El Gobierno venezolano enfrenta el reclamo de la comunidad internacional para que aclare la muerte del concejal opositor Fernando Albán. Según la administración, él se suicidó en prisión, pero sus copartidarios señalan que fue asesinado.

La oficina del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos reclamó una “investigación transparente” sobre las circunstancias del deceso de Albán, ocurrido el lunes en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas.

Albán fue detenido el viernes 5 de octubre cuando regresaba de Nueva York, acusado de la explosión de un dron cargado con C-4 cerca de la tarima donde el presidente Nicolás Maduro daba un discurso, el 4 de agosto.

“El Estado tenía la obligación de garantizar su seguridad, su integridad personal (...). Nosotros pedimos una investigación transparente para clarificar las circunstancias de su muerte, ya que existen informes contradictorios sobre lo ocurrido”, declaró este martes 9 de octubre una portavoz del Alto Comisionado, Ravina Shamdasani, en Ginebra.

Según el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, de línea oficialista, “Albán solicitó ir al baño y estando allí se lanzó al vacío desde un piso 10. Esperaba para ser trasladado a los tribunales”, según el Gobierno.

“¡Asesinos!”, escribió en Twitter el diputado y fundador de la colectividad, Julio Borges, vinculado por el Gobierno al presunto atentado y exiliado en Colombia.

Según Borges, el cuerpo de Albán “fue lanzado sin vida desde el edificio del Sebin”, por lo que prometió seguir luchando “para lograr la salida de la dictadura”. Maduro no se ha referido al tema.

Hay 236 presos políticos

La Unión Europea (UE) se sumó a las exigencias de “una investigación exhaustiva e independiente para aclarar las circunstancias de la trágica muerte”, la segunda de un opositor preso en 2018.

“Esperamos que el Gobierno venezolano respete los derechos humanos de todos los detenidos”, indicó en un comunicado la oficina de la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, que urge también a la liberación de todos los presos políticos.

La Arquidiócesis de Caracas, a cuya labor social estuvo vinculado el concejal, planteó dudas sobre el suicidio.

La muerte de Albán se suma a la del también concejal de Primero Justicia Carlos García, quien falleció en septiembre de 2017 por un accidente cardiovascular tras diez meses de detención en los calabozos del Sebin en Guasdualito, estado Apure. El partido denunció que le negaron la atención médica.

El cuerpo del concejal fue entregado a sus familiares el lunes. Ahí decenas de personas realizaron una vigilia esa noche. Por ahora se desconoce cuándo serán las exequias de Albán.

En Venezuela hay 236 presos políticos, según la ONG Foro Penal. (I)