Julio César Bartolomé tiene 70 años; está consciente que pertenece al grupo poblacional más vulnerable ante el coronavirus, pero la necesidad de ganarse la vida le obliga a salir de su casa todas las mañanas para vender sus productos frente a uno los edificios del Instituto de Seguridad Social de Nicaragua.

Bartolomé recibe lo que se conoce como pensión reducida de vejez, establecida para las personas adultas mayores de 60 años que no lograron completar las cotizaciones en el seguro social. Sin embargo, lo que recibe es tan poco, que si se queda en casa no lograría sobrevivir.

“No, apenas son 2.100 (córdobas, equivalentes a poco más de $ 30) lo que me dan, ¡qué me va a alcanzar! Yo estoy ganándome la vida aquí a expensas del Señor, tengo que salir a trabajar”, comentó mientras descansa junto a una carretilla donde oferta gaseosas y otras bebidas a los transeúntes.

En su lugar de trabajo no toma ninguna medida. No utiliza mascarilla para proteger su boca, ni tampoco ningún producto para lavarse las manos. Su única defensa ante la enfermedad es no hablar de frente con los compradores, muchos de ellos, también personas mayores que llegan al seguro social a cobrar su pensión mensual.

Su situación es igual a la de muchas otras personas de la tercera edad, que pese a las recomendaciones de especialistas médicos, no pueden quedarse en casa.

En otra zona de Managua, José Antonio Sánchez, de 66 años, arrastra un carretón lleno de cocos que oferta por las calles de la ciudad. Sánchez jamás cotizó en el seguro social y tampoco gozó de un empleo formal y por más de 30 años se ha ganado la vida de la misma manera: el comercio informal.

Al hablar de la pandemia, asegura tener miedo de perder la vida, pero pesa más la necesidad de aportar a su hogar. “No tenemos ninguna institución que nos financie una ayuda; el único Gobierno que tenemos es nuestro trabajo; aquí andamos encima de la muerte, porque tantos casos que estamos viendo y el Gobierno no pone una cuarentena, ni tampoco nos da una ayuda”, manifestó.

Consultado sobre el tema, Rigoberto Muñoz, de la Asociación de Jubilados y Pensionados de Nicaragua dijo que hasta la fecha no se ha registrado ningún fallecimiento por coronavirus entre los más de 100.000 adultos mayores que reciben pensiones, aunque se debe destacar que gran parte de la población de ancianos no está inscrita al seguro social.

Los adultos mayores que no son atendidos por las clínicas adscritas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, deben buscar los centros de salud y hospitales públicos.

El gobierno del presidente Daniel Ortega no anuncia hasta hoy ningún plan de contingencia que contemple una cuarentena a la población, pese a que cada día crecen los casos de covid-19. Hasta ahora suman 1.270 infectados y 233 muertes. (I)

ONG acusa al Gobierno de “genocidio viral”
La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) denunció que el Gobierno de Nicaragua está cometiendo un “genocidio viral” con la falta de medidas ante la pandemia del covid-19, una situación ante la que la organización pidió la intervención de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El secretario ejecutivo de la ANPDH, Álvaro Leiva, quien vive asilado en Costa Rica, dijo que el Gobierno del mandatario Daniel Ortega y su pareja Rosario Murillo, “actúan de manera irresponsable y negligente” al no tomar medidas preventivas ante la pandemia.

“En Nicaragua lo que se ha dado al día de hoy es un genocidio viral. Lo enmarcamos dentro del dolo y la mala intención del régimen Ortega-Murillo en donde todos los actos apuntan al desarrollo del contagio masivo de la población indefensa”, afirmó Leiva.

El activista dijo que la ANPDH ya presentó una denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y además solicitó la intervención de la Organización Mundial de la Salud (OMS) o de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El Observatorio Ciudadano, que localiza de forma independiente casos de covid-19, registra 233 muertos y 1.270 contagios.

El Gobierno nicaragüense reconoce solo 25 contagios y ocho fallecidos, desde que la pandemia ingresó oficialmente al país, a mediados de marzo pasado.

El Congreso costarricense envió la semana pasada una carta a la OPS para que efectúe una evaluación de la situación de la pandemia en Nicaragua. (I)