Con profundas recriminaciones entre el Gobierno y el grupo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se cerró el decimoquinto ciclo de conversaciones que busca un acuerdo final para iniciar un proceso de paz en Colombia.

Tras 11 meses de diálogos en la mesa establecida en La Habana, en noviembre de 2012, los avances en los cinco puntos acordados previamente entre las partes son mínimos y el proceso está a punto de romperse como lo explican a EL TELÉGRAFO varias fuentes políticas colombianas.

El analista y politólogo Bernardo Ramírez dijo a este diario que “este es el peor momento para la mesa de La Habana, y creo que las dos partes están fuertemente presionadas, de un lado el Gobierno tiene a los partidos políticos que hoy solo están pensando en las elecciones al Congreso del próximo año y es poco el apoyo que le dan ahora al Ejecutivo y por otro lado, las FARC quieren aprovechar la tribuna para restablecer su imagen en el contexto internacional y fortalecerse internamente. Pero, por otro lado, siguen haciendo terrorismo con atentados contra la población civil en todo el país y eso harta a la gente que inicialmente creyó en llegar a un acuerdo de paz”.

A su vez, la presidenta de la organización de campesinos afectados por el despojo de tierras, Victoria Ruiz, dijo que “no vemos ningún acuerdo importante y tanto las FARC como el Gobierno están jugando con dilatar los debates. Cada uno tiene intereses propios y parece que lo que menos les interesa  es la situación de miles de campesinos que estamos a la deriva y pendientes de que se logre un acuerdo de paz. Nosotros somos los que hemos puesto  las tierras y las víctimas y por eso no quisiéramos que fracasara la mesa de paz. Se debe hacer todo el esfuerzo y las partes deben de dejar sus intereses particulares y pensar más en el pueblo”.

Sin embargo, para varios sectores políticos y organismos de paz, albergan la esperanza de que ante la premura de las elecciones parlamentarias y presidenciales que se realizarán en marzo y mayo del otro año, respectivamente, un mal menor sería suspender la mesa de conversaciones durante seis meses,   incluso como lo propusieron  las FARC.

Para Cambio Radical existe un propósito claro de la guerrilla (FARC) de dilatar el acuerdo de pazAl ser consultado por la gravedad actual del proceso, la exsenadora Piedad Córdoba se mostró hoy partidaria de que el Gobierno y la guerrilla de las FARC  aplacen los diálogos de paz hasta que pasen las elecciones legislativas del próximo 9 de marzo. “Yo estoy totalmente de acuerdo en que se aplacen los diálogos hasta pasadas las elecciones, que la mesa vuelva a comenzar después del 9 de marzo del año entrante”.

La exsenadora  consideró que el proceso electoral en el que está inmersa Colombia “se va a dirimir entre la guerra y la paz”. También propuso que en este período en el que se tendrían que suspender los diálogos “haya un cese bilateral al fuego”.

Por su parte, la presidenta del partido de oposición, Polo Democrático, Clara López, dijo a este diario que si bien el proceso de paz con las FARC atraviesa momentos de mucha tensión, las partes deben ahondar sus esfuerzos para no romper los diálogos.

“Nuestro tercer congreso dio un decidido respaldo a los diálogos de paz que se adelantan con las FARC en Cuba. Este proceso parece estar encontrando dificultades pero precisamente hemos venido insistiendo que ni el Gobierno ni la guerrilla pueden levantarse de esa mesa sin llegar a concretar el acuerdo que ponga fin al conflicto armado”, expresó la líder de izquierda.

La colectividad también insistió en la necesidad y utilidad de que los negociadores de paz en La Habana acepten la mediación de un tercer país o de personas como los expresidentes Luis Ignacio Lula de Brasil y Jimmy Carter de Estados Unidos.

Asimismo, el presidente de la Cámara de Representantes, Hernán Penagos, sostuvo que “se puede avanzar en las negociaciones del proceso de paz pero debe haber una mayor confidencialidad entre las partes, en especial de la guerrilla de las FARC”.

El congresista enfatizó que uno de los factores más importantes en una negociación es la reserva de los asuntos de mayor incidencia, cuando se trata de un proceso de paz, y cuando lo acordado se debe cumplir para el cometido final que es la terminación del conflicto armado.

Por su parte, el jefe único del grupo político Cambio Radical, Carlos Fernando Galán, sostuvo a EL TELÉGRAFO que “la retórica de las FARC en los medios de comunicación evidencia que existe un propósito claro de esa guerrilla de dilatar el proceso de paz y no avanzar en la firma de un acuerdo con el Gobierno”.

“Eso no ayuda en nada al proceso de paz ni al respaldo que ha tenido entre los colombianos. Por eso nos parece fundamental que si las FARC quieren demostrar voluntad de paz, se limiten a discutir la agenda y lo hagan rápidamente para que veamos resultados en ese proceso”, indicó Galán.

También reiteró que la inconveniencia de sumarle al proceso el pretendido viaje de los partidos políticos a dialogar con las FARC en Cuba, y manifestó que “esto se podría agravar una vez más si se abren discusiones aledañas con parlamentarios. Por eso no nos parece conveniente ese viaje y Cambio Radical no va a asistir a reuniones con las FARC en La Habana”.

El presidente de Cambio Radical aseguró que con las condiciones que han planteado el mandatario Juan Manuel Santos y la agenda que se definió, la firma de la paz es viable si existieran intenciones reales de las FARC.

EL ÚNICO PUNTO ACORDADO

Con el título “hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral” quedó establecido el primer y único punto acordado por el Gobierno y las FARC.

De acuerdo a las dos partes, el acuerdo en lo agrario “está centrado en la gente, el pequeño productor, el acceso y distribución de tierras, la lucha contra la pobreza, el estímulo de la producción agropecuaria y la reactivación de la economía del campo”.

En este punto  se dio un paso importante al plasmar la necesidad de reconocer a las víctimas del despojo y del desplazamiento forzado, quienes, según el documento firmado, podrán gozar efectivamente de la restitución de sus tierras. “Se crean mecanismos para solucionar conflictos de uso y una jurisdicción agraria para la protección de los derechos de propiedad con prevalencia del bien común”, dice el comunicado.

A esto se le debe sumar que las dos partes coincidieron en que se debe respetar el derecho que tienen sobre la propiedad privada quienes se han hecho legalmente con los terrenos en el campo.

Otro paso importante es la conformación del Fondo de Tierras para la Paz, que será la base para garantizar a los campesinos el “acceso” a territorios rurales. “El acuerdo delimita la frontera agrícola, protegiendo las áreas de especial interés ambiental”, dijeron las partes.

También insistieron en la “actualización de la información rural” para garantizar la “seguridad jurídica” de quienes se beneficien del proceso.