Perú.-

En octubre de 2007 el ex presidente peruano Alan García publicó  un artículo titulado “El síndrome del perro del hortelano”. Éste se constituyó en tesis de su gobierno, el eje matriz de sus políticas de Estado. En el endilgaba al pueblo peruano el mal “del que no come ni deja comer”. La figura se dirigía a las resistencias populares  contra la depredación de los bienes comunes.

“Hay millones de hectáreas para madera que están ociosas, otros millones de hectáreas que las comunidades y asociaciones no han cultivado ni cultivarán, además cientos de depósitos minerales que no se pueden trabajar y millones de hectáreas de mar a los que no entran jamás la maricultura ni la producción. Los ríos que bajan a uno y otro lado de la cordillera son una fortuna que se va al mar sin producir energía eléctrica”, escribió García en el artículo recogido por diario El Comercio.

El modelo de desarrollo político-económico de la gestión aprista, al igual que el de su antecesor Toledo, consolidó la reforma neoliberal instaurada por el fujimorismo en los noventa. Estableció Tratados de Libre Comercio con Chile y Estados Unidos, concesionó suelo y mar peruanos, avanzó en la ingeniería necesaria para judicializar y criminalizar la protesta social. Pero, paradójicamente, es durante su gestión que emerge a la esfera pública un nuevo tipo de actor político vinculado a cuestiones socio-ambientales y en clara oposición al modelo de desarrollo imperante. Por fuera de  expresiones partidarias, movimientos de campesinos e indígenas resisten el embate del capitalismo extractivista sobre sus tierras y territorios.

La masacre de Bagua significó un hito en esa lucha. Los hechos. En junio del 2008 el Ejecutivo sancionó un centenar de decretos legislativos que buscaban compatibilizar  la legislación peruana a las exigencias del Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos. Once leyes del  paquete legislativo allanaban el terreno para la explotación forestal, petrolera, minera y energética de la Amazonía peruana.  Las protestas contra la iniciativa fueron encabezadas por  la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que nucleaba a 1.250 comunidades y más de 300 mil nativos.

Denunciaban el carácter excluyente del modelo de desarrollo propugnado por el gobierno y sus efectos devastadores sobre la madre tierra. El Ejecutivo decidió avanzar con su propuesta y reprimir cualquier intento de protesta social. El 5 de junio de 2009 fuerzas militares se enfrentaron a manifestantes. El saldo trágico oficial fue de 28 muertos. Las organizaciones indígenas, en cambio, estimaron en 100 el número de asesinados y 900 los desaparecidos. En junio de ese mismo año, García asediado por el descrédito político que le significó la masacre de Bagua, derogó los decretos más controversiales de la iniciativa original.

Entonces, la mayor parte del voto popular para Ollanta Humala en las elecciones de 2011 reclamaba la ruptura con la política institucional continuista de los últimos 25 años. Fue así que el candidato se hizo a imagen y semejanza de los procesos continentales antimperialistas y progresistas del siglo XXI. Participó del Foro Social de Sao Paulo, los partidos políticos de la izquierda latinoamericana lo acogieron y apoyaron en sus campañas diversas desde el 2005.

La derecha lo acusó enérgicamente de ser aliado de Hugo Chávez. Eligió  de portavoces de campaña a Mocha García Naranjo y Nicolás Lynch, con nutrido pasado de izquierdistas. El gran eslogan de su campaña se resumió en tres palabras: “La Gran Transformación”.

Empero, a pocos días de cumplirse el primer año de su mandato, el balance de su gestión cuenta con la purga silenciosa de las vertientes más progresistas del aparato estatal, el fortalecimiento de la estructura económica extranjerizante, el asesinato y judicialización de luchadores sociales. Una mirada sobre el proceso. El ascenso al poder político (y real) de Óscar Valdés resulta una metáfora certera del rumbo de la gestión ollantista. Breve biografía. De profesión militar, devino en político en los ’90. Su  exitosa incursión en el mundo de los negocios lo consagró presidente de la cámara empresarial del país. Gerente de Molinera Tacna, Minera De Col y Fide Tacna; fue convocado en julio de 2011 para ocupar el Ministerio del Interior.

En tiempos en los que el discurso oficial trocaba “La Gran Transformación” por “La Hoja de Ruta”, las tensiones dentro del Palacio de Gobierno determinaron el alejamiento de Salomón Lerner Ghitis como Presidente del Consejo de Ministros. Su figura, representativa del ala izquierda de Gana Perú, fue remplazada por Valdés. La confesa simpatía de este último hacia el fujimorismo no le resultó un escollo para su escalada ministerial. De ahí, el nuevo Premier se constituyó en el negociador oficial de los conflictos sociales emergentes. En pocos meses de gestión entre sus números figuran: 8 muertos y centenares de heridos en problemáticas ambientales (como Cajamarca y Espinar).

