DEBATE
Pérez, Aharonian, Brieger y Serrano debaten sobre Venezuela
¿A qué debe renunciar Nicolás Maduro? – Por Orlando Pérez, director del diario ecuatoriano El Telégrafo
En Venezuela hay proceso de desestabilización en marcha. ¿Desde cuándo? Hace más de 15 años, sin ninguna duda. Y en cada período presidencial, tras cada triunfo electoral, la oposición interna y externa ha planteado la salida de Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro.
Entonces, ¿dónde está la diferencia desde hace un año? ¿La muerte de Chávez marcó una cambio fundamental o con él vivo habría ocurrido algo parecido? ¿La oposición ha ido más lejos solo porque tiene al frente a otro presidente?
El desprestigio en el que cayó la oposición y su aparato mediático tras el fallido golpe del 2002, sin descontar las contradicciones en el bloque oligárquico, dejó por muchos años sin piso sus argumentos y supuestos postulados democráticos. Y son los mismos que ahora enarbolan los nuevos líderes, incluido el ahora alcalde detenido y procesado judicialmente.
Con mucha seguridad, si Chávez siguiera vivo continuarían cada una de las acciones planificadas y ejecutadas por la confluencia de esas fuerzas reaccionarias que han explotado determinados temas y problemas (particularmente los de orden económico), tras dejar de enarbolar los de la libertad de expresión y supuestas restricciones en la disputa electoral. No olvidemos que el propio Chávez invitó al diálogo y a la confluencia de aportes y soluciones a los problemas de su momento, ante lo cual no hubo respuesta, quizá porque descolocó a aquellos que pensaron que solo recibirían represión.
Tras los sucesos de febrero de 2014, con en ensañamiento de las guarimbas (para crear la falsa imagen de que el pueblo era el que se levantaba), pero sobre todo tras la reunión sostenida con la alta dirigencia del gobierno y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), se desnudó la verdadera intención: boicotear y explotar mediáticamente una victimización exacerbada de los opositores. ¿Ya nos olvidamos cómo dejaron a un lado a Leopoldo López en esa reunión en el palacio de Miraflores? ¿Por qué ahí Capriles no supo defender a quien ahora califica como mártir? ¿Ya nos olvidamos el compromiso adquirido por esos dirigentes opositores de colaborar en la pacificación y en la solución de los problemas económicos?
Si los medios y la oposición no han logrado vencer en el plano del discurso, en las urnas y mucho menos en la defensa de valores democráticos, ahora habrá que esperar un conjunto de acciones, camufladas, abiertas o forjadas para alimentar la necesidad de una intervención extranjera del orden que sea.
De hecho, resulta paradójico que la derecha extrema –la que en sus discursos poner por delante la democracia como el paradigma de la convivencia plena y política- sea la que apele ahora a la renuncia, golpismo, intervención extranjera y la presencia de organismos internacionales.
Por todo ello, a qué debe renunciar Nicolás Maduro como sostienen las grandes cadenas de televisión y la SIP a través de supuestos voceros ‘neutrales’. ¿El pedido es para desplazar a un mandatario legítimamente elegido y con amplio respaldo o a un proyecto político en desarrollo con todas sus complejidades, contradicciones y errores puntuales?
No puede renunciar quien tiene la responsabilidad de sostener una demanda popular y administrar el Estado tal y como lo ordena la Constitución. Y mucho menos lo puede hacer en el marco de un asedio político-mediático con claros afanes golpistas. A ningún líder, mientras va resolviendo los problemas que la misma oligarquía crea, se le ocurriría ceder el puesto para dar paso a los responsables del caos y la violencia. Solo imaginemos cuáles serían las primeras medidas tomadas por un supuesto gobierno de transición. ¿Ya nos olvidamos qué hicieron los golpistas en sus primeras horas en el 2002?
Como dijo Aram Aharonian: “Es deber del gobierno desmontar los elementos de malestar y preocupación que crean el clima propicio para el complot y la conjura. La situación económica –desabastecimiento, inflación- pesa y desestabiliza”. ¿A eso se puede renunciar?
