El Parlamento de Venezuela, de mayoría opositora, debate este domingo en sesión especial medidas frente a la suspensión del proceso de referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, cuyos adversarios consideran una ruptura de la democracia.

El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, dio por abierto el debate que tiene como punto único "la restitución del orden constitucional y la democracia", y que incluye la posibilidad de abrir un "juicio político y legal" contra Maduro.

"En Venezuela se ha dado un golpe de Estado continuado, que tuvo su culminación al robarle el voto del referendo. Venimos a oficializar la lamentable y dolorosa ruptura de la Constitución", dijo desde la tribuna el jefe de la bancada opositora, Julio Borges, mientras desde el hemiciclo sus copartidarios coreaban: "el pueblo se respeta".

Al tomar luego la palabra, el diputado oficialista Earle Herrera acusó a la oposición de seguir instrucciones del exterior para dar un golpe de Estado. "No traten de aprovechar coyunturas difíciles para acabar con la patria", dijo.

Ramos Allup precisó que también se abordará lo que llama un "abandono del cargo" por parte de Maduro, de gira por Medio Oriente, y el álgido tema de la supuesta doble nacionalidad, venezolana y colombiana, del presidente, que lo inhabilitaría para ejercer el cargo.

Simultáneamente, desde Arabia Saudita, Maduro hizo un enlace con sus vicepresidentes y ministros en Caracas, a través de la televisión oficial.
"Estoy en esta gira, pero no pierdo ni un segundo la atención a mis responsabilidades constitucionales al frente del Estado y del gobierno", aseguró el mandatario.

En la agenda parlamentaria también está la sustitución de rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ambos entes acusados por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de ser aliados del gobierno y a cuyas autoridades amenazaron con acusar ante la "justicia penal" internacional por "violaciones" a los derechos humanos.

Policías y militares resguardaban la sede de la Asamblea Nacional, en el casco histórico de Caracas, en cuyas afueras se concentraron seguidores del gobierno, que gritaban: "No hay referendo", "Esta Asamblea va a caer".

La suspensión del referendo aumentó aún más la tensión política en el país petrolero, que además enfrenta una profunda crisis económica, con severa escasez de alimentos y medicinas así como una inflación que el FMI calcula en 475% para 2016.

La MUD, que arrasó en los comicios legislativos de diciembre pasado y controla el Parlamento por primera vez en 18 años de hegemonía chavista, asegura que la solución a la crisis es la salida del poder de Maduro, quien enfrenta una impopularidad del 76,5% según la firma Datanálisis.

La MUD convocó la sesión parlamentaria y a una protesta nacional el próximo miércoles, después de que el CNE postergara hasta nuevo aviso la recolección de cuatro millones de firmas necesarias (20% del padrón de votantes), último paso antes de la consulta.

El CNE paralizó el proceso de referendo argumentando que acataba fallos judiciales de tribunales regionales, que anularon por supuesto fraude un primer recaudo de firmas en cinco Estados, en el inicio del proceso.

Como parte de la respuesta de la MUD, cientos de mujeres marcharon el sábado por estratégicas vías de Caracas, encabezadas por Lilian Tintori, esposa del opositor Leopoldo López, en prisión desde 2014.

En rueda de prensa, el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, denunció el sábado que las protestas opositoras y la sesión del Parlamento responden a un plan para dar "un golpe de Estado".

"Fue encontrada información de un plan que no tiene otra cosa que un carácter subversivo", aseveró Cabello, advirtiendo que "bajo ninguna circunstancia nosotros nos vamos a dejar tumbar".

Los oficialistas han amenazado con promover el levantamiento de la inmunidad parlamentaria y la ilegalización de la MUD como agrupación política. "Apenas estamos empezando", advirtió Cabello.

En la sesión, Luis Florido, encargado de política exterior de la Asamblea, anunció que dirigentes de la MUD viajarán a Washington para pedir a la Organización de Estados Americanos (OEA) que aplique la Carta Democrática Interamericana a Venezuela, que prevé sanciones en casos de ruptura del hilo democrático.

El sábado, doce países de la OEA, entre estos Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, México, Chile y Costa Rica, expresaron "preocupación" e instaron al gobierno de Maduro a hallar vías de diálogo.

Entre la creciente conflictividad, el gobierno se declaró listo para que delegados suyos y de la oposición se reúnan por separado con una misión internacional que lidera el exjefe del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero para entablar un diálogo.

Cabello aseguró que Caracas aguarda por la inminente participación de un enviado del papa, aunque el cardenal venezolano Baltazar Porras dudó que estuvieran "dadas las condiciones" para una pronta visita de un emisario del Vaticano.

En tanto, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, llamó a una nueva mediación internacional, al considerar que los esfuerzos de la misión de Rodríguez Zapatero no han logrado "impedir la ruptura institucional".