La mayoría independentista del parlamento de Cataluña adoptó este miércoles una reforma que le facilitará la convocatoria de un referéndum secesionista rechazado por Madrid, cuando crece la tensión con el gobierno central.

La reforma, validada con 72 votos a favor y 63 en contra, elimina restricciones que hubieran hecho su aprobación más prolongada y compleja.

Ahora, el parlamento podrá adoptar la ley que convoca el referéndum de independencia mediante un trámite agilizado, con una lectura única, debates acortados y sin enmiendas.

Los letrados del Parlamento catalán se pronunciaron en contra de la reforma, mientras que la oposición, tanto de derecha como de izquierda, se unió para repudiarla ya que, a su juicio, viola los derechos de los diputados.

"No se puede llegar a nuevas metas democráticas pisando derechos democráticos", criticó el diputado Joan Coscubiela de la coalición de izquierda Catalunya Sí Que Es Pot (Cataluña Sí Se Puede).

Los separatistas podrán adoptar la ley que convocará el referéndum a partir de mediados de agosto.

Dicha ley será previsiblemente suspendida y luego anulada por el Tribunal Constitucional, que ha prohibido la realización de un referéndum de autodeterminación exigido por los independentistas desde 2012.

"No existe un poder lo suficientemente fuerte para cerrar el gran colegio electoral que será Cataluña el 1 de octubre", advirtió el presidente regional catalán Carles Puigdemont al diario francés Le Figaro. "Aunque el Tribunal Constitucional lo prohíba, no renunciaremos al referéndum", añadió.

El encargado de Interior del gobierno regional dijo luego que la policía regional facilitará la realización del referéndum, algo también prohibido.

"Esto no tiene precedente en democracia, se saltan a la torera las leyes democráticas", estimó Carlos Carrizosa, portavoz en el parlamento regional del principal partido de oposición a los separatistas, Ciudadanos (liberales de centro).

El gobierno conservador de Mariano Rajoy ha prometido impedir el referéndum, amenazando con sanciones a sus organizadores.

Pero el gobierno catalán de Puigdemont está decidido a celebrarlo el 1 de octubre, incluso reemplazando a los funcionarios más tibios, garantizando así la lealtad ante las amenazas de Madrid.

Según un sondeo reciente, 49,4% de los catalanes están contra la secesión y un 41,06% a favor, aunque más de un 70% defiende la realización de un referéndum. (I)