El “problema de Palomares”, como siempre se conoció a la caída accidental de cuatro bombas nucleares estadounidenses en una pequeña pedanía del sur de España que nunca llegaron a explotar, está camino de solucionarse. Han tenido que pasar 50 años para que responsables de Washington y Madrid plasmen sobre un papel sus responsabilidades y se pongan manos a la obra para solucionar un enigma radioactivo que, según el Consejo de Seguridad Nuclear español (CSN), afecta aún a 40 hectáreas de la zona aunque con riesgos irrelevantes para la población.

El suceso se produjo en enero de 1966 cuando un bombardero B-52 de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos cargado con cuatro ojivas termonucleares y un avión cisterna KC-135 chocaron en pleno vuelo. Como consecuencia del impacto, los artefactos atómicos se desprendieron del avión militar cayendo sobre esta zona rural poco poblada de Andalucía. Dos de ellas fueron recuperadas intactas, pero las otras dos se agrietaron por el impacto contra el suelo y, aunque no explotaron, dispersaron una cantidad indeterminada de plutonio. El accidente fue silenciado por el entonces régimen dictatorial implantado en España, pero la alarma se extendió por la región como la pólvora.

DATOS

El 17 de enero de 1966 un bombardero y un avión nodriza de la Fuerza Aérea de EE.UU. colisionaban y de ellos cayeron 4 bombas atómicas en la localidad almeriense de Palomares. Tres se recogieron de tierra, pero la cuarta se precipitó al mar y su rescate se convirtió  en una cuestión de Estado.

El 7 de abril, 80 días después del accidente, la bomba salía a flote y fue subida a uno de los barcos de la flota naval de EE.UU.

En 1996 las mediciones de radiación en el aire y los cultivos comenzaron a dar niveles anormalmente altos. Se registró  contaminación con plutonio y americio.Tras no poder ocultarlo y a la vista de las evidencias aportadas por testigos a la prensa internacional, el embajador estadounidense de entonces, Angier Biddle, y un ministro de la dictadura de Francisco Franco, Manuel Fraga, que décadas más tarde fundaría el conservador Partido Popular que ahora está en el poder, decidieron bañarse en las playas del municipio con el fin de demostrar la ausencia de peligro para la población. La imagen de ambos en bañador es una de las fotos más famosas del último medio siglo de fotoperiodismo en España. En los meses siguientes, ambos países se afanaron de forma secreta en la limpieza de la zona afectada con el envío de una tonelada de tierra contaminada a Estados Unidos.

Durante los 34 años siguientes y pese a que los sucesivos gobiernos siempre catalogaron a esta área como “zona libre de radioactividad”, Washington ha estado pagando una indemnización anual de 314.000 euros a España para financiar las pruebas de contaminación en la región y los análisis de sangre que, de manera regular, han seguido realizándose a los más de mil habitantes de Palomares.

El problema surgió a principios de los años 90, cuando áridas tierras comenzaron a transformarse en pequeños huertos de regadío, lo que obligó a remover miles de toneladas de rocas. Estas obras dejaron al descubierto fragmentos de las bombas contaminados y el miedo volvió a sacudir a los habitantes. El Gobierno español, que decidió realizar una investigación exhaustiva e independiente entre 2004 y 2007, descubrió restos de radioactividad en unas 40 hectáreas de la zona, aunque no lo suficientemente poderosa como para afectar a la vida humana.

Para paliar la desconfianza de los habitantes de Palomares, decidió expropiar el área más afectada y valló sus accesos a la espera de acordar con Washington su saneamiento. “La voluntad es hacerlo ya, cuanto antes, y que Palomares vuelva a la normalidad que tenía antes de 1966”, aseguró el lunes el ministro de Exteriores español, José Manuel García-Margallo, durante una comparecencia con el secretario de Estado, John Kerry, que realizó una visita oficial a España.

Sin embargo, nada más se sabe del acuerdo firmado, ni de la financiación, tampoco de los plazos de ejecución o de cómo se llevará a cabo el traslado de la tierra contaminada a Estados Unidos porque se ha decretado la máxima confidencialidad y se desconoce los detalles. “Está muy avanzado”, se limitó a decir Margallo.

“Hasta que no lo veamos resuelto definitivamente, no nos creeremos nada”, dijo la alcaldesa de Palomares, María Isabel Alarcón. “La gente hace vida normal pero tras cincuenta años, queremos cerrar de una vez por todas este tema”, aseguró.

Además, la alcaldesa reclamó un plan para “mejorar la imagen del pueblo” que vive de la agricultura y el turismo, dos sectores que podrían verse afectados mientras duren las tareas de retirada de las tierras radioactivas. El mismo escepticismo mostró la asociación Ecologistas en Acción, que lamentó la confidencialidad del acuerdo y reclamó que Washington se haga cargo de todos los gastos de limpieza y compense económicamente a los habitantes de la zona por “casi 50 años de convivencia con el plutonio”.

“Los Estados Unidos son responsables de ese accidente y de no haber puesto fin a esta contaminación heredada de la Guerra Fría. Deberían haberla solucionado sin contrapartida alguna”, aseguró su portavoz Francisco Castejón en un comunicado. (I)