No es fácil contar almas. Pero hay miles que aún permanecen desaparecidas por los campos de España. Tantas que no hay una cifra exacta. Tantas que la ONU ha reiterado su petición al presidente Mariano Rajoy para que ordene la elaboración de un “plan nacional de búsqueda” de víctimas de la Guerra Civil y que lo ponga en marcha “a la mayor brevedad posible”.

El motivo es que, tras cuatro años de gobierno derechista, se inhabilitado la ley de memoria histórica puesta en marcha por el PSOE para ayudar a los familiares de víctimas de la dictadura que 70 años después siguen buscando sus cuerpos, sepultados en fosas comunes sin identificar.

España es el segundo país del mundo tras Camboya con mayor número de desaparecidos forzosos cuyos restos no han sido recuperados. Algunos historiadores especializados calculan que 114.000 personas continúan enterradas en lugares inhóspitos, sin una lápida que les recuerde, sin justicia ni memoria. Sin que nadie haya derramado nunca una triste lágrima oficial por ellos.

En este duro informe se censura la decisión del Gobierno español de no extraditar a Argentina a los 17 ex cargos franquistas citados por la juez Maria Servini para ser interrogados ante posibles participaciones en crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

Pero la recomendación, no vinculante, del grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre la memoria en España también afecta a la simbología franquista que sigue ocupando el espacio público de muchas capitales y municipios del país.

Símbolos como el Valle de los Caídos, a 30 kilómetros de Madrid, escudos fascistas en edificios oficiales, nombres de calles y de plazas “exaltan, a nivel personal o colectivo, la sublevación militar, la Guerra Civil y la represión de la dictadura”, en opinión de los cuatro relatores –los argentinos Ariel Dulitzky y Juan Méndez, el colombiano Pablo de Greiff y el surafricano Christof Heyns- encargados de redactar el informe.

La única reacción que se ha producido al reiterado llamamiento de la ONU, el segundo en 2015 y el quinto desde que se formalizó el equipo de trabajo, ha llegado del Ayuntamiento de Madrid cuya alcaldesa, la izquierdista y ex magistrada Manuela Carmena, ha comenzado a evaluar “si la ley de memoria histórica en vigor se está cumpliendo”.

La primera decisión es la de cambiar el nombre a las más de 150 calles, plazas y monumentos que aún ensalzan a personajes que participaron en el golpe de Estado de 1936 y que, tras su triunfo militar, implantó una feroz represión durante los 40 años posteriores.

La Ley de la Memoria Histórica fue aprobada en 2007 durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pero con la oposición radical del PP que nada más llegar al poder en 2011 derogó la norma al eliminar todas las ayudas previstas para la apertura y búsqueda de fosas comunes.

De hecho, las últimas exhumaciones de cuerpos se realizaron hace un año sufragadas por un sindicato de electricistas noruego. Varios dirigentes del PP tienen abiertas causas pendientes en los tribunales de justicia por despreciar a las víctimas de la dictadura y algunos alcaldes se han negado a condenar el golpe de Estado que provocó una sangrienta guerra civil.

Una matanza en la España de 1937

Elgueta es el nombre de un monte estratégico del norte de España, en Euskadi, cerca de Bilbao y a sólo 20 kilómetros de Gernika, el municipio que sirvió a Pablo Picasso para expresar la infamia de la guerra. En abril de 1937 la Guerra Civil española golpeaba duro en estas tierras.

Batallones anarquistas, socialistas y nacionalistas vascos luchaban a brazo partido para impedir que la IV Brigada del general Emilio Mola, un sanguinario fascista, hincara otra estaca más en el corazón de la República. Desde el punto de vista estratégico, defender esta montaña era clave para impedir el avance de las tropas de Franco por el norte del país. Pero tras cuatro días de feroz lucha, la fortaleza se rindió sin condiciones.

Seis personas fueron fusiladas, mataron a golpes a otra y practicaron violaciones sistemáticas entre las mujeres de las pueblos próximos, “llegando al extremo de obligar a algunas de ellas a contemplar la ejecución de sus propios familiares antes de padecer su calvario”, indica a El Telégrafo uno de los forenses.

Las fosas quedaron ahí expuestas, como mausoleos austeros, apenas tres imperceptibles túmulos envueltos en el silencio espectral de la montaña. Como en Bosnia en 1993. Este hecho ha sido documentado por un grupo de científicos españoles que durante los últimos 20 años han tratado de evitar que estos episodios caigan en el olvido. Sin embargo ya no pueden continuar. “La suspensión de los fondos decretada por el Gobierno nos ha obligado a paralizar la búsqueda de más fosas”, comenta el forense.