Por otro lado, el elemento central de todo este debate es que la agenda política desestabilizadora no es ni está pensada solo para sacar del poder a Nicolás Maduro sino sobretodo para abrir el espacio y los mecanismos que generen una cadena golpista en la región, “gracias al ejemplo de la oposición venezolana”, como ya dicen las fuerzas conservadoras de Ecuador, Bolivia, Brasil y Argentina.
Si el propósito de los Estados Unidos es sentar un precedente y con ello legitimar el golpe y la constitución de una dictadura avalada por Washington (como ya ocurrió en Paraguay y Honduras, con el manto de destitución y transición), es evidente que Nicolás Maduro no puede ni debe renunciar, desde ningún punto de vista. Al contrario, está en la obligación de fortalecer su gobierno, atender con sabiduría los problemas económicos y crear las condiciones para un desarrollo pacífico de las transformaciones sociales.
Y del otro lado, queda latente la obligación regional y continental de respaldar y defender el sistema democrático de Venezuela y a sus autoridades legítimas. Eso, obviamente, conlleva un amplio trabajo político de los organismos regionales creados desde el siglo pasado bajo el amparo de los gobiernos progresistas.
De todos modos, a la ofensiva opositora regional (amplificada por el cartel de la SIP) hay que responder con mayores argumentos e instrumentos. El principal: la mayor cantidad de información sobre la realidad, un agudo debate para contraponer a los creadores y forjadores de falsas noticias. Y, por qué no, un juicio continental a todos los culpables y responsables de la tragedia a la que quieren llevar los bien identificados actores políticos de la derecha continental, empezando por aquel ex presidente colombiano que constituye el principal ideólogo de toda la tarea que se verificó en febrero del 2014.
Transición o no transición, esa es la cuestión en Venezuela – Por Alfredo Serrano Mancilla, director del CELAG
El debate impulsado por NODAL es positivo para crear un ámbito de reflexión y discusión sobre temas puntuales del ámbito latinoamericano y caribeño. En este sentido los aportes de Aram Aharonian y Pedro Brieger sobre la situación en Venezuela pueden servir como puntapié inicial para reflexionar sobre las compleja realidad de los gobiernos populares. Lo de golpear a la democracia cuando ésta no conviene a ciertos intereses es algo que data desde la propia implementación de las reglas democráticas. En Venezuela, esta práctica se ha repetido insistentemente desde que Hugo Chávez ganara las elecciones de Diciembre de 1998. Se han producido tantas modalidades de intentos de golpes de Estado que sería preciso denominar a este fenómeno comogolpismo del siglo XXI como estrategia antidemocrática para buscar derrocar al socialismo bolivariano del siglo XXI. Cada batalla que se pierde en las urnas se procura ganar por otra vía. Es una suerte de alergia a cada intento de dirimir en una contienda electoral quién tiene más apoyo en el pueblo venezolano. Resulta verdaderamente contradictorio que los adalides de esa democracia liberal sean los mismos que nieguen los resultados de cada cita electoral. Aunque mirando las estadísticas electorales, uno puede explicar por qué ese comportamiento entre aquellos que nunca estuvieron acostumbrados a perder durante tanto tiempo. Es lo que tiene el cambio de época en Venezuela (y en muchos otros países de América latina): lo que antes era una hegemonía es ahora sustituida por otra, en la que el pueblo decide otro modelo social-económico-político, con otro sentido común, otros significantes y léxicos, otras preferencias. Y este cambio de época también parece haber provocado que la oposición no acepte ni entienda que son ellos los perdedores en cada cita electoral, una especie de autoengaño como mecanismo de defensa y rechazo psicológico a aceptar la nueva realidad. Este hecho seguramente se apoya en un dato nada sencillo para aceptar: 18 victorias electorales de 19 convocatorias (elecciones presidenciales, regionales y municipales, asamblea, referendos constitucionales y revocatorio); 95% de elecciones ganadas a favor del chavismo cada vez que se decide ir a las urnas.
