompensa se difundió inmediatamente emitida su orden de captura, nacional e internacional. El Ministerio Público busca encarcelar, durante los próximos 18 meses a Toledo, mientras transcurren las investigaciones alrededor de la presunta recepción del exmandatario de $ 20 millones donados por la constructora brasileña Odebrecht por la adjudicación de las fases 2 y 3 de la carretera Interoceánica, en 2005.

Toledo, quien a inicios de la semana pasada hizo noticia luego de que se develaran las declaraciones de un colaborador eficaz en las que se señalaba cómo se hicieron los pagos de esos $ 20 millones, permanecía en París, junto con su esposa Eliane Karp, hasta mediados de esta semana.

Hacia Interpol de ese país se han inclinado todos los esfuerzos del Ministerio del Interior del Perú para que, con rapidez, se llegue a la captura del exmandatario. De acuerdo con Carlos Basombrío, titular de esa cartera de Estado, se busca que el día de hoy, a más tardar, se dé con el paradero de Toledo y, de ser posible, se lo detenga para dar paso a su extradición al Perú.   

El ambiente político peruano ha sido sacudido por estos acontecimientos. Toledo, quien asumió el poder luego de la caída del fujimorismo, era visto como un referente político y moral del país, apenas iniciado el 2000. Diecisiete años más tarde es requerido por la justicia y podría convertirse en el segundo presidente, después de Alberto Fujimori, en ser encarcelado.

El Ejecutivo, presidido por Pedro Pablo Kuczynski, exministro de Economía en el gobierno de Toledo, lleva adelante una serie de trámites que garanticen celeridad con la captura del exjefe de Estado. “Si alguien cometió delitos debe pagar por ellos”, señaló al inicio de la semana Kuczynski, cuestionado por una supuesta lentitud en la toma de decisiones, favoreciendo a Toledo.

La defensa del exmandatario baraja ahora mismo las alternativas que este tiene para enfrentar la decisión judicial. Apelar la sentencia, pedir un habeas corpus, acudir a instancias internacionales, figuran entre las acciones a aplicarse en los próximos días.

Sin embargo, carente de un partido político que lo apoye y con sus excoidearios dándole la espalda, Toledo parece tener todo en contra.

El tiempo se encargará de evidenciar si, aquel hombre que decía encarnar el regreso del Pachacutec, regresa esposado para cumplir condena en una cárcel del Perú. (I)