La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), destacada en el rescate de manifestantes heridos, detenidos u hostigados durante las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, cerrará sus oficinas por serias amenazas y asedio de grupos armados ilegales.

La ANPDH "se ha mirado amenazada tras haber recibido información alarmante sobre la activación de prácticas ilegales de persecución judicial y criminalización sin fundamento legal que lo motive en contra" de sus activistas, alertó la organización en un comunicado.

La agrupación, dirigida por Álvaro Leiva y que tiene su oficina central en Managua, dijo que también ha sufrido "el asedio permanente de grupos armados no autorizados y llamadas telefónicas de amenazas" en las oficinas.

Ante esta situación, la ANPDH decidió cerrar sus oficinas como medida preventiva, "a fin de garantizar la integridad física y la seguridad de nuestros defensores", señaló. No obstante, informó que seguirá atendiendo las denuncias de víctimas a través de internet.

La ANPDH recibió en julio el Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos en Nicaragua en reconocimiento a su labor.

La organización denunció la existencia de una "profunda crisis" de violación a los derechos humanos en Nicaragua por la represión a las protestas iniciadas el 18 de abril que -según la agrupación- ya han dejado un saldo de 448 muertos.

La ANPDH ayudó a gestionar, junto con la Iglesia católica, la liberación de cientos de personas detenidas ilegalmente y señaló la existencia de cerca de 600 desaparecidos.

La AFP intentó sin éxito localizar a Leiva para confirmar versiones de que habría dejado el país por amenazas de muerte.

No obstante, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, dijo en su cuenta Twitter que tuvo un "coincidente encuentro en el aeropuerto de Honduras con Álvaro Leiva y su equipo de ANPDH en tránsito hacia Costa Rica".

"Confieso que nunca he imaginado presenciar un autoexilio en su exacto instante. Llorando ellos decían que a pesar del costo valió la pena defender los derechos humanos en Nicaragua", dijo Abrão.

El presidente Ortega ha acusado a sus opositores y grupos humanitarios de ser parte de una conspiración "golpista" financiada por Estados Unidos.

La oposición denunció la semana pasada que el Gobierno ha desatado una fuerte persecución contra sus activistas, manifestantes y líderes de las protestas. (I)