El año 2002 fue el primer capítulo de esta serie golpismo del siglo XXI que lleva ya demasiadas temporadas. En el momento en el que el proyecto de Chávez decidió, con amplio apoyo popular, que la renta venezolana petrolera en origen debía ser reapropiada a favor de los venezolanos, entonces, el primer embiste no tardó en llegar. Primero, abril 2002, y ante este intento fallido, el golpe petrolero en diciembre del mismo año. Tampoco pudo ser, y a partir de ahí, siguieron empeñados en la misma tarea pero de distintas maneras. Acudieron al revocatorio (año 2004) pero tampoco les funcionó. Y así continuaron constantemente copiando viejas fórmulas y/o reinventando nuevos métodos más afines a los nuevos tiempos. La muerte de Chávez abrió más –aún- el apetito golpista opositor. Después de perder en Octubre contra Chávez (por 11 puntos de diferencia) en 2012, buscaron derrotar a Maduro en Abril 2013, pero tampoco pudo ser. Nueva derrota, nueva medalla de plata para la apuesta electoral de la MUD. Como la eficacia electoral brillaba por su ausencia, se tuvo que acudir a los viejos manuales de desestabilización, de golpe a cámara lenta, de guerra económica vía otra arma de destrucción masiva, la inflación, combinada con desabastecimientos en algunos bienes que puedan generar nerviosismo y desapego al proceso bolivariano. Marco ideal para plantear un plebiscito inconstitucional: las elecciones municipales como revocatorio contra Maduro. También lo perdieron a fines de diciembre 2013. ¿Y después? Operación La Salida; un término transparente pero inexistente en la Constitución actual. La propuesta opositora, encabezada por el trío Leopoldo López-María Corina Machado-Antonio Ledezma, no dio los frutos esperados pero sí muchas muertes cosechadas. Las guarimbas (que también las hubo en el año 2004), como disturbios violentos y cierres arbitrarios de las calles,fueron rechazadas por la mayoría de los venezolanos como así lo ratificaba la encuestadora no oficialista Datanálisis. Finalmente, no tuvo lugar La Salida durante el año pasado.
Este año, en una nueva temporada, el golpismo del siglo XXI busca cómo hacer y qué provocar, para que se pueda lograr el cambio que nunca es ratificado en las urnas. Después de tanta experticia, la oposición ha decidido introducir todo a la vez en un mismo cóctel a modo de tormenta perfecta: más guerra económica adentro, más presión económica internacional afuera (vía encarecimiento de los bonos gracias a las agencias descalificadas de riesgo), más guarimbas, y a ello se suma los viejos manuales de golpismo buscando a militares que se den la vuelta, más el apoyo de los Estados Unidos desde afuera. Lo último ha sido el intento de golpe revelado recientemente (Operación Jericó) en el que supuestamente ha estado involucrado el alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, según las primeras indagatorias oficiales, siendo éste el motivo de su detención.
En este punto, cabe retomar la pertinente pregunta del artículo de Aram Aharonian en NODAL (http://www.nodal.am/2015/02/venezuela-decimocuarto-ano-de-golpe-continuo-por-aram-aharonian/): ¿qué hay que hacer con los que atentan contra la democracia?”. Interrogación sin respuesta inmediata si no antes se discute qué tipo de atentados se está produciendo contra la democracia venezolana. Pedro Brieger responde en su artículo de NODAL (http://www.nodal.am/2015/02/72366/) que “Los golpistas de hoy no apelan a los militares para que éstos desalojen del poder a un gobierno, cierren el Congreso, prohíban los partidos políticos y los movimientos populares”. Si bien esta generalidad es cierta, en Venezuela, tanto en 2002 como en este último intento, sí existe una arista militar que no ha de ser minusvalorada. Los intentos de golpe en Venezuela obligatoriamente han de contemplar el aspecto militar, y muy particularmente el papel de los Estados Unidos en cada maniobra.