Conflicto Conga segunda fase

La segunda etapa del conflicto fortalece la articulación entre el CULC, SUTEP y un amplio arco de activistas y referentes políticos de Perú y el mundo entero. Su principal reclamo exige al Gobierno Nacional la declaración de inviabilidad del proyecto Conga. La Marcha de Los Caxamarcas, realizada entre el 21 y 30 de mayo, viajó por todo el  departamento de Cajamarca aunando fuerzas para el paro regional indefinido que se inició el 31. Un escenario complejo atravesó el primer día de huelga.

La represión estatal en El Espinar, comunidad cusqueña levantada contra la mina Xstrata Tintaya, arrojó un saldo de 4 muertos y más de 70 heridos. El gobierno dictaminó el Estado de emergencia en el departamento, encarceló a manifestantes y acusó de instigadores a referentes cajamarquinos. Horas más tarde, el alcalde de El Espinar, Óscar Mollohuanca, sería encarcelado bajo los cargos de apología al delito.

El mismo día, el aeropuerto de Lima interrumpió sus actividades ante un posible atentado terrorista: tres bombas molotov en un equipaje anónimo. Una sombra de inverosimilitud cubrió el hecho. Asimismo, Valdés advirtió que se defendería al Estado de Derecho con las medidas necesarias.

Cajamarca es el epicentro

Plazas, parroquias, organizaciones sociales y hogares constituyen pieza fundamental de la logística  para albergar a los miles de manifestantes que desembarcan en la ciudad. Las rondas campesinas y delegaciones del SUTEP de todo el departamento,  implementan desde el inicio del paro una efectiva dinámica de rotación. En ese sentido, movilizaciones y acciones directas no sólo se concentran en la capital regional, sino que se extienden a localidades como Chota, Bambamarca, Cutervo y Celendín. Incluso en las mismas lagunas Conga centenares de campesinos realizan día y noche un auténtico abrazo a las fuentes de agua. Mientras  militares los custodian desde las instalaciones que Yanacocha S.A. dispone en la zona.

Durante las semanas de huelga se instituyeron en la ciudad puntos clave para los manifestantes. En Plaza Bolognesi se instaló una de las ollas populares que funcionan de manera permanente. El lugar resultó tristemente célebre cuando efectivos policiales lanzaron gases lacrimógenos y golpes sobre las cocineras, sustrayendo ollas y provisiones.

Otro es Aylambo, que constituye uno de los  accesos a la ciudad. Allí se estableció un piquete sostenido por  campesinos y maestros. En tres semanas, los enfrentamientos entre la  Policía Nacional Peruana (PNP) y los manifestantes dejaron centenares de civiles heridos. Por último, la Iglesia San Francisco ubicada enfrente de la Plaza de Armas, se erige como campamento viviente de manifestantes. A contramano de las disposiciones de la jerarquía eclesial, la orden franciscana cajamarquina acompaña la lucha desde el minuto cero.

Las fuerzas de seguridad

La imagen de efectivos pateando la olla popular en plaza Bolognesi recorrió el mundo. El mismo día agredieron a dos periodistas que cubrían el hecho. También a Edy Benavides, referente del Frente de Defensa de Bambamarca, a quien persiguieron con saña e intentaron detener. La solidaridad lo mantuvo a salvo. En días sucesivos cocinas comunitarias de Chota y Bambamarca corrieron la misma suerte que su par de Bolognesi.

La violación de la autonomía universitaria por parte de la PNP se ha incorporado al escenario cotidiano. En tres ocasiones efectivos ingresaron a la Universidad Nacional de Cajamarca, lanzaron gases lacrimógenos y perdigones contra los estudiantes. El 4 de junio universitarios fueron golpeados y detenidos. Afirmaron que en plena agresión, policías los obligaron a agarrar banderas rojas para luego ser fotografiados.

El 7 de junio sitiaron la universidad  e impidieron que 400 jóvenes expresen su apoyo a la consigna “Conga no va”. Sin Embargo, al calor de las agresiones, la presencia estudiantil en las calles va en alza y con ella la unidad entre diversos sectores sociales. Persecución a la dirigencia del SUTEP, ingreso sin orden judicial a domicilios del distrito Cruz Blanca, golpiza al periodista bambamarquino Wilson Ernesto Vázquez Vásquez; completan el cuadro de situación.

Tanto las fuerzas policiales como militares tienen un régimen continuo de relevo. Se intenta evitar cualquier síntoma de empatía con el pueblo cajamarquino. Una de las preocupaciones del Ejecutivo es la obstrucción de carreteras por parte de los manifestantes, lo que es considerado un delito. Desde el 31 de mayo las fuerzas de seguridad bloquean las rutas que comunican Lagunas Conga con el resto del departamento. En la zona se asientan alrededor de 210 caseríos.