El reto del próximo Gobierno paraguayo será acercar el crecimiento de su economía, previsto para 2018 el 4,5% del Producto Interno Bruto (PIB), según el Banco Central del  Paraguay (BCP), a una población que exige una consolidación de la clase media y la reducción de la pobreza.

La economía paraguaya creció en la última década a un ritmo promedio del 5% del PIB, según  datos del Banco Mundial, un comportamiento que le permitió desligarse de sus vecinos y potencias económicas, Brasil y Argentina.

Los expertos reconocen que el país sabe defenderse en el terreno económico durante la legislatura de Horacio Cartes (2013-2018) a través de políticas de contención del gasto público, leyes de responsabilidad fiscal y disciplina macroeconómica.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, durante su visita a Paraguay este marzo, calificó la economía paraguaya como una de las “más fuertes de Latinoamérica”, con previsiones de crecimiento de 4%, según el organismo.

Una cifra que será capaz de mantener el Gobierno que salga de las elecciones de hoy, sea el del oficialista Mario Abdo Benítez o el del liberal Efraín Alegre, destacó el director del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep), Fernando Masi.

“Es una tendencia que se ha mantenido gracias a la estabilidad macroeconómica y a las finanzas públicas; es transversal a cualquier tipo de Gobierno”, comentó Masi.

No obstante, Masi descartó “de entrada” que el país pueda llegar a crecer el 6%, como comentó en la campaña Abdo Benítez, el candidato a presidente por el gobernante Partido Colorado.

Al margen de esas previsiones, lo cierto es que gran parte de la población paraguaya vive ajena a los alabados números macroeconómicos del país, con una clase media todavía por consolidar y el 26,40% de la población, 1,8 millones de habitantes de los cerca de sus 7 millones, que vive en la pobreza.

Para Masi, esto demuestra que la macroeconomía no tiene un “efecto derrame” en el bolsillo del ciudadano y alertó de que cualquier imprevisto caería de nuevo en la pobreza la “clase media vulnerable”, la que no consolida su posición en ese estrato social.

En su opinión, la solución pasa por más gasto social en salud y educación, pero también por una inversión eficiente y adecuada a los problemas.

Paraguay invierte en educación el 4,28% de su PIB, según datos de la Cepal de 2015, por debajo del 7% mínimo planteado por la Unesco.

Por su parte, la economista Lila Molinier, miembro del grupo Base Investigaciones Sociales, manifestó que esa dicotomía entre la macroeconomía y la microeconomía responde a “un problema de focalización de la inversión y a la debilidad de estructura del empleo”, que adolece todavía de considerables tasas de informalidad.

Molinier, crítica con las políticas tomadas por el gobierno de Cartes, reconoció que el todavía presidente “prometió inversión y se hizo”, pero a costa de un endeudamiento.

“Abrió muchos frentes y se focalizó mucho la inversión en infraestructuras, sobre todo viales. Eso tiene retornos a muy largo plazo”, puntualizó Molinier.

En ese sentido, los dos principales candidatos a la Presidencia apuntan en sus programas a seguir apostando por las inversiones en infraestructuras, aunque los economistas advierten de las dificultades económicas que implica su realización.

Masi coincidió en que el Estado recurre a la deuda para costear las infraestructuras y apuntó que resulta difícil mantener esta inversión con el actual sistema tributario y fiscal.

En este sentido, subrayó la importancia de acometer reformas fiscales y tributarias, que no busquen solo una subida de los impuestos sino más efectividad recaudatoria.

Este es uno de los países con bajos tipos impositivos, donde los gravámenes directos no superan el 10% y los indirectos presentan un tipo impositivo de entre el 5% y el 10%, aunque en el caso del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) puede alcanzar el 16% y hasta el 30% en los aranceles a la importación.

Antes de los comicios de hoy, Paraguay, una de las democracias más jóvenes y frágiles de América Latina, estaba conmocionado por el empeño del presidente Horacio Cartes en aprobar la reelección, un tabú en un país marcado a fuego por la dictadura de 35 años del general Alfredo Stroessner (1954-1989).

El enojo de buena parte de la sociedad civil tiene directa relación con los atajos a los que recurrieron los partidarios de Cartes en el Senado para aprobar una enmienda que encamine prolongar su permanencia en el poder, como sucede en otras democracias. (I)