No obstante, el debate planteado por los dos articulistas en NODAL corre el peligro de dejar en un segundo plano algo infinitamente más importante: la exigencia, demanda y alegato a favor de la transición con absoluta irresponsabilidad constitucional, por parte del señor Ledezma y aquellos que firmaron el 11 de Febrero el llamado “Acuerdo Nacional para la Transición”. La discusión acerca de la legalidad o no en la detención de Ledezma, y qué hacer en estos casos de atentados contra la democracia, debe ser posterior a la importancia –muy desapercibida entre los medios hegemónicos- del acuerdo opositor para elaborar y firmar un documento en busca de una nueva versión de La Salida, ahora llamada “transición”, sin apelar a las urnas ni a una consulta ciudadana que bien podría ser cuando se pueda realizar el revocatorio contra Maduro el año próximo.
He aquí la cuestión: transición o no transición. La transición, como tal, no es un término valido en la Constitución actual. En Venezuela no hay instrumento legal que permita una transición posible por fuera del cauce electoral; lo que hay es posibilidad de ir a elecciones (presidencial, asamblea, etc.) para que se pueda proceder a una transición política si así lo desea la mayoría ciudadana. Es tan así que cuando se hace el simple ejercicio de buscar la palabra transición en la Constitución Bolivariana, solo aparece una vez, en la Disposición transitoria decimoséptima (La circulación de monedas acuñadas y billetes emitidos con el nombre de “República de Venezuela”, estará regulada por la reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela contemplada en la Disposición Transitoria cuarta de esta Constitución, en función de hacer la transición a la denominación “República Bolivariana de Venezuela”). Nada que ver con el sentido de transición que viene procurando instalar la oposición como demanda, no constitucional. Y tampoco nada que ver con la declaración de Psaki, directora de comunicaciones de la Casa Blanca, que dejó claro que EEUU “no apoya una transición política en Venezuela por medios no constitucionales”. Error, porque no hay transición legal existente por vía constitucional en Venezuela, sino que hay que hacer aquello que realmente no pueden ni quieren hacer, esto es, ir a las urnas, y esperar que el pueblo mayoritariamente apoye una opción no chavista para el futuro del país. Hasta el momento, la transición única posible avalada por la mayoría venezolana es la transición al socialismo del siglo XXI a pesar del constante golpismo del Siglo XXI.
Cambios en democracias – Por Pedro Brieger
La detención del Alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, plantea numerosos interrogantes para los gobiernos progresistas –en el más amplio sentido de la palabra- de la región. Todos estos gobiernos se enfrentan a poderosos actores políticos, empresariales y mediáticos que buscan minar su poder y contribuir a su derrota.
En el caso venezolano, Aram Aharonian nos recuerda en NODAL (http://www.nodal.am/2015/02/venezuela-decimocuarto-ano-de-golpe-continuo-por-aram-aharonian/) que Venezuela vive su “decimocuarto año de golpe continuo”. En su artículo se pregunta “¿qué hay que hacer con los que atentan contra la democracia?”, y –si bien- claramente descarta de plano –y con razón- las desapariciones o los encarcelamientos de Guantánamo, tampoco encuentra una respuesta a dicha pregunta.
El paradigma revolucionario heredado de la revolución francesa que se implementó en el siglo XX no contemplaba numerosos derechos democráticos para los opositores, más bien los cercenaba. Este paradigma, en América Latina y el Caribe se transformó con la revolución sandinista de 1979. En clara diferenciación con todas las experiencias anteriores, incluso la cubana, los partidos y medios de comunicación opositores no fueron silenciados y hubo una combinación de la llamada “democracia burguesa” parlamentaria y el “poder popular” surgido de la toma revolucionaria del poder.
