Un alto directivo de la multinacional Odebrecht, involucrada en un escándalo mundial de sobornos, dijo este jueves 24 de mayo que vetar en licitaciones públicas a empresas que han colaborado en procesos judiciales es "incoherente" y torpedea la lucha contra la corrupción porque desincentiva la delación premiada.

"Hay que animar a las empresas a colaborar. Cuando las consecuencias son tan severas, no solo se afecta a la empresa en cuestión, sino también a muchos trabajadores porque el negocio se para", afirmó en declaraciones a Efe en Panamá el vicepresidente y director de Cumplimiento de Odebrecht, Michael Munro.

El ejecutivo indicó que hay que dar una "segunda oportunidad" a las empresas que han cometido actos de corrupción, y aseguró que en la actualidad "las compañías más punteras del mundo en programas de cumplimiento son las que alguna vez han tenido problemas".

"La historia ha demostrado que las compañías que han colaborado, automáticamente se han convertido en líderes en cumplimiento", insistió Munro, que se incorporó a Odebrecht en 2016 para implementar un plan de políticas internas destinadas a evitar que la firma vuelva a incurrir en prácticas delictivas.

Tras la revelación de que Odebrecht pagó millonarios sobornos en una docena de países, varios se plantearon prohibir que la firma volviese a participar en licitaciones públicas.

El parlamento panameño, por ejemplo, aprobó el pasado marzo, tras una larga discusión, la denominada Ley 514 que, entre otras cosas, prohíbe al Estado contratar a empresas que han sido condenadas por corrupción en Panamá o en el extranjero, independientemente de que colaboren con la justicia, como es el caso de Odebrecht.

La Fiscalía del país centroamericano y distintas organizaciones civiles, entre ellas la ONG alemana Transparencia Internacional, pidieron al Ejecutivo que vetase los artículos relacionados con las contrataciones públicas porque, en su opinión, "debilitaban" la lucha anticorrupción.

El presidente panameño, Juan Carlos Varela, vetó parcialmente la polémica ley, a la que calificó de "inconveniente e inexequible" y la devolvió al Parlamento, que ahora debe decidir si acepta el veto.

El directivo de Odebrecht dijo que es "entendible" que los diputados quieran "mandar el mensaje a la sociedad de que los actos corruptos tienen consecuencias significativas", pero señaló que no comparte el alcance de la ley.

"Entendemos las razones que hay detrás de esta ley, pero ese tipo de leyes no son coherentes (...) Queremos hacer las cosas bien y creemos que lo correcto es pagar multas significativas pero seguir teniendo oportunidades. Queremos demostrar que las compañías pueden ser exitosas sin corrupción. Formamos parte de los malos, pero ahora queremos ser de los buenos", admitió.

La Justicia panameña validó en diciembre pasado el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y Odebrecht, que incluye el pago de una multa de 220 millones de dólares y el archivo del caso en Panamá contra la empresa y sus antiguos directivos en el país por haber colaborado en las investigaciones.

Durante la audiencia de validación del acuerdo, el Ministerio Público reveló que André Rabello, que dirigió durante varios años las operaciones de Odebrecht en Panamá, confesó haber pagado más de 80 millones de dólares a funcionarios y particulares panameños,entre ellos dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli.

"Lo positivo de los últimos años desde Lava Jato es que los procesos de contratación, en especial las licitaciones públicas, se están volviendo cada vez mas transparentes", concluyó el ejecutivo.

Odebrechet, que llegó a Panamá en 2006 y tiene cerca de 10.000 trabajadores en el país, es la principal contratista del Estado panameño y actualmente ejecuta obras que superan los 3.000 millones de dólares. (I)