El grupo de bloques opositores en la Cámara de Diputados logró este martes la mayoría de asientos en la Comisión especial que evaluará la validez del pedido de juicio político contra la presidenta brasileña, Dilma Rousseff.

En votación secreta celebrada en ese hemiciclo parlamentario las bancadas opositoras acumularon 272 votos contra 199 que consiguió la agrupación integrada por partidos aliados del gobierno.

De esta forma los adversarios del Ejecutivo alcanzaron 39 puestos disputados en dicho consejo, con lo restan por escogerse otros 26 asientos, que serán elegidos mañana en un nuevo sufragio.

La elección en la Cámara se registró en medio de protestas, empujones y hubo hasta destrucción de dos urnas electrónicas debido a la decisión del líder de esa casa, Eduardo Cunha, de realizar esta selección mediante el voto secreto.

A pesar de los reclamos, Cunha rechazó las denuncias de violación de las normas constitucionales y ordenó la realización del sufragio.

Tal postura motivó que legisladores del Partido Comunista do Brasil (PCdoB) presentaran un recurso ante el Supremo Tribunal Federal (TSF) y demandaran la anulación de este procedimiento.

El líder del gobierno en la Cámara, José Guimaraes, cuestionó las maniobras de la autoridad parlamentaria en dicho proceso y lo acusó de, con el soporte de la operación, de ser el artífice de un golpe en contra de la mandataria brasileña.

Mencionó que la sesión de la víspera para escoger a los miembros del consejo especial fue suspendida para permitir la formación de grupos de bloques y realizar una votación secreta con miras a conseguir sus intereses.

"Cunha usted actúa por conveniencia política", manifestó Guimaraes al destacar que las urnas y los locales cerrados para ejercer el voto fueron instalados desde el lunes pasado, lo cual evidencia las acciones premeditadas del presidente de la Cámara.

Tras la instauración mañana de la Comisión, se deberá seleccionar al presidente y relator y de la misma, y entonces comenzará la evaluación del pedido de juicio político contra la jefa de Estado.

Ese consejo tendrá asimismo un plazo de 10 sesiones legislativas para pronunciarse y durante ese periodo Rousseff deberá presentar su defensa.

Según el reglamento interno del Congreso, en caso de que la comisión se pronuncie a favor del enjuiciamiento, el parecer deberá ser votado en la Cámara y tendría que recibir el respaldo de dos tercios (342) de los votos de un total de 513 para continuar el proceso.  Al oficialismo le bastan 172 diputados para frenarlo.

 Si ese dictamen es sancionado, la presidenta sería separada del cargo por 180 días, período que tendría el Senado para determinar si aprueba o rechaza su destitución. (I)