“No tienen que matarnos para que se giren a vernos”. Es la queja de Yohali Reséndiz, la periodista mexicana que, a pesar de estar protegida por el Estado, vive con miedo al ver que los protocolos se activan cuando ya es demasiado tarde.

El mecanismo de protección acoge a 498 defensores de derechos humanos y 292 periodistas, cuya vida corre peligro por el simple hecho de cumplir con su trabajo.

Y, además, tan siquiera funciona correctamente, tal y como reconoció el propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el 25 de marzo.

“Estamos analizando distintos instrumentos que nos permitan identificar situaciones de riesgo” para atender a las personas aunque no formen parte del mecanismo, dijo el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.

En cifras, siete periodistas fueron asesinados desde que el líder izquierdista asumió la Presidencia el pasado 1 de diciembre, por lo que la situación es alarmante.

El oficio del periodista en México es uno de los más arriesgados y la situación no mejora, ya que cada 16,1 horas un periodista es agredido y el 99 % de los casos se quedan en la impunidad, puntualizó la organización en su artículo 19.

Durante la presentación del informe anual sobre libertad de expresión e información, bajo el título “Ante el silencio, ni borrón ni cuenta nueva”, la ONG reclamó que se termine con el silencio.

La periodista Reséndiz investigaba un tema de abuso sexual infantil en 2016 cuando recibió amenazas de muerte. Al inicio fue en sus redes sociales, después en su carro y casa, y desde entonces recibe protección, pero tras dos problemas no vio repuestas inmediatas o seguras.

Lo mismo siente Edwin Canché, un periodista que en 2014 fue torturado por la Policía y el alcalde del municipio de Seyé, en Yucatán, por cubrir y fotografiar un accidente de tránsito. (I)