La alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, afirmó que la pandemia causada por la propagación de la covid-19 generó restricción de libertades en Nicaragua, e incrementó la violencia contra las mujeres.

La crisis sanitaria “provocó mayores restricciones del espacio cívico y democrático. El discurso oficial estigmatiza a las personas que critican la respuesta estatal o difunden información contradiciendo las fuentes oficiales”, dijo Bachelet, en un discurso ante el Consejo de Derechos Humanos, en el que presentó los informes relacionados con la situación de los derechos humanos en Venezuela y Crimea.

La pandemia, agregó, además “incrementó la violencia contra las mujeres, particularmente los femicidios”. Los primeros cinco meses de este año, organizaciones de la sociedad civil registraron estos homicidios, dijo Bachelet. El año pasado, habrían registrado 27 casos.

La Alta Comisionada también se refirió a la “poca transparencia y falta de claridad” en la información que se genera sobre los casos de covid-19 en el país.

Bachelet dijo que las medidas del gobierno de Daniel Ortega y los procesos de detección de casos no se ajustan a las recomendaciones hechas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), así como por los médicos de ese país.

“Hasta la fecha, hemos recibido denuncias de que al menos 16 médicos habrían sido despedidos sin respetar los procedimientos legales, por criticar la respuesta estatal ante la pandemia”, explicó Bachelet.

La funcionaria de la ONU señaló que la pandemia puede agravar una crisis social y económica que Nicaragua ya enfrentaba años atrás, agravándose la situación de los más vulnerables.

La revuelta social que estalló en abril de 2018 contra el gobierno de Ortega fue sofocada con violencia por la policía y fuerzas paramilitares, con un saldo de 328 muertos, 2.000 heridos y más de 700 detenidos, así como unos 80.000 desplazados y exiliados, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Aunque valoró las recientes liberaciones de 4.515 reclusos para reducir el hacinamiento en las cárceles, hizo un llamado a la liberación de personas detenidas en las protestas, alertando que ninguno de los 86 “presos políticos” registrados por sociedad civil al 4 de mayo de 2020 son beneficiados con esta medida.

La Alta Comisionada informó que, desde su última actualización oral sobre Nicaragua, en febrero pasado, las violaciones de derechos humanos contra  opositores, defensores de derechos humanos, periodistas, líderes sociales y exdetenidos políticos nicaragüenses se siguen registrando y son persistentes.

“El derecho a la reunión pacífica continúa siendo coartado con despliegues policiales, detenciones arbitrarias y ataques de elementos progubernamentales cuando  críticos al Gobierno intentan reunirse.”, indicó.

En este sentido, de marzo a junio de 2020, la oficina de la ONU documentó 43 denuncias relacionadas con: “presuntas violaciones a los derechos humanos, allanamientos domiciliarios sin orden judicial, arrestos y detenciones arbitrarias, amenazas, acoso e intimidación por parte de policías o elementos progubernamentales contra personas percibidas como opositoras”, explicó la funcionaria.

Aclaró que, debido a la Ley de Amnistía, no se conocen investigaciones o procesos penales relacionados con esta situación y existe una impunidad por falta de reformas legales e institucionales. (I)

Estados Unidos demanda elecciones “libres” y “justas”
Nicaragua lleva 13 años bajo el mandato del presidente Daniel Ortega, líder del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional. Varias organizaciones de derechos humanos y civiles nicaragüenses e internacionales, se han pronunciado en contra del Gobierno que, según denuncian, acumula un poder que impide la libre aplicación de la democracia.

Recientemente, ocho partidos de la oposición política, anunciaron que formarán una coalición para poder competir contra el Sandinismo de Ortega y así dar un nuevo rumbo político a la nación.

Muchos países se unieron a la solicitud de un alternancia en el poder político, entre esos, Estados Unidos, que durante los últimos años ha tomado incluso acciones sancionatorias contra funcionarios del gobierno de Ortega.

Hugo Rodríguez, secretario de Estado adjunto de EE.UU. para el hemisferio occidental, aseguró que Washington se mantiene pendiente de cómo se desarrollarán las elecciones en 2021, pero aceptará la voluntad del pueblo nicaragüense siempre que se celebren unas elecciones “libres” y “justas”. (I)