El presidente uruguayo, José Mujica, está decidido a investigar 88 casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985) y pidió a un grupo de abogados que analice cual es la mejor forma de hacerlo, informa hoy la prensa local.

"Estoy estudiando cómo hacerlo pero lo voy a hacer (investigar los casos)", dijo Mujica en declaraciones que publica hoy el semanario Búsqueda.

Y agregó, "la duda es si lo hago (abrir las investigaciones) caso por caso o todo junto".

El presidente dijo que se dio "una semana" para hacer "consultas jurídicas" y que terminará de definir el tema en el Consejo de Ministros.

Mujica agregó que incluso tiene redactado un "borrador" de proyecto: "que estamos estudiando", pero no dio detalles de su contenido.

Esos 88 casos fueron considerados dentro de la Ley de Caducidad por los anteriores Gobiernos democráticos tras la recuperación de la democracia y por eso archivados.

La Ley de Caducidad, aprobada tras la recuperación de la democracia, en 1986, y refrendada posteriormente en dos plebiscitos, 1989 y 2009, otorga al Poder Ejecutivo la potestad de decidir que casos son pasados a la Justicia y cuales considerados amparados por dicha ley.

Mujica consideró además "muy sensato" el camino sugerido por el expresidente Tabaré Vázquez (2005-2010), al igual que él de la coalición de izquierda Frente Amplio (FA), de "derogar" la Ley de Caducidad.

Vázquez fue el primer presidente democrático que dio "luz verde" a investigaciones judiciales por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, lo que permitió juzgar y encarcelar a varios "pesos pesados" del Gobierno de facto entre ellos el exdictador Gregorio "Goyo" Álvarez.

El Frente Amplio sufrió un fracaso la pasada semana en el Parlamento cuando uno de sus diputados, Víctor Semproni del Espacio 609, que lideró Mujica hasta ser elegido presidente, se opuso a votar un proyecto de ley interpretativo de la Ley de Caducidad que en los hechos suponía abrir la puerta a decenas de juicios o la reapertura de denuncias contra militares y policías que violaron los derechos humanos durante la dictadura.

El FA tiene mayoría en la Cámara de Diputados (50 en 99), pero la negativa de Semproni a votar el proyecto, que generó una crisis interna por la oposición de varios legisladores a la iniciativa, impidió su aprobación.

La coalición de izquierda designó el lunes una comisión especial que analice posibles variantes para poder juzgar a los represores.



Mujica dijo también que está "preocupado" por la interpretación del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado uruguayo en el denominado "caso Gelman".

El pasado marzo la Corte dio la razón a los familiares de la argentina María Claudia García de Gelman, detenida-desaparecida en Montevideo en 1976 tras dar a luz, y ordenó una reparación para su hija María Claudia y su suegro el poeta argentino Juan Gelman.

Además, afirmó que la Ley de Caducidad no puede ser un impedimento para avanzar en la investigación y tratar de aclarar el caso.