Los sandinistas no pudieron desarrollar su experiencia justamente por el sabotaje opositor y la formación de la “contra” que incluyó a numerosos miembros de la antigua Guardia Nacional somocista con aporte financiero y militar del gobierno de Ronald Reagan. En 1989, en nuestro libro “Adónde va Nicaragua” nos preguntábamos “¿Pero qué hacer frente a los partidos políticos que agitaran por el derrocamiento del sandinismo?”. La respuesta del sandinismo fue la de seguir apostando a la pluralidad política y permitir su actividad incluso durante los peores períodos de una guerra que los fue desgastando. En 1990 fueron derrotados en las urnas por una coalición opositora (Unión Nacional Opositora-UNO) y entregaron el poder.
Mucho ha cambiado en América Latina y el Caribe, y aunque los periodistas del diario El País de España insistan en que el gobierno de Nicolás Maduro “sigue empeñado en reproducir la experiencia comunista del siglo XX” (23.02.15), cualquiera con un mínimo de honestidad intelectual sabe que esto no es así y que el chavismo está muy lejos de emular la experiencia soviética o cubana. Hay dos elementos centrales que lo diferencian. Por un lado, su acceso al poder a través del triunfo en la urnas en diciembre de 1998, ratificado una y otra vez en elecciones basadas en un sistema electoral heredado de la Cuarta República. Por el otro, la oposición existe y actúa en el espacio público través de partidos políticos y medios de comunicación abiertamente antigubernamentales que incluso apoyan golpes de Estado como sucedió en 2002. Es más, una de las críticas dentro del chavismo al mismo Hugo Chávez fue no haber sido más duro con todos aquellos que promovieron el golpe de 2002 dejando que se reorganizaran como si no hubieran participado del mismo.
Y volvemos a lo que plantea Aharonian: ¿Qué hacer contra los que atentan contra la democracia?”
Los golpistas de hoy no apelan a los militares para que éstos desalojen del poder a un gobierno, cierren el Congreso, prohíban los partidos políticos y los movimientos populares. Su discurso es que son justamente los gobernantes los que violan la constitución y que por eso hay que destituirlos, tal como sucedió en Honduras con Manuel Zelaya y Fernando Lugo en Paraguay. Es así que cobra sentido el documento firmado por Antonio Ledezma, María Corina Machado y Leopoldo López.
En él se puede leer que existe “una élite sin escrúpulos de no más de cien personas, que tomó por asalto al Estado para hacerlo totalitario (…) Restablecer la vigencia plena de las instituciones democráticas (…) rehabilitar la pluralidad política y la soberanía del Estado nacional (y) realizar elecciones presidenciales libres y absolutamente transparentes”. Cualquiera que no sepa qué ocurre en Venezuela al leer este documento llegará a la conclusión de que es un movimiento que, en nombre de la democracia, denuncia una dictadura. En “abstracto” podría ser visto como el manifiesto político de un partido con lenguaje radical. Pero en el contexto de Venezuela, un año después del plan “La Salida” -que propugnaba el derrocamiento de un presidente a meses de haber sido elegido- es un claro llamado a continuar con la misma estrategia de provocar la caída del gobierno sin respetar las reglas del juego que ellos mismos dicen invocar.
Todos los gobiernos progresistas de la región enfrentan dilemas similares, aunque en el caso venezolano esté exacerbado por su creciente importancia regional y la riqueza petrolera. Existe una tensión muy difícil de resolver entre las libertades públicas y democráticas y los movimientos desestabilizadores que tienen como objetivo derrocar a un gobierno a cómo sea y cuentan con el apoyo explícito de emporios mediáticos que se unen abiertamente a nivel regional para intervenir en Venezuela como quedó demostrado con la campaña “Todos somos Venezuela” que aglutinó a más de 80 diarios de América en 2014
Por otra parte, no alcanza con los triunfos electorales, también hay que ratificar día a día que se cuenta con el apoyo de la mayoría de la población. Pero para ello hay que gobernar para las grandes mayorías, y justamente uno de los objetivos de estas oposiciones es poner numerosas piedras en el camino para que no se puedan implementar los proyectos de cambio, y así “demostrar” la ineficiencia de dichos gobiernos. Todo un intríngulis.
