La oposición brasileña entregó ayer a la Cámara de Diputados una nueva petición judicial con miras a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, ahora fundamentada en irregularidades fiscales detectadas en 2014 y que se extendieron a 2015.

“Este no es un movimiento solo de oposición”, pues “representa a la población brasileña que no soporta más a este gobierno mentiroso y corrupto”, declaró el diputado Carlos Sampaio, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), al entregar el documento en compañía de parlamentarios de otras formaciones opositoras.

El documento entregado ayer sostiene que Rousseff incurrió en un “delito de responsabilidad”, que la Constitución contempla entre los posibles motivos para destituir a un mandatario, al avalar maniobras fiscales dirigidas a maquillar los resultados del gobierno en 2014 y que, según órganos de contraloría, continúan al día de hoy.

El documento fue recibido por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien está contra las cuerdas debido a una investigación policial que lo incluye entre el medio centenar de políticos beneficiados por las corruptelas en la estatal Petrobras.

“Lo vamos a evaluar”, dijo Cunha, un enemigo jurado de Rousseff, que deberá decidir si acepta o rechaza el pedido.

Sin embargo, Cunha es, según establecen las leyes, el responsable de analizar los pedidos de destitución de un jefe de Estado, que la Constitución prevé siempre y cuando se comprueben razones jurídicas o los denominados “delitos de responsabilidad”, como serían los manejos irregulares de las finanzas públicas.

Eso precisamente es lo que alega la oposición, según la cual se ha “comprobado” que Rousseff incurrió en ese tipo de delitos cuando avaló maniobras fiscales que permitieron maquillar los resultados que el gobierno presentó el año pasado.

Los balances de las cuentas públicas el año pasado ya fueron reprobados por el Tribunal de Cuentas. (I)