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Nicaragua cerrará año inmersa en crisis social

Los manifestantes gritaban consignas contra el gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, durante una marcha en Managua.
Los manifestantes gritaban consignas contra el gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, durante una marcha en Managua.
Foto: Archivo / EL TELÉGRAFO
21 de diciembre de 2018 - 00:00 - Redacción y Agencia EFE

Nicaragua finalizará este año inmersa en su peor crisis social, política y económica desde que el sandinista Daniel Ortega retornó al poder en enero de 2007, como consecuencia de protestas callejeras que dejan un saldo de  545 muertos, según organismos de derechos humanos.

La crisis, que estalló el 18 de abril por unas impopulares reformas al seguro social, ya derogadas, marcó el acontecer de 2018 en Nicaragua, en medio de exigencias de renuncia del mandatario tras casi 12 años en el poder de forma consecutiva y 23 incluido cuando encabezó el primer régimen sandinista (1979-1990).

La mala hora para Ortega ocurre cuando gobierna con su esposa, la influyente vicepresidenta Rosario Murillo, a quien acusan de ordenar responder “con todo” a las manifestaciones antigubernamentales.

La fallida reforma al seguro social, sumada a la reacción del Gobierno, fue el detonante que llevó a la población a rebelarse contra la administración y desatar la ira hasta ese momento contenida de los ciudadanos.

La masiva y decidida reacción popular obligó a Ortega a derogar el decreto, solo cuatro días después y con el peso de 30 muertos en las protestas.

Los jóvenes, la mayoría universitarios, salieron a las calles a protestar con más fuerza, exigieron justicia y la renuncia del mandatario, mientras que el Gobierno,  que convocaba a un diálogo nacional para superar la crisis, respondía con represión contra quienes lo desafiaban.

Condena y expulsión de la CIDH
El Gobierno de Costa Rica deploró ayer la decisión de Nicaragua de expulsar del país a dos entidades de la  Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que investiga la violencia registrada durante  las protestas contra Ortega.

Por su parte, el gobierno de Ortega justificó su decisión en la falta de imparcialidad y sesgo de las misiones de la CIDH, que criticó la falta de transparencia, independencia y autonomía del Ministerio Público del país.

El gobierno de Ortega termina 2018 en medio de un aislamiento internacional y confrontado con el sector privado, la Iglesia Católica, organizaciones civiles, estudiantes, campesinos y medios de comunicación, que realizaron la cuarta huelga ciudadana de 24 horas. (I)   

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