Venezuela: decimocuarto año de golpe continuo – Por Aram Aharonian
Desde hace casi tres lustros, ante sus reiterados y sucesivos fracasos electorales, algunos sectores de la oposición venezolana se han planteado estrategias poco democráticas para derrocar al gobierno bolivariano, y aun hoy hablan de forzar la renuncia del presidente Nicolás Maduro y del derecho a la rebelión.
En 2002 fue la primera vez que quedó al descubierto la injerencia de Washington en las intentos golpistas; esa conspiración amainaba, pero no cesó nunca. Siempre estuvo en estudio, de bajo perfil, y desde mayo de 2004 se hizo más activa y gradualmente se desarrollaron lo que ahora se ha definido como “guerra económica”, acciones en el frente mediático nacional e internacional, señala el director de Últimas Noticias, Eleazar Díaz Rangel.
De este nuevo complot desbaratado formaban parte algunos militares, sectores empresariales y políticos. Su patrocinio y preparación venían de los Estados Unidos que unos días antes (2 de febrero) anunciara nuevas sanciones al Estado Venezolano. Pero esta vez no sembraron la muerte las calles (¿daños colaterales?) y la intentona fue frenada a tiempo.
Ese acto sería la culminación de una guerra económica que incluye vastas maniobras de desabastecimiento destinadas a producir insatisfacción y conflictos en la población. El mencionado golpe incluiría el asesinato de Maduro bombardeando el palco de un acto de masas que estaba presidiendo. Tales artefactos serían arrojados desde un avión Tucano procedente de una base militar extranjera. Haber abortado ese hecho permitió la detención de varios civiles y militares complotados, entre ellos el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma.
Desde algunos sectores seudoprogresistas se especula con que el gobierno no ha medido las consecuencias políticas de esos actos e incluso se critica el hecho de que Ledesma haya sido puesto a disposición de la justicia, en lo que llaman “judicalización de la oposición”, que bien suena a El País de España. La pregunta sería: ¿Qué hay que hacer con los que atentan contra la democracia, ¿llevarlos ante la justicia, desaparecerlos, torturarlos en Guantánamo o Abu Ghraib, ajusticiarlos… o convalidar su impunidad?
Como comparación, la legislación estadounidense considera como un crimen federal cualquier acto de un nacional que “organice, ayude o intente organizar una sociedad, grupo o conjunto de personas que enseñan, promueven o alientan el derrocamiento o destrucción del gobierno”, que no necesariamente debe ser ejecutado para que se configure el delito. Por esta ley, Oscar López Rivera -líder independentista de Puerto Rico y veterano de la guerra en Vietnam- fue condenado a 70 años de prisión por conspiración sediciosa y otros delitos.
Vale la pena recordar que al día siguiente del anuncio de Obama de reanudar relaciones con Cuba, el mandatario estadounidense firmó la ley para juzgar y sancionar a altos funcionarios venezolanos, con cualquier agumento. Con cierta regularidad se detectan indicios de intromisión, algunas de las cuales han sido denunciadas, e incluso se han tomado acciones como la expulsión de oficiales responsables de tratar de infiltrarse en la Fuerza Armada y de funcionarios consulares.
No es un problema de “psicosis” o “excesiva paranoia” del gobierno. Este intento, lamentablemente, no sorprende, si bien pareciera carecer de los objetivos claros de un típico golpe, pero era evidente que buscaba la desestabilización y generar un caos que ayudara a crear condiciones para un eventual desplazamiento de Maduro. Y estos intentos continuarán…mientras Venezuela tenga las más grandes reservas de petróleo del mundo. Volverán… y seguramente fracasarán, dice Díaz Rangel.
Pero, volver al neoliberalismo y a la entrega de la soberanía y las riquezas nacionales a potencias extranjeras no parece ser aceptable para la mayoría de los venezolanos, mucho menos cuando se pretende que ello se imponga a través de la fuerza, señala Sergio Rodríguez Gelfestein. Lo cierto es que pese a la intensa campaña internacional, al terrorismo mediático, el uso de mercenarios y paramilitares, la guerra económica y los desaciertos bolivarianos, el grueso de la población sigue junto al gobierno constitucional.
