Falta menos de un mes para que el presidente Nicolás Maduro Moros asuma el segundo mandato y los ojos de los líderes de la comunidad internacional ya están puestos en Venezuela: unos para sancionarlo y otros para apoyarlo.

El sucesor del fallecido líder Hugo Chávez Frías fue reelegido el pasado 21 de mayo en una jornada electoral que se caracterizó por una alta abstención (54% de 20’527.571 electores convocados) y denuncias de fraude.

Según el Consejo Nacional Electoral, 6’190.612 venezolanos (67,7% de los votos válidos) decidieron que Maduro continúe al mando del país hasta 2025. Pero sus opositores desconocieron su reelección, así como los gobiernos de Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y el Grupo de Lima, una coalición de 14 países que incluyen Brasil, Argentina, Colombia, Perú y Chile.

Parte de los argumentos que esgrimen los detractores de Maduro es que la producción de crudo de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) pasó de 3 millones de barriles diarios durante el gobierno de Chávez a más de un millón en este mandato.

Según datos del Parlamento, de mayoría opositora, la economía venezolana se contrajo el 53% desde 2013, fecha en la que falleció Chávez, y Maduro continuó con el proyecto “revolucionario” de su antecesor.

Según economistas, el país enfrenta actualmente la más “dañina” crisis de su historia tras más de un año de padecer los embates de una hiperinflación  diaria que supera el 3% -y que el FMI proyecta que 2018 cerrará en 1’000.000%- hay severa escasez de alimentos y medicinas, fallos en los servicios públicos, instituciones y sectores productivos estancados.

El director de la firma Ecoanalítica, Alejandro Grisanti, estimó que si esta situación de hiperinflación se prolonga por otros seis meses, el 30% de las compañías que hoy se encuentran operativas dejarán de estarlo. “Eso por supuesto se traduce en una destrucción de salario, en destrucción de empleos formales y en una mayor caída de los salarios venezolanos”, añadió.

La Comisión de Finanzas del Parlamento calcula que el resultado del “paquete” de medidas de Maduro es una multiplicación de precios “por 10” cada mes, aunque desde el 15 de noviembre y por las festividades navideñas este aumento se disparó.

“El año que viene la inflación será de millones. Las familias venezolanas están desesperadas”, indica Ángel Alvarado, miembro de la comisión parlamentaria.

Según las últimas estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas, 3 millones de venezolanos abandonaron el país en los últimos cuatro años por la crisis.

El salario mínimo es de 1.800 bolívares ($ 27 al cambio oficial), “solo  alcanza para el pasaje” en el transporte público, dice Alvarado.

Sin embargo, Maduro asegura que en su administración se lograron “conquistas sociales” y también defiende su política económica caracterizada por constantes aumentos salariales, controles de precios y un control de cambio que inició en 2003 y al que los opositores atribuyen parte de la crisis económica que atraviesa el país. 

Pero ante la proximidad del 10 de enero, fecha en la que Maduro asumirá el nuevo mandato, unos gobiernos preparan acciones conjuntas.

La alta representante de la  UE, Federica Mogherini, coordina con los cancilleres europeos una línea común de actuación respecto a la toma de posesión de Maduro, que consideran “ilegítima”.

Mogherini reiteró que la UE no cambiará su política de presión ni las sanciones a los responsables de la violación a derechos humanos en Venezuela, adoptadas -entre otras causas- por la muerte de 124 personas en las protestas antigubernamentales de 2017. 

En la misma línea se pronunció recientemente el gobierno estadounidense de Donald Trump,  que impuso sanciones contra altos funcionarios venezolanos.

El canciller peruano, Néstor Popolizio, quien lidera el Grupo de Lima, propondrá a los países de la región romper relaciones diplomáticas con el régimen de Maduro.

Con esta perspectiva el Grupo reunirá el  19 de diciembre en Bogotá a sus coordinadores para consensuar una posición conjunta.

Hasta ahora el mandatario venezolano es respaldado por su homólogo mexicano, Andrés López, quien rompió filas con el Grupo de Lima al invitarlo a su toma de posesión el pasado 1 de diciembre. Y con el gobierno ruso de Vladimir Putin, que el lunes envió a Venezuela dos bombarderos Tu-160 para unos ejercicios militares, lo que enfureció a Estados Unidos.

El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, dijo que se trata de “dos gobiernos corruptos despilfarrando dinero público”. (I)