El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, declaró este lunes al presidente Nicolás Maduro en "abandono del cargo" al responsabilizarlo de la grave crisis que sufre el país, aunque la justicia determinó que carece de facultad para destituirlo.

La Asamblea Nacional, controlada por la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), votó esa iniciativa y pidió la celebración de elecciones, en la víspera de que Maduro cumpla su cuarto año de mandato.

"Aprobado el acuerdo con el cual se califica el abandono del cargo a Nicolás Maduro y se exige una salida electoral a la crisis venezolana para que sea el pueblo el que se exprese a través del voto", anunció el jefe del Legislativo, Julio Borges, al leer el acuerdo desde la tribuna del hemiciclo.

Según la extensa declaración, "Maduro ha provocado una crisis sin precedentes en Venezuela" y está "al margen de la Constitución" por provocar "devastación económica", "ruptura del orden constitucional" y "violentar los derechos" de los venezolanos.

Pero poco antes de la sesión, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado por la oposición de servir al chavismo, publicó una nota para aclarar que la Asamblea "no tiene facultad para destituir" al presidente Maduro, quien, añadió, está "en ejercicio de sus atribuciones constitucionales".

Presión a la caldera

En una agitada sesión, los opositores acusaron a Maduro de incumplir deberes y hundir al país en una crisis sin precedentes, con una escasez de alimentos y medicinas, la inflación más alta del mundo -475% en 2016 según el FMI- y una criminalidad desbordada.

"Esto es un gobierno fallido, por eso hay abandono del cargo. No le sigan metiendo presión a esa caldera", advirtió el exjefe del Parlamento, el férreo antichavista Henry Ramos Allup, en la tribuna de oradores.

El jefe de la bancada oficialista, Héctor Rodríguez, calificó la iniciativa como un "acto de insensatez e irracionalidad".

"Cuando satanizan las acciones del presidente están reconociendo implícitamente que está gobernando. Es una opera bufa más", dijo el diputado chavista Pedro Carreño en el hemiciclo.

El muro judicial

La MUD aspira a un adelanto de las elecciones generales de 2018, aunque Maduro, a quien la oposición intentó sacar del poder en 2016 con un referendo revocatorio -suspendido por el poder electoral-, se muestra seguro de gobernar hasta el fin de su mandato, en enero de 2019.

Analistas han advertido del enorme muro con que reiteradas veces se ha estrellado la oposición: el TSJ, que declaró hace cinco meses en "desacato" al Parlamento y nulas todas sus decisiones, en el clímax de un duro choque de poderes.

La justicia lo declaró en desacato por juramentar a 3 diputados cuya elección fue suspendida por supuesto fraude. Aunque en noviembre se separaron de la Asamblea voluntariamente, el TSJ exigía que ello fuera formalmente votado en plenaria legislativa.

Para el constitucionalista José Ignacio Hernández, mientras el TSJ desconozca al Parlamento, "ninguna decisión jurídica de la Asamblea permitirá realizar elecciones", advirtió. (I)