Lo cierto es que ni al gobierno ni a la oposición democrática le puede interesar que Maduro sea desalojado por la fuerza del palacio de Miraflores, reconoce el opositor Leopoldo Puchi. Deben militar para garantizar la continuidad institucional, que en estas democracias se asienta en la voluntad popular expresada mediante el voto y se articula en los procesos comiciales ya previstos.
A nadie puede sorprender que cada tanto se produzcan o se anuncien actos de violencia de calle y dos por tres algún intento de golpe también, únicos mecanismos que algunos sectores de la oposición asumen como vía para un retorno conservador. Si hasta ahora no han ocurrido hechos más graves, es por la mesura que han mostrado los sectores chavistas (no responder a las provocaciones) y quizá también, por la falta de respaldo (más allá de lo entusiastas apoyos desde el exterior y los partidos conservadores) que ha sumado la oposición.
Quizá los venezolanos estén acostumbrados a este juego de ajedrez y no le den demasiada importancia a un nuevo golpe develado -¿incluido en la rutina-país?, donde se esperaba un “goteo” de militares que se irían sumando a la intentona, lo que no sucedió-, sino piensen en cómo planificar los movimientos para evitar uno nuevo, próximo, previsible. En este contexto, lo más inquietante no es el reciente movimiento desmantelado, sino lo que pudiera venir.
El desabastecimiento supero a la inseguridad como problema más grave percibido por los venezolanos, es decir, hoy son los problemas económicos lo que realmente preocupa e importa a la mayoría de los venezolanos, señala Oscar Schemel, de la encuestadora Hinterlaces. Si el gobierno falla y la MUD sigue jugando en varios escenarios, podrían llegar tiempos de tinieblas.
No sabemos qué porcentaje de venezolanos creyó la palabra del gobierno sobre el denunciado golpe. Y la credibilidad se logra con información –oportuna, veraz-, transparencia, seguimientos de los temas. La necesidad de generar confianza en torno a esas graves denuncias, debiera ser prioritario en la política comunicacional (de haberla).
Con el episodio del apresamiento de Ledezma, el país estuvo recibiendo por las redes sociales informaciones generadas por la oposición, que iban formando un imaginario colectivo, mientras ni voceros del gobierno ni del PSUV, el partido oficial, se animara a decir nada. Hasta que habló Maduro.
“El Gobierno debe hacer un esfuerzo mayor para lograr que más y más venezolanos tengan confianza en sus denuncias. Y en ese sentido, pienso que el juicio a los presuntos responsables, militares y civiles, debe ser lo más abierto posible, que permita conocer las pruebas, los indicios, las declaraciones y las acusaciones de los involucrados, que ayude a despejar las dudas”, señala Díaz Rangel.
Es deber del gobierno desmontar los elementos de malestar y preocupación que crean el clima propicio para el complot y la conjura. La situación económica –desabastecimiento, inflación- pesa y desestabiliza.
Del lado de la oposición, la Mesa de Unidad Democrática (MUD) reafirmó públicamente o su estrategia electoral, pero se abstuvo de condenar directamente la conspiración del grupo
de oficiales detenidos ese día. Esta conducta dubitativa le brinda de manera objetiva piso social a los grupos que apuestan a una “transición (antidemocrática)” en lugar del camino de la alternancia electoral.
Pero, ¿quién le dio autoridad a EEUU para pretender “encauzar” la democracia venezolana por los caminos que interesen a Washington y sus mandantes de las trasnacionales y fondos buitres? Hace poco, Obama habló de torcerles el brazo a aquellos países que no hagan lo que ellos quieran, y ahora anuncian que, en el caso de Venezuela, los “encauzarán”.
Que no se equivoquen otra vez.
Contenido externo patrocinado
Ecuador TV
El Telégrafo
Estados Unidos accede a liberar a Alex Saab