La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega (foto), quien se rebeló contra el presidente Nicolás Maduro, advirtió que se mantendrá en el cargo aunque la máxima corte la destituye como parte de un juicio planteado por el oficialismo.

“Voy a mantenerme firme en mi cargo para defender la democracia (...) Me han tratado como si hubiera cometido un delito”, dijo Ortega en una entrevista a la emisora argentina Radio Con Vos.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado de servir al gobierno, tenía previsto anunciar ayer su decisión, luego de la audiencia celebrada hace una semana en la que el oficialismo la acusó de mentir en afirmaciones contra magistrados.

“Denuncié a los magistrados que me están procesando porque no son legítimos. No sé si me van a destituir”, agregó Ortega.

Luego, la fiscal descartó someterse a un juicio “que no esté contemplado en la ley”, con jueces que -aseguró- no son sus “jueces naturales”.

“Ese antejuicio perdió formalidad. Empezó como un antejuicio por faltas graves y terminó como una persecución penal”, señaló.

El mismo día de la audiencia en su contra, el 4 de julio, el TSJ juramentó como vicefiscal y eventual sustituta a Katherine Haringhton, abogada sancionada por Estados Unidos bajo cargos de violación de derechos humanos.

Ortega rompió con el gobierno en medio de una convulsión política por las protestas opositoras, que dejaron 94 muertos -con el fallecimiento de un joven, de 17 años, este martes- desde el 1 de abril y que exigen la salida de Maduro.

Su suerte será decidida en una semana de intensa movilización de la oposición y el oficialismo en contra y a favor de una Asamblea Constituyente convocada por Maduro, y que la fiscal rechaza por considerarla violatoria de la democracia.

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Parlamentarios no reconocerán Constituyente

Un grupo de parlamentarios europeos firmó ayer una declaración pública en la que demandaron elecciones “plurales” como “la única manera democrática y pacífica de resolver la situación” en Venezuela y advirtieron que el Parlamento Europeo no reconocerá la Asamblea Constituyente “ilegal”.

Los diputados reiteraron su “gran preocupación por la situación en Venezuela” y hacen un llamamiento “una vez más, al respeto de la paz y la democracia”. (I)