La Unión Europea (UE) acordó el intercambio automático de informaciones sobre los acuerdos fiscales entre los Estados y las multinacionales, casi un año después del escándalo LuxLeaks, un esfuerzo de transparencia entre administraciones que seguirán garantizando la confidencialidad de los acuerdos.

“Tenemos un acuerdo político (...). Estamos dando una señal fuerte”, dijo el ministro de Finanzas luxemburgués, Pierre Gramegna, en un debate público entre los 28 ministros del bloque europeo.

El procedimiento de “optimización” de las multinacionales saltó a la luz hace cerca de un año con el escándalo LuxLeaks, de evasión fiscal masiva a través de acuerdos fiscales anticipados, o “tax rulling”, con Luxemburgo.

Las revelaciones en el origen del escándalo opacaron en noviembre pasado los primeros días en función del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, exprimer ministro de Luxemburgo durante casi 20 años. Bajo su gobierno el Gran Ducado firmó numerosos acuerdos fiscales con las multinacionales.

Estos acuerdos son una práctica legal, pero polémica, ya que permiten a las multinacionales tributar muy poco por los grandes beneficios que consiguen, a menudo, en otros países con leyes menos favorables para sus intereses.

El “acuerdo político” alcanzado entre los 28 ministros se traducirá por una directiva (ley) europea para el intercambio de informaciones que entrará en vigor el 1 de enero de 2017.

El acuerdo prevé una retroactividad de cinco años (hasta el 1 de enero de 2012) para los acuerdos en vigencia y de tres años para los que ya no están en vigor.

Esto significa que los pactos pasados en esas fechas entre algunas de las multinacionales más importantes y los Estados deberán ser notificados a los otros miembros del bloque.

El público no podrá conocer los acuerdos

“Nada será público. La comisión tiene la responsabilidad de garantizar la confidencialidad”, indicó en conferencia de prensa el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici.

“Decidimos no tener una transparencia pública sino intercambiar entre las administraciones, y esto se respetará”, añadió. “La confidencialidad es clave”, declaró.

La vicepresidenta de la comisión especial de impuestos del Parlamento europeo, Eva Joly, lamentó que el acuerdo alcanzado fuera menos ambicioso que lo anunciado hace un año. “Las limitaciones que lograron los Estados miembros, que [la comunicación de los acuerdos] sea anónima y la imposibilidad de utilizar las informaciones obtenidas, constituyen para la comisión una prohibición de actuar”, dijo.

El proyecto debe aún ser adoptado por el Parlamento Europeo y su éxito no está todavía asegurado. De hecho, las negociaciones continuarán, así como las críticas.

“Ahora tenemos básicamente la continuidad de este sistema secreto. La administración fiscal en Europa tendrá una mejor fotografía pero no podrán denunciar los acuerdos fiscales alcanzados en otros países”, dijo Tove Ryding, especialista de fiscalidad para la ONG Eurodad.

“No creemos que se obligue a las multinacionales a pagar más impuestos en Europa”, agregó destacando que los acuerdos serán “secretos para el público”. “No se nos permitirá saber cuánto pagan las multinacionales”, lamentó.

El acuerdo alcanzado entre los 28 interviene al día siguiente de que la OCDE, el club de economías desarrolladas, anunciara un muy esperado plan para eliminar los vacíos jurídicos que permiten a las multinacionales evitar impuestos en los países donde operan y que privan a los erarios de por lo menos $ 100.000 millones.

La OCDE calcula que esta “optimización fiscal” ocasiona a los erarios públicos una pérdida de $ 100.000 millones a $ 240.000 millones al año, o de un 4% a un 10% de los impuestos corporativos.

El plan, de quince puntos, debe ser aprobado esta semana en Lima por los ministros de Finanzas y a fin de año por los jefes de Estado y de Gobierno del G20.

La iniciativa surge tras años de polémicas sobre los impuestos ínfimos que pagan empresas como McDonald’s, Starbuck’s o Google, gracias a brechas legales. (I)

DATOS

Entre las propuestas de la OCDE figuran la limitación de las deducciones sobre intereses, la regulación de nichos fiscales para las patentes y el intercambio de informaciones sobre las normas fiscales vigentes por sector en cada país.

Las multinacionales con un volumen de negocios de al menos $ 842.000 millones estarán obligadas a detallar sus actividades en cada país y las administraciones fiscales compartirán esas informaciones.

El próximo año se redactará un tratado multilateral para evitar las renegociaciones